Llarina González (Avilés, 1988) es profesora de inglés en un instituto público, militante de IU y edil de Cambia Avilés. La formación municipalista se ha destacado en la denuncia de las condiciones impuestas en la privatización del agua a los vecinos y vecinas de la tercera ciudad más poblada de Asturies. Hablamos con ella sobre las novedades en la gestión de este servicio público.
Le pido que retrocedamos al momento en que se implanta en Avilés la fórmula de gestión del agua a través de una empresa mixta.
Hasta el año 2008 se encargaba el Ayuntamiento de la gestión del agua, después se contemplan dos opciones, bien crear una sociedad mixta, bien que se administre por una entidad privada; la posibilidad de una empresa pública se descarta. En ese momento, hubo una movilización sin precedentes de la ciudadanía para mantener la gestión pública. Se creó una plataforma por el agua pública y se presentaron más de 20.000 firmas, que es un número muy elevado en un concejo de 80.000 habitantes y además estaba presente toda la sociedad civil, sindicatos, asociaciones de vecinos, vecinos a título individual, organizaciones políticas, pero a pesar de ello, el Ayuntamiento no quiso tomar en consideración esas firmas. Y se crea una empresa mixta con un 74% del accionariado en manos privadas y un 24% en manos públicas y con un 51% de mayoría del consistorio en el consejo de administración.
Llarina en la sala del Grupo Municipal de Cambia Avilés. Foto Tania González Peñas
¿Qué implicaciones prácticas tienen esos porcentajes?
Bueno, la diferencia de acciones se refiere sobre todo a un tema de capital, porque teóricamente las decisiones se adoptan en el consejo de gobierno. Sin embargo, lo que sucede es que quien realmente maneja es el socio privado.
Así que se sacan a licitación pública unos pliegos de cláusulas para seleccionar al socio de la Administración. Se elige a la compañía Aquagest, después se crea la empresa con ambos socios que se llama Aguas de Avilés y que en 2013 pasa a denominarse Asturagua. ¿Cuándo surgen los problemas y de qué tipo?
Si analizamos el contrato con esa entidad encontramos que esta le hace un préstamo al Ayuntamiento de 28 millones de euros que había que pagar con el euríbor más el 1,3% y la empresa también realizaba una inversión privada de 39,5 millones de euros. Nosotros vemos ahí claramente que esto es una operación financiera. Una vez analizados los datos de estos años, entendemos que la empresa privada donde quería sacar beneficios no era en la gestión del agua, sino en el pago del canon por el préstamo establecido y que se sigue pagando. Ese préstamo al Ayuntamiento se usó para realizar inversiones en distintos puntos de la ciudad y para amortizar deuda. Pero sucedió que el euríbor en 2008 estaba altísimo y pensaban que las previsiones serían las mismas, pero bajó y los cálculos iniciales de Aquagest, ahora Asturagua, de ingresos por ese canon se han ido reduciendo y se ha generado parte de ese desequilibrio económico que la empresa reclama. Otra de las cuestiones es que en los pliegos administrativos se fija en el 4,48% una tasa interna de retorno (TIR). Esto implica que todo beneficio empresarial por debajo produce un desequilibrio que el Ayuntamiento debe compensar. Sin embargo, a la inversa, para el Ayuntamiento se establece que si los beneficios del socio privado superan el 6,5%, las tarifas del agua no subirán conforme al IPC, que fue lo que habían pactado. También se fijó una revisión del TIR cada quinquenio, pero en el primero no se hizo y ahora, pasados los diez años, sale que la tasa de retorno es del 2,13% y la empresa reclama el resto hasta completar ese 4,48%.
Llarina, frente a la Fuente de los Caños de San Francisco, en Avilés. Foto: Tania González Peñas
¿Y a qué se debe esa diferencia de porcentaje entre los ingresos previstos y los reales?
Pues hubo una serie de circunstancias externas que cambiaron y repercutieron en un menor beneficio empresarial, como la subida de los tipos de interés, un incremento del IPC o un menor consumo de agua por los ciudadanos. Incluso durante el confinamiento por COVID la empresa decidió alquilar una autocaravana y que sus empleados residiesen allí y ahora reclama un importe de más de 48.000 euros y el de sus dietas asociadas cuando esto es una decisión empresarial y no algo ineludible. En todo caso, la empresa no ha tenido pérdidas en todo este tiempo, sino menores beneficios.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
El acuerdo del Pleno se cifra en dos millones de euros de compensación, pero eso es solo la pequeña piedra que se ve y que el Ayuntamiento va a pagar ahora, pero quedan otros catorce millones por abonar y el resto de tiempo de contrato, cuyo total es de veinticinco años.
¿Por qué son dieciséis, pero se pagan dos millones de euros?
