Tras la discutida concesión de los indultos a los líderes del procés, el Gobierno central ha planteado un proceso de diálogo con el independentismo para intentar resolver el conflicto catalán. Conforme avanzan los días, se van conociendo algunos de sus contenidos: el Gobierno rechaza el referéndum de autodeterminación y la amnistía, pero ofrece un sistema de financiación favorable para Cataluña, más competencias y mecanismos de participación de las CCAA en las políticas e instituciones del Estado. Si bien los socialistas rechazan, por ahora, el referéndum de autodeterminación, sí aceptarían que el acuerdo final de la Mesa de Diálogo, o la reforma estatutaria consiguiente, se someta a una consulta. Sin embargo, la introducción del tercer elemento (el de la participación autonómica en las cuestiones estatales) alude más a un referéndum consultivo entre todos los ciudadanos (por el artículo 92 de la Constitución), mientras que un referéndum estatutario se centraría en Cataluña. Asimismo, algunas declaraciones dejan entrever que se podría aprovechar un posible acuerdo con Cataluña para modificar la planta política del Estado hacia algún modelo federal. Ello exigiría una reforma constitucional y, en consecuencia, el apoyo del PP, hoy improbable. Todo esto está por ver.
El proceso de diálogo tiene dos retos iniciales: uno, que sea satisfactorio para la parte catalana, lo que no es fácil. Dos, que lo sea para el resto de España, que estará -sobre todo el PP, Cs y Vox, pero también sectores del PSOE– muy vigilante ante cualquier concesión a Cataluña que entiendan perjudicial para sus intereses.
Cumbre Junqueras-Puigdemont en Waterloo.
Desde el punto de vista económico, el proceso estará marcado por la necesaria reforma del sistema de financiación y el reparto de los fondos europeos. Esta es una baza importante del Gobierno para condicionar la posición de los independentistas, que necesitan recursos para una Generalitat con dificultades presupuestarias y una deuda pública desbocada.
El proceso es un desafío para los dos actores principales, el PSOE y ERC. Los socialistas parten con la ventaja de que cualquier avance será apoyado por sus socios en Madrid: Unidas Podemos y nacionalistas. Pero tendrá enfrente una oposición que, en sentido contrario, puede subir en las encuestas conforme el proceso avance, tal como ya está sucediendo. Así, el PSOE se puede encontrar con la paradoja de que la resolución del conflicto le cueste perder el Gobierno. Cualquier acuerdo que suponga concesiones a Cataluña, sobre todo en materia de financiación, será visto como un ataque a los intereses de los demás territorios, algunos de ellos gobernados por dirigentes socialistas. La gestión de la postpandemia y la recuperación económica le pueden ser favorables, pero las encuestas actuales reflejan una caída de apoyo debida, sobre todo, a los propios indultos, tan bien vistos en Cataluña como mal en el resto de España. Se reitera la impresión de que, en general, las opiniones públicas de Cataluña y el resto de España actúan como vasos comunicantes en sentido contrario. El contexto para el PSOE, pues, es complejo.
“El PSOE se puede encontrar con la paradoja de que la resolución del conflicto le cueste perder el Gobierno”
Más lo es para ERC, porque ni siquiera sus socios, Junts y las CUP, están por la labor de aceptar todo lo que no sea el referéndum. En caso contrario, amenazan con intentar nuevamente la independencia por la vía de los hechos. Desde hace algún tiempo, hay un debate interno en ERC en el que determinados sectores abogan por centrarse en conseguir un referéndum pactado con el Estado y olvidarse de la estrategia unilateral. Entienden que la vía referendista puede tener más apoyo social y político, incluyendo a los Comuns y, con el tiempo, quizá también al PSC. Esta vía negociadora pasaría por conseguir que el Estado ceda la competencia para la convocatoria y celebración del referéndum por parte de la Generalitat (aplicando el artículo 150.2 de la Constitución), o bien pacte un referéndum consultivo de acuerdo con el artículo 92. Esta segunda vía es más realista, pero, tal como indica el artículo 6 de la Ley Orgánica de Referéndum, exige el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso, lo que no es fácil. Teniendo claro el veto del bloque del centro y la derecha (PP, Vox y Cs), y contando con el apoyo del bloque de la moción de censura (Podemos y nacionalistas), todo quedaría en manos de un PSOE que, hoy por hoy, dice rechazarlo. Cuando en el debate parlamentario del 30 de junio Pedro Sánchez dijo que el PSOE no aceptaría “nunca jamás” dicho referéndum, muchos, incluyendo su socio Gabriel Rufián, le apuntaron su facilidad para cambiar de opinión. Seguro que algunos recordarían el famoso “nunca jamás, al menos por ahora” de Romanones.
