¿Casualidades institucionales o violencia estructural? Experiencias de la frontera sur

La organización SOdePAZ Euskadi visitó Motril, Almería y Melilla para conocer de primera la situación de las personas migrantes en el sur del Estado

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Yulia Serkezyuk
Yulia Serkezyuk
Inmigrante, feminista y de clase trabajadora. Investigadora en formación, aunque acostumbra a trabajar con fregona y trapo.

Desde hace unos años, desde los diversos feminismos, se ha ido poniendo en el centro la necesidad de reconocer la interdependencia que tenemos las personas por el simple hecho de encarnar nuestra existencia material dentro de un cuerpo. Necesitamos de otras personas en edades más tempranas para sobrevivir, o del medio para respirar, alimentarnos, o simplemente relacionarnos. No obstante, en la actualidad se nos vende algo completamente diferente: la independencia, autonomía, e individualidad. Lo que Almudena Hernando ha llamado la fantasía de la individualidad desarrollada por la modernidad, es decir, el poder hegemónico económico y político oculta esa parte relacional, esta inter o dependencia pues por sí mismas, si nos separamos de todo, de nuestro barrio, de nuestra gente, del aire, de la tierra, no podríamos vivir. Es necesario que tengamos en cuenta esto a lo largo de todo el viaje que vamos a iniciar a continuación.

El 21 de junio de 2021 comenzábamos nuestro viaje 21 personas para acercarnos a la realidad de los procesos migratorios en el sur del Estado. La idea era visibilizar y conectar las reivindicaciones y luchas que se están llevando en esos territorios con nuestro contexto, nuestro territorio y también con nuestras propias reivindicaciones y luchas. La mayoría de las personas éramos antiguas o actuales alumnxs de la UPV/EHU y viajábamos con la organización SOdePAZ Euskadi. A lo largo de todo el viaje nos fuimos encontrando con algunos elementos que se iban repitiendo: la deficiente acción de las instituciones del Estado que fácilmente se podría transformar en vulneración de derechos de las personas migrantes.

Expedición de SOdePAZ Euskadi FOTO: Andrea Landaluce Florido

La primera parada la hicimos en Motril. Nos reunimos con activistas que defienden una acogida digna de las personas migrantes. En Motril hay un CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros) en el que las personas migrantes no pueden permanecer más de 72 horas. Nos contaban que, en determinadas ocasiones, el CATE deja salir a las personas a las 22:00. A esa hora, y sin apenas apoyo institucional, es difícil organizar a lxs vecinxs para preparar cenas, encontrar alojamiento o transporte con destino a otras ciudades para 15, 18 o incluso 20 personas.

Ese mismo día nos reunimos con trabajadoras del sector primario en Almería que exigen una mejora de condiciones en sus puestos de trabajo, cansadas de vivir amenazadas por su jefe con el despido. Han organizado una huelga de dos semanas secundada también por los hombres, demostrando que la lucha de la clase trabajadora también puede surgir de las mujeres migrantes, a pesar de la carga del trabajo de cuidados y las dificultades con el idioma.

Trabajadoras del sector primario e Almería FOTO: Andrea Landaluce Florido

Al día siguiente visitamos el asentamiento de Atochares que se encuentra a escasos 6 km del turístico Cabo de Gata y en el que han llegado a vivir 1000 personas. Este asentamiento ardió hace pocos días, y previamente, en febrero, también hubo un incendio. No se sabe si es provocado, pero lo que sí podemos ver es que una vez producido el incendio, llegan tractores para remover la tierra y hacer grandes y profundos surcos en la tierra para que las personas no puedan volver a construir sobre ese terreno. Nos comentan que el Ayuntamiento no presta atención a la falta de vivienda o las condiciones en las que viven estas personas, no obstante, siguen entregando permisos para ‘poner’ más invernaderos, sabiendo que la mano de obra que se emplea en los mismos, en la mayoría de las ocasiones, proviene de migrantes explotadxs.