Es una cifra arbitraria, la propia interventora municipal así lo señaló, porque la cantidad de este periodo de más de diez años del que estamos hablando es de dieciséis millones de euros y son dos como podían ser más o menos. El Ayuntamiento quiere que salga del remanente que no ha utilizado, incluso encargó un informe a una consultora para estudiar otras posibilidades para sufragar ese pago, como una subida de tarifas, renegociar el canon o que alguna de las inversiones que la empresa se comprometió a hacer que no las hiciera, pero la cuestión es que se aprobó el acuerdo municipal de abono de esos dos millones.
Foto: Tania González Peñas
En su recurso de reposición aludían a principios del Código Civil como la equidad y de buena fe, sin embargo y ya que lo citan, la concesionaria podría argumentar que también en el artículo 1.256 de esa norma se recoge que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes y que si se ha pactado algo, la Administración no se puede volver atrás cuando le parezca, porque pudo no haber aceptado esa cláusula y sin embargo lo hizo y ahora le toca cumplir.
Sí, pero el problema radica en los datos, es la propia empresa la que facilita la información del beneficio al que llega. Y la jurisprudencia dice que para que la Administración no quede indefensa frente a datos que ofrece la empresa, tiene que darse una explicación sólida y justificable, pero esa cifra de retorno no está clara. Además, existe jurisprudencia que establece que un concesionario no puede pretender siempre una garantía de obtención de beneficios. Hay circunstancias como menores consumos, las fluctuaciones del euríbor que entran dentro de cualquier riesgo empresarial y la diferencia no se debe pagar con el dinero de la ciudadanía avilesina, no es justa esa compensación con cargo al erario público. No se puede aplicar automáticamente una cláusula de compensación de desequilibrio económico sin analizar los motivos del mismo y ver si hay razón de ser.
“Nosotros estamos haciendo la labor que el gobierno debería hacer de defender a los vecinos en cualquier circunstancia normal”
Finalmente, el día 11 de noviembre les notifican que su recurso, ante la propia Administración que adoptó el acuerdo de pago indemnizatorio, ha sido rechazado. ¿Qué valoración hace?
No nos sorprende porque sería raro que los propios técnicos se desdijeran. Este es el paso previo necesario para ir al contencioso. Esperemos que los otros grupos reflexionen sobre lo peligroso de esta decisión política y el precedente tan serio que puede sentar para futuros años. Aceptar sin rechistar la petición de una multinacional de una cantidad millonaria es no defender los intereses de los vecinos y vecinas. Una vez más, con este recurso reposición y el posterior contencioso-administrativo, nosotros estamos haciendo la labor que el gobierno debería hacer de defender a los vecinos en cualquier circunstancia normal, una empresa pide esa cantidad de dinero y el gobierno de cualquier ayuntamiento dice: “no, me lo demuestras y si es así te lo pago y si lo establecen los juzgados, sino, no no te lo pago”; aquí, por desgracia, es a la inversa y el gobierno acepta sin duda alguna las peticiones de esta multinacional. Seguiremos defendiendo los intereses de los vecinos en los juzgados y donde haga falta, intentando ahorrarles casi 20 millones de euros que deberían ir para inversiones y servicios sociales.
Llarina, en los soportales del Ayuntamiento de Avilés. Foto: Tania González Peñas
El PSOE dice que sucederá como otras veces que han acudido a los tribunales y no prosperaron sus reclamaciones
El PSOE se pone de perfil de la empresa. Se olvida de las condenas al presidente de ASIA y del caso Pokemon todavía abierto – una trama de corrupción de contratos municipales, con presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación, blanqueo y tráfico de influencias investigada judicialmente- con la imputación de miembros del PP de aquella época. Si el Ayuntamiento tuviera el más mínimo interés en defender sus cuentas, debería llevarlo a los tribunales, pedirle al socio privado que le demuestre el desequilibrio económico. Sientan un precedente muy difícil, ya que nos preguntamos cuántos millones más habrá que desembolsar hasta final de contrato. No hubo decreto municipal que cambiara unilateralmente las condiciones del acuerdo y todo lo que no es decisión directa de la Administración no es imputable a la misma, no todo vale. Ese dinero se podría utilizar en otras cosas, en la mejora de vida de la ciudadanía.
¿Cuál es la solución que proponen?
Exigir responsabilidades políticas al gobierno e insistir en una auditoría integral de la empresa. Todos los partidos votaron en contra, pero es fundamental saber cómo están las cuentas. Apostamos por un servicio público de agua y así nos aseguramos que no está ligado a elementos de corrupción o de desvío de capitales. Confiamos en una gestión pública, eficiente, justa que mire por los intereses de los ciudadanos y no por los de empresas. Además, así también se lograrían unas condiciones laborales para sus trabajadores mejores que las que habitualmente se dan en las privadas.
