Ignacio Cuesta: una historia de amor con la construcción y el urbanismo

Cuesta, vinculado al sector de la construcción desde antes de entrar en política, estaría tratando de saltar al PP para seguir al frente de Urbanismo al menos una legislatura más

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Bernardo Álvarez
Bernardo Álvarez
Graduado en psicología y ahora periodista entre Asturias y Madrid. Ha publicado artículos en ABC, Atlántica XXII, FronteraD y El Ciervo.

Dicen quienes están en el meollo de la política local ovetense que es “un secreto a voces”, que “lo sabe toda la ciudad”. Ignacio Cuesta, actual teniente de alcalde de la ciudad y concejal de Urbanismo por Ciudadanos, está intentando una voladura controlada de su partido. Ahora que sus opciones de futuro con los naranjas son escasas, su intención es unirse al PP y seguir al menos otra legislatura al frente de Urbanismo. Lo dice alguno desde sus propias filas, lo dicen desde su flanco izquierdo y también lo ven claro desde el derecho: “Lo que está habiendo en Ciudadanos es una desbandada, y Cuesta está en una situación privilegiada para pegar el salto”.

Tras militar durante varios años en la AMSO (Agrupación Municipal Socialista de Oviedo), fichó por Ciudadanos como independiente a comienzos de 2019 para ser cabeza de lista en las elecciones municipales de mayo. Desde entonces, y tras su alianza con el Partido Popular de Canteli, Cuesta está al mando de la concejalía de Urbanismo de la capital asturiana.

Unos años antes, Cuesta había sido vocal de la junta del Colegio de Abogados de Oviedo, y posteriormente fue elegido decano del mismo. Durante su etapa como vocal de la junta se aprobaron unas obras en la sede de los letrados que fueron adjudicadas a la empresa Construcciones Orcema S.A., de la que Cuesta era apoderado y su por entonces esposa, Sonia Fernández Castillo, era copropietaria. Según informó La Nueva España en su día, la citada empresa presupuestó la obra en 43.889 euros, aunque finalmente el Colegio de Abogados pagó 15.614,97 euros de más.

En los años previos a su entrada en política, Cuesta ha estado vinculado a diversas empresas del sector de la construcción. Junto a Fernández Castillo fue parte de Domo Residencial S.A. También tuvo un puesto como consejero y secretario, en el año 2010, de Inmobiliaria Asturiana de Colectivos; y fue administrador concursal de Promovillas Estudio y de Fomento Inmobiliario y Construcción Obras. Fernández Castillo, además de su actividad empresarial, trabaja como asesora jurídica en la Cámara de Comercio de Oviedo.

El complejo del Vasco

Desde la llegada de Cuesta a la concejalía, las obras del complejo del Vasco (con una zona comercial, otra para oficinas, torres de viviendas, aparcamiento y zona deportiva) han sido uno de los puntos centrales de su interés. Para el concejal, estas obras han supuesto “en estos tiempos tan tristes, un motivo de satisfacción para ganar confianza e ilusión en la ciudad”. Tras varios años intentándolo, la empresa constructora, Gran Bulevar Espacio Residencial, consiguió las licencias durante el gobierno del tripartido de izquierdas en Oviedo.

En dicha compañía figuran como consejeros Carlos Martín Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, y José Manuel Ferreira, vicepresidente de la misma entidad. Este último es también el administrador único de Gestinor S.A, una de las empresas que conforman el grupo No Group Crazy People S.L que, a su vez, está detrás del MadLab, un espacio de ocio de 3400 metros cuadrados que se inauguró a comienzos de este mes en el complejo del Vasco.

También en el Vasco ha decidido ubicar su sede la empresa de aguas Aqualia, propiedad de FCC, que el pasado junio estrenó su nuevo local en el complejo. Aqualia, que admitió haberle cobrado al ayuntamiento de Oviedo 1,5 millones de euros injustificadamente, le abonó al consistorio solamente 800.000 después de que el bipartido PP-Ciudadanos le perdonase el resto del dinero.

Un nuevo Plan General de Ordenación

Hace menos de dos semanas, Ignacio Cuesta dio una conferencia en el Club de Prensa Asturiana para presentar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que está “comprometido” a sacar adelante en esta legislatura. La redacción de ese documento ha sido dirigida por el propio Ignacio Cuesta y por su director de Urbanismo, Jorge Fernández Mier.

Este último, coordinador de la agrupación de Ciudadanos en Oviedo hasta poco antes de ocupar su nuevo cargo, es el responsable de firmar todas las operaciones urbanísticas que se planeen en la ciudad. El concurso público por el cual Mier fue elegido como director general, con un sueldo de 60.000 euros anuales, fue calificado de “dudoso” por los sindicatos de la función pública. El anuncio de su nombramiento apareció en la prensa local antes de que la plaza fuese convocada oficialmente.

Ignacio Cuesta FOTO: Iván G. Fernández

El borrador del PGOU contempla, por ejemplo, la recalificación como urbanizables de 21 hectáreas en el centro de Colloto con el objeto de construir viviendas unifamiliares. La anterior versión del documento fue presentada en marzo de 2019, dos meses antes de las elecciones que llevaron al bipartido conservador al poder, y en ella no figuraba este proyecto. Ahora, esos terrenos pasan de Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural Disperso a Suelo Urbano de Vivienda Unifamiliar sin que conste ninguna limitación sobre la parcela mínima para construir.

“Chiringuitos o redes clientelares”

Este 1 de diciembre se votará en la Junta General la aprobación de una Ley de Simplificación Administrativa cuyo objeto es agilizar la concesión de licencias y permisos. Allá por marzo de 2019, siendo todavía candidato a la alcaldía, Cuesta se reunió con Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, para hacer pública su propuesta de que esta entidad tuviese la capacidad de tramitar determinadas licencias urbanísticas municipales. Según sostuvo Cuesta, lo que no podía ser era que “Oviedo esté perdiendo actividad, nuevos negocios y empleo por culpa de estos trámites”.

La ley que, previsiblemente, se aprobará mañana en la Cámara, incluye entre una enmienda presentada por parte del grupo parlamentario de Ciudadanos, que cuenta con el apoyo del PSOE para ser incluida en el borrador inicial del Gobierno. Y esa es, precisamente, la que habilita a las Cámaras de Comercio para gestionar determinados permisos, autorizaciones y licencias a sus propios socios los empresarios. Según ha podido saber Nortes, esta enmienda se ha gestado en el sector del partido más próximo a Cuesta, coordinador de Ciudadanos en Asturias.

Los sindicatos de funcionarios han criticado esta medida. CSIF ha dicho que esto puede dar lugar a la “creación de chiringuitos o sistemas de redes clientelares”, pues no es de recibo “encargar a los mismos lobbies” que “están para servirse a ellos mismos y a sus propios intereses” la solución de los problemas de la administración.

Por su parte, el Conceyu por Otra Función Pública cree que “es evidente que los funcionarios públicos quedan desplazados a un papel residual y totalmente subsidiario, de tal manera que toda la tramitación administrativa de las declaraciones responsables queda en manos de entes externos y ajenos a las Administraciones Públicas”. Ello supondría una “privatización prácticamente completa de los procedimientos de declaración responsable y a la mercantilización de estos procedimientos, cuya tramitación se convertirá en un nuevo nicho de mercado. Eso sí, convenientemente sufragado con dinero público”.

Ya el año pasado Urbanismo modