No había que ser adivino ni Premio Nobel de economía para preveer que tras el proceso de privatización de las antiguas cajas de ahorros vendría un proceso de fusiones, y tras la fusiones jubilaciones anticipadas, despidos y cierre de oficinas. Tan elemental pronóstico no ha tardado en cumplirse con la segunda entidad más implantada en Asturies. Unicaja, el nuevo banco con sede en Málaga que ha absorbido a Liberbank, es decir, lo que un día lejano fue Cajastur, ha anunciado un ERE que afectará a 94 empleados y supondrá el cierre de 29 oficinas. En toda España 1.513 trabajadores y trabajadoras se irán a sus casas si salen adelante los planes de ajuste de la empresa. Será mediante despidos y jubilaciones anticipadas. Es decir, cargando al erario público la remodelación laboral de un banco que mientras tanto presume de haber multiplicado por 12 sus beneficios y de arrojar hasta septiembre de este año un beneficio de 1.395 millones de euros.
España discute sobre la “España vaciada” y el desquilibrio territorial. Proliferan los foros, artículos y cargos públicos para combatir el “reto demográfico”, mientras se pone alfombra roja al nuevo proceso de concentración bancaria. Cada vez menos bancos y en menos lugares. La riqueza ni se crea ni se destruye, solo se concentra. No se trata únicamente del efecto más visible: el cierre de oficinas en los pueblos y en los barrios populares. Lo más importante, las regiones más pobres se descapitalizan. Con la privatización de las bancas y su fusión en grandes entidades financieras, la mayoría de provincias se han quedado sin algo así como un capital financiero propio, una banca propia ligada al territorio y con obligación de reinvertir sus beneficios en él. El ahorro popular de los asturianos no revertirá en su propia comunidad, sino que se irá allí donde sea más rentable para Unicaja. La concentración bancaria era esto, y España es el país de la UE en el que el proceso está más avanzado. En Alemania, por ejemplo, las cajas de ahorro siguen existiendo. Hay 390, y funcionan como una suerte de banca pública ligada a las regiones. Financian vivienda e infraestructuras públicas, obra social y el tejido de pequeñas y medianas empresas. Quizá eso del federalismo solidario también vaya por cosas como esa.
Nada demasiado nuevo bajo el sol. La nueva ola de despidos y jubilaciones en los bancos españoles es un episodio más en la larga marcha hacia un adelgazamiento y abaratamiento de las plantillas del sector financiero. Un poco de historia. A finales del franquismo el sindicalismo democrático se reconstruía en el sector de la banca, principalmente a través de las pujantes CCOO. Los currantes de la banca tomaban conciencia de clase y en enero de 1976 la banca vivía en España su primera gran huelga general. Era el pistoletazo de salida del sindicalismo en el sector financiero. La generación de bancarios del baby boom conquistaría en los años siguientes unas formidables condiciones laborales que la banca se encargaría de que no volvieran a repetirse en las generaciones posteriores. A través del “ajuste dulce” de las prejubilaciones, la banca ha ido desprendiéndose en sucesivas oleadas de sus trabajadores mejor pagados. Ahora también pretende recurrir al “ajuste duro” de los despidos. El objetivo es que en los próximos años sea imposible encontrar un bancario o bancaria mayor de 50 en una oficina.
El viernes Unicaja vivió una jornada de huelga en toda España contra el ERE. Llega después de las protestas en Caixabank. La procesión va por barrios. En la concentración de Oviedo/Uviéu, Marco Antuña, representante de la CSI en Unicaja, recordaba a los huelguistas que debían sentirse “orgullos de pertenecer a la clase trabajadora”, aunque trabajen con un ordenador y un ratón en una oficina o un despacho. Casi en paralelo, se conocía que el consejero delegado de Unicaja, Manuel Menéndez, se ha subido un 25% el sueldo. Pasará de ganar 1.200 a 1.500 euros al día. Más de lo que cobran muchos de sus empleados al mes. Además tendrá un plan de pensiones privado de 170.000 euros al año
Digresión. El historiador británico E.P. Thompson acuñó en 1979 el concepto “economía moral de la multitud”. Es decir, qué considera justo, ético o admisible la mayoría de una sociedad desde el punto de vista económico. Thompson analizaba de qué manera en el siglo XVIII y XIX la población europea podía admitir privilegios y altos niveles desigualdad entre pobres y ricos, pero siempre con algunos límites. Y es que por ejemplo esa misma población que asumía con resignación un orden social desigual, se sentía a la vez legitimada en caso de una crisis de subsistencias para amotinarse y castigar con su ira a quienes traspasaban líneas rojas consideradas inadmisibles. Por ejemplo, acaparar y especular con las cosas de comer mientras otros se morían de hambre. Estas líneas rojas siempre están por otro lado en cuestión. No están tan claras como las calles de una pista de atletismo o las líneas de banda de un campo de fútbol. La lucha de clases sería pues la disputa o el enfrentamiento encargado de definir los contornos de la economía moral de una sociedad y un tiempo. De igual modo, el viernes, los huelguistas gritaban frente a la oficina principal de Unicaja, “EREs y despidos para los directivos”. Tienen clara cuáles son sus líneas rojas. Lo que no están dispuestos a tragar. Ahora está por ver si tienen la fuerza suficiente para imponerlas. Y es que si se consolida y normaliza la práctica de que un alto ejecutivo pueda hacer un ERE a 1.513 trabajadores y a la vez subirse el sueldo un 25%, algo muy serio está fallando en la “economía moral” de nuestra época.
