“El identitarismo convierte al feminismo en una disputa por el poder en lugar de una lucha por la transformación”

Laura Macaya, experta en intervención social: "El castigo y la venganza no transforman nada".

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Christian Ferreiro
Christian Ferreiro
Graduado en Filosofía por la Universidá d'Uviéu. Esperando ser docente de secundaria en un futuro no muy lejano.

Laura Macaya es experta en intervención social desde una perspectiva interseccional y en la configuración de políticas públicas en materia de feminismo y género. Es docente en varios grados y posgrados universitarios, además de dirigir una casa de acogida para personas víctimas de violencias de género y formar parte del colectivo libertario feminista Projecte X. Es autora de Esposas nefastas y otras aberraciones. El dispositivo jurídico como red de construcción de feminidad (Diletants, 2014) y ha trabajado en la obra colectiva Putas e Insumisas. Violencias femeninas y aberraciones de género: reflexiones en torno a las violencias generizadas (Virus, 2017). Además, recientemente ha colaborado en la edición del libro conjunto Alianzas rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad (Bellaterra, 2021). Este verano estuvo en Xixón participando en la Escuela Feminista de la Asamblea Moza d´Asturies.

El libro que coordinas, junto con Clara Serra y Cristina Garaizabal, Alianzas rebeldes, articula una serie de ejes. Uno de ellos se centra en el “Debate, pluralidad y disenso. Contra de la censura y la imposición de la unidad”. ¿Qué papel juegan actualmente las redes sociales en la polarización social? ¿Es un mero espejismo o una tendencia real hacia los microcosmos?

Yo creo que lo que sucede en las redes nunca es un espejismo al margen de lo que pasa en la vida analógica. Por mucho que ciertas características de las redes promuevan la sobrerrepresentación de determinados discursos o actitudes, como la polarización o la agresividad que pueden expresarse más impunemente, lo cierto es que la dificultad para llevar a cabo debates rigurosos y de mayor profundidad va más allá de las redes.

Así que, por una parte, la capacidad performativa de las redes está transformando y constituyendo nuevos modos comunicativos y a la vez las redes son reflejo de formas de hacer política cada vez más punitivas, identitarias y excluyentes de la diversidad.

El creciente identitarismo ha convertido la política en una discusión de intereses supuestamente enfrentados entre colectivos oprimidos disputándose derechos y recursos que les han sido negados debido a agravios históricos. Esto tiende a homogeneizar las demandas y características de esos colectivos en base a los intereses de los segmentos que internamente tienen más poder. Por ejemplo, la tendencia identitaria de algunos feminismos articula los intereses de “las mujeres” basándose en los intereses de aquellas mujeres blancas, con papeles y de clases medias profesionales. Esto acaba convirtiendo el feminismo en una mera disputa por el poder (cada vez más en el terreno institucional, pero no solo) en lugar de una lucha por la transformación de un sistema de distribución económico, social y simbólico injusto, no solo para las mujeres. Con estos intereses en juego la pelea se vuelve fea y agresiva, porque no se trata de aliarnos para transformar nuestro mundo, sino de eliminar a quien pretenda fastidiarnos las pretensiones de éxito.

Esto da lugar también a la reproducción de lógicas punitivas como la cultura de eliminación del/la otra diferente, la creación de enemigos para justificar la necesidad de unidad entorno a axiomas inamovibles, la censura facilitadora del antiintelectualismo y la falta de rigurosidad de los análisis políticos o un creciente “emotivismo” que activa la cultura de la urgencia, la emergencia, la reacción, el irracionalismo y la consabida tendencia de todo ello a dar respuestas punitivas.

Parece evidente que hay agravios entre determinados movimientos sociales divergentes, pero a la hora de traducirlos políticamente, la cuestión se complejiza. ¿Crees que deben articularse políticas, ya sea institucionales o no, desde esos agravios y esa negatividad, o construir algo más en positivo?

La articulación política en base a los agravios es peligrosa en el momento en que no se tiene muy en cuenta que esos agravios son fruto de modelos de organización socio-económica injustos que distribuyen, explotan y ordenan a la población en base a los criterios clasistas, racistas y heterosexistas de los sistemas neoliberales. El problema es que la articulación política en base a esos agravios se acabe convirtiendo en un lamento moralizador y victimista porque desde ese victimismo se tiende a la irresponsabilidad y a la acomodación en identidades dolidas, agraviadas y con cierta superioridad moral. Esto no solo va a producir más sufrimiento, sino que además va acabar traduciéndose en configuraciones políticas basadas en la venganza hacia quienes se supone son los causantes particulares del daño, en lugar de buscar transformar las condiciones estructurales que lo han generado y las subjetividades que han sido producidas.

Por ejemplo, la pérdida de una visión estructural de la violencia de género ha supuesto que algunos feminismos, pero, sobre todo las políticas reaccionarias, reduzcan la lucha contra el patriarcado a la lucha contra la violencia de género y especialmente a la lucha contra los perpetradores individuales de estas violencias. Así un fenómeno estructural como la violencia de género queda reducido a una serie de conflictos interpersonales entre “hombres malos” y “mujeres buenas”. Perspectiva que moraliza la cuestión, la extrae del marco estructural y oculta la responsabilidad institucional y colectiva.