Asentamiento de Atochares FOTO: Andrea Landaluce Florido

Nadia, una compañera con la que nos encontramos en el local de La Resistencia de Almería, afirma que tanto para quienes contratan como para la administración es conveniente que existan trabajadorxs de ocho a ocho (8:00-20:00), que vayan a trabajar, pero luego dejen de existir, sean invisibles sus problemáticas. Ese mismo día en La Resistencia, conocemos a representantes de Alcemos la Voz África, jóvenxs que han crecido en el Estado y que tienen la nacionalidad pero han tenido que organizar una manifestación exigiendo que se les reconozca esa identidad.

Reunión en el local La Resistencia, en Almería FOTO: Andrea Landaluce Florido

Al día siguiente nos reunimos con un compañero del Salvamento Marítimo quien nos contaba la difícil tarea de pasar a las personas migrantes desde sus barcos a los de Salvamento. Durante este proceso, las personas pueden agarrarse al bote, poniendo las manos justo en la zona de choque entre los dos barcos, con lo cual se pueden romper o cortar dedos. Esta zona, entre los dos barcos, también supone un peligro ante la posibilidad de que alguien caiga ahí, pues entre el movimiento a descompás y no saber nadar de muchas de estas personas puede hacer que se ahoguen.

Ya en Melilla nos reunimos con ACNUR, SJM y la organización Geum Dodou. Acudimos a una concentración en la Dirección Provincial de Educación y Ciencia exigiendo la escolarización de unos 60 menores que han sido expulsados del sistema educativo oficial por no contar con el padrón municipal. También nos acercamos a la valla y observamos cómo se articula este espacio que, paradójicamente, según Wikipedia es una ‘zona desmilitarizada’. Vimos algunos edificios y contábamos con un compañero a ver quién podía vivir ahí (ilusxs de nosotrxs). Esa franja de territorio está gestionada por el ejército marroquí. Así que en esas casitas estaban militares.

FOTO: Mikel Bejarano

Estos son los obstáculos que hay que sortear para llegar a cruzar todo ese entramado de territorio militarizado: 1) entrar en la zona controlada por el ejército de Marruecos y esquivar a los militares; 2) saltar una valla de 3 metros de altura con concertina, caer en un hueco excavado y subir una montaña de escombros que dificulta la salida; 3) al llegar a las 3 vallas la primera está inclinada y es más alta, la segunda es más baja, la tercera vuelve a ser alta. De las tres vallas hay que dejarse caer y sufrir posibles rupturas, hematomas, rozaduras, etc.

Ese mismo día visitamos el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla (sólo los hay en Ceuta y Melilla). Al lado del CETI de Melilla hay un campo de golf y desde ahí mismo también se ve la valla. De ahí la famosa foto de José Palazón (2014) de personas migrantes subidxs a la valla mientras otrxs personas juegan al golf. Estos CETI son destinados a la acogida de solicitantes de asilo por lo que están allí un tiempo indeterminado, sin poder salir de la ciudad a la Península ante los bloqueos de salida. De nuevo, las instituciones del Estado no respetan los derechos de estas personas pues no cumplen con la Sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a la libre circulación por el Estado de las personas migrantes sin restringir este territorio solo a Ceuta y Melilla.

FOTO: Mikel Bejarano

Volvimos agotadxs, revueltxs pero con ganas de digerir todo lo que habíamos vivido y compartirlo y trasladarlo a nuestra realidad. Aquí vuelvo a mencionar la interdependencia con la que comenzaba el primer párrafo, reconocernos interdependientes no solo en el expolio de recursos naturales de los sures para continuar con la producción desmedida en el norte global, o en la explotación de mano de obra migrante barata en sectores precarios que sostienen la vida como la agricultura, el cuidado, el sector servicios, construcción, entre otros, sino ya poniendo el acento en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la población en su conjunto, no de unos grupos sí y otros no. A través de este tipo de acciones de control migratorio, de deficiente acogida e incluso vulneración de derechos, las instituciones del Estado mantienen una violencia estructural contra la población migrante que difícilmente podríamos catalogar como una serie de casualidades, sino más bien una política premeditada de división y clasificación de ciudadanía en primera, segunda y tercera categoría que es totalmente funcional al mantenimiento del sistema capitalista y racista en el que vivimos. Desde nuestras posiciones populares, además de denunciar estas políticas, reconocernos como interdependientes también es reforzar la solidaridad internacional de los pueblos.

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