“Sectores de ERC abogan por centrarse en conseguir un referéndum pactado con el Estado y olvidarse de la estrategia unilateral”
Sea como fuere, si se convoca una Mesa de Diálogo en la que una parte rechaza el referéndum y la otra lo exige, entonces alguien está engañando a alguien, como diría Gila. Si ERC se sienta a dialogar con el PSOE pensando en un referéndum que éste no acepta, habría que preguntarse para qué se sientan: o bien están persuadidos de poder convencer a los socialistas de su celebración, o bien ellos mismos están convencidos de que tarde o temprano tendrán que renunciar a él.
Ada Colau junto a sus compañeras de En Comú Podem Laura Pérez y Jessica Albiach
En este caso, ERC lo tendría más complicado, porque los sectores políticos y sociales que seguirán exigiéndolo están representados por sus socios de gobierno, y por lo tanto la presión es mayor. Puede que ERC esté más abierta a la negociación con el Estado e incluso a aceptar una vía intermedia que dé más autogobierno a Cataluña, en lo que coincidiría con los comuns y el PSC, pero es probable que Junts y las CUP se enfrenten a ese pacto. El resultado podría ser la ruptura del Govern y la formación de un nuevo tripartito, o bien el adelanto electoral, con lo que el proceso de diálogo se vería interrumpido. ERC puede verse tentada a preferir, como sus socios, un gobierno PP-Vox en Madrid para intentar legitimar su separatismo, de acuerdo con la teoría de la remedial secession de Buchanan (un gobierno central sistemáticamente discriminatorio para justificar la separación). En ese caso, los alicientes para proseguir el diálogo con el Gobierno serían menores.
“Hay una Cataluña tercerista que añora la presencia de un partido nacionalista y negociador al frente de Cataluña”
ERC se enfrentará, pues, a una encrucijada: o seguir siendo un partido independentista, o volver a ser un partido nacionalista y llegar a un acuerdo intermedio con el Estado. El Gobierno y el PSOE creen que amplios sectores transversales de Cataluña verían bien ese acuerdo intermedio, dividiendo al independentismo y reduciendo sus apoyos al considerar que una parte de éstos constituyen lo que se da en llamar el “independentismo coyuntural”, compuesto por aquellas personas que reclaman la secesión no por convencimiento ideológico sino por lo que consideran un maltrato del Estado hacia Cataluña. Esa Cataluña tercerista añora la presencia de un partido nacionalista y negociador al frente de Cataluña. Pero desaparecida CiU, los intentos de reunificar el espacio que ocupaba han resultado baldíos. Ni el PdeCat, ni Lliures, ni la Lliga Democràtica, ni Convergents, ni Units per Avançar (herederos de UDC), han conseguido unificar sus proyectos. El PdeCat, que se presentó a las últimas elecciones autonómicas, ni siquiera obtuvo representación parlamentaria. Este espacio, pues, está vacío y no parece generar un apoyo electoral a corto plazo. En su defecto, puede que el sector tercerista reclame a ERC que ocupe el papel que antaño representaba CiU.
El proceso de diálogo entre la izquierda española y el separatismo catalán se enfrenta, pues, a una situación compleja. Ninguno de los dos actores principales, PSOE y ERC, van a apresurarse porque ambos han de analizar bien las circunstancias y madurar sus estrategias y sus posibles consecuencias. Pero las encuestas dicen lo que dicen y el horizonte de dos años podría acortarse. To be continued.