Hay que articular políticas para proteger a las víctimas y también tener en cuenta la responsabilidad de quien agrede, así como entender que, entre hombres y mujeres existen relaciones de explotación. Ahora bien, para acabar con todo ello, hay que entender que el castigo y la venganza no transforman nada, que la violencia puede tener grados, durabilidad y contextos, que quien agrede puede dejar de hacerlo en la mayoría de los casos y que, en muchas ocasiones, estas personas también son a su vez víctimas de otras violencia o privaciones.

Creo que estas cuestiones son importantes para apuntar bien a los objetivos de las estrategias políticas que diseñamos. Y creo que una de las claves es salirnos de estos marcos particularistas y vengativos de las políticas de “supuestxs iguales” agraviados para que, sin desatender el dolor particular, se puedan promover culturas políticas basadas en la solidaridad entre las diversas luchas específicas, en lugar de una competición. Esto ya sería algo propositivo en contraposición a las actuales imposiciones atomizadoras del neoliberalismo.

El pasado martes 6 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual –“Ley solo sí es sí”. Después de un año, desde su aprobación como anteproyecto de ley, y habiendo pasado por los informes del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, el texto da una nueva definición positiva de “consentimiento”. ¿Qué cambios crees que puede haber tras esta ley respecto de la legislación hasta ahora vigente?

Hace poco tiempo, escribí un artículo, ‘La regulación sexual de un gobierno feminista’ en el que precisamente hablaba sobre las modificaciones penales que incorpora la ley y lo profundamente problemáticas que estas me resultan. Sobre todo, en cuanto a la negación de la capacidad de decisión de las trabajadoras del sexo, el aumento del punitivismo y la visión infantilizada y vulnerabilizada de la sexualidad femenina.

Por eso respecto a esa cuestión me remito a lo que escribí para CTXT porque, lamentablemente, no nos han dado mejores noticias de las que ya teníamos entonces. Pero en cambio si que quisiera entrar en una cuestión que creo es más compleja, pero a su vez cada vez se desvela como más problemática. Y es la necesidad real, más allá de intereses partidistas, de estar siempre generando nuevas leyes cuando las existentes ni siquiera disponen de recursos para implementarse. O cuando no se aborda la abolición de leyes que producen sufrimiento directo en las víctimas más vulnerables y favorecen a las élites como la ley de extranjería, la ley de seguridad ciudadana o la reforma laboral.  Todo ello sin entrar en que las leyes específicas, en este caso para víctimas de violencia sexual, sobre todo cuando entran en terrenos penales, establecen categorizaciones y requisitos para acceder a los recursos y derechos y que, muchas veces, estos requisitos tienen que ver con el cumplimiento normativo del rol de pobre, víctima, mujer, etc.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual contempla ayudas económicas y de acceso prioritario a derechos para las víctimas de violencia sexual. Evidentemente es necesario el soporte material y económico a las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o desamparo fruto de la violencia. Pero el problema es que las personas que trabajamos atendiendo violencias sabemos que muchas de las mujeres que acuden a los circuitos de protección se encuentran en situaciones de pobreza y precariedad que no siempre guardan relación directa con el episodio de violencia concreto sino con un histórico de privaciones, injusticias y violencias derivados de la concatenación de otros factores de opresión. Los circuitos de “personas demandantes de ayudas sociales” pensados por “categorías de pobres” hacen que las personas con diversas opresiones —la inmensa mayoría— se distribuyan de forma desigual entre los mismos y pasen a ser escudriñadas en sus cumplimientos tanto en relación con los criterios del “buen pobre” como en relación a los criterios de buena mujer o víctima. La inclusión o no en un determinado circuito —víctimas de violencia, pobres y personas con dificultad de acceso a vivienda o recursos económicos, población migrada, lgtbi— dependerá del azar, el acceso a la información, el cumplimiento de las atribuciones que se le atribuyen a cada categoría, entre otros elementos. De hecho, las “víctimas incorrectas” o que no cumplen con las exigencias de la “buena víctima” son menos reconocidas tanto en servicios de ayuda social a las víctimas como en los de la administración de justicia y en muchas ocasiones ni siquiera llegan a los circuitos por no sentirse interpeladas o “llamadas” por ellos. Tal es el caso de las mujeres trans, las trabajadoras del sexo, las mujeres en situación administrativa irregular, las mujeres que consumen drogas, etc.

Las trabajadoras sociales estatales pasan un buen tiempo de su trabajo evaluando el cumplimiento de los requisitos de las ayudas condicionadas y escudriñando la vida de las personas pobres, lo que produce una pérdida de sentido y desazón del propio trabajo. Por otra parte, la externalización de los servicios de atención a violencia favorece la desviación de fondos públicos por parte de algunas entidades que colaboran en la selección de pobres “merecedoras de ayudas”, siendo frecuente que finalmente los porcentajes destinados a la ejecución efectiva de los proyectos de atención y ayuda a víctimas de violencias, el diseño de buenas metodologías o las buenas condiciones para trabajadoras y víctimas sean una parte insuficiente del total. El dinero se pierde en sueldos de excesivas directivas, proyectos irrisorios y con poco impacto, cuando no directamente se pierde en proyectos y amortizaciones inexistentes o en desvíos y mordidas fraudulentas.

Transformar todo ello requeriría una fuerte inversión pública y una promoción de los servicios públicos, universales y no condicionados que pudiera, no solo mejorar la vida de las personas particulares, sino fortalecer y favorecer la consolidación de comunidades capaces de abordar estas cuestiones con el apoyo público. Pero claro, estamos en un escenario muy alejado de todo ello con esta Ley. La Ley del “solo si es si” precisamente aumenta la punitividad y centraliza la resolución de conflictos sociales en el abordaje penal y las ayudas condicionadas e irrisorias, características de los actuales sistemas de control, en los cuales se hiper-desarrollan los mecanismos punitivos en proporción inversa al desmantelamiento y la falta de inversión en servicios públicos universales, suficientes, no condicionados y transparentes para con las comunidades. Así la inseguridad generada por la falta de protección social ante sistemas económicos usurpadores es utilizada para justificar el aumento punitivo…no debería ser esta la política de un gobierno auto-denominado progresista.

Recientemente, un determinado sector de la izquierda tradicional ha enarbolado un discurso en torno a la distinción entre “lo material”, que consistiría en la lucha política fundamental –lo económico–, y “lo simbólico”, que consistiría en las “guerras culturales”, “meramente secundarias” –feminismo, derechos de las personas trans, crisis ecológica, etc. ¿Por qué crees que se ha dado esta reacción, y hasta qué punto es real?

Creo que esta reacción, que considera que las batallas culturales por el reconocimiento son la muestra de la atomización neoliberal está siendo muy real y por supuesto creo que responde a una nostalgia y a una resistencia a la pérdida de privilegios por parte de algunos sectores conservadores de la izquierda. Ahora bien, también entiendo que esto sucede como respuesta a la tendencia que, algunos de estos movimientos de la segunda izquierda, han tenido hacia el abandono de la mirada estructural, un marcado identitarismo y a la reducción de las luchas políticas a mero discurso o transformación de los modos de vida o las subjetividades.

A pesar de todo considero que una parte del feminismo está siendo capaz de capear y de mostrar otras visiones a esta supuesta contradicción o dicotomía entre luchas estructurales y culturales. Esto sucede entendiendo que ambas cuestiones no son contradictorias sino complementarias al entender que el neoliberalismo no es solo un modelo de organización económica, sino también un tipo de gobierno que produce a los sujetos y les atribuye características que responden a los intereses del modelo de organización socio-económica del capitalismo. Así la reproducción social, exige a las mujeres una sexualidad constreñida y una mayor predisposición a los cuidados y el maternaje. Las luchas por la liberación sexual de las mujeres contribuyen a desafiar las exigencias que el capitalismo hace a las mujeres en cuanto responsables de la reproducción social y las luchas por la libertad sexual promueven otras sexualidades desafiantes para los intereses familiaristas de las clases dominantes. 

La redistribución es garantía del reconocimiento, y viceversa; son garantía el uno del otro. Aquí un ejemplo clave es la necesidad de otorgar derechos laborales y económicos a las trabajadoras sexuales lo que implica, por una parte, ampliar sus capacidades de negociación y de elección en marcos más amplios y, por tanto, sus capacidades de ser y escoger. Y, por otra parte, combatir el estigma de puta que sufren prioritariamente las trabajadoras del sexo, pero también todas aquellas mujeres que no cumplan con las normativas sexuales útiles para la economía política capitalista.

¿Cómo valoras las iniciativas como la Escuela de Pensamiento Feminista, es decir, que den voz a cuestiones como el trabajo sexual, las masculinidades, etc.? ¿Qué posibles escenarios podrían abrirse en el panorama feminista actual?

Me parece una iniciativa potentísima de las compañeras y compañeros de AMA, y muy valiente. Y, además, que haya podido ser presencial es fundamental: tenemos que seguir juntándonos, solidarizándonos y creando comunidades, no solo a nivel estatal, sino internacional. Necesitamos construir alianzas entre todas, todos y todes, y para mi especialmente con los feminismos latinoamericanos recogiendo su tradición de lucha de las trabajadoras sexuales y de críticas a los sistemas punitivos.

En cuanto al panorama feminista actual, creo que el feminismo está en una encrucijada de la que realmente es muy difícil salir. Y cada vez creo más necesario salir de lógicas identitarias. Me gustaría rescatar la idea de Asad Haider de la “universalidad insurgente” la cual, más allá de las homogeneizaciones totalizantes, nos ayudaría a entender el feminismo como un conjunto de estrategias que, en alianza con otras, se establecen en un marco de lucha más transversal construyendo movimientos más diversos y amplios en cuanto a quiénes lo conforman pero más claros en cuanto a sus objetivos políticos en común. Creo que esta es la tarea más transformadora y compleja que un feminismo interseccional y de clase tiene por delante, pero a la vez la más interesante.  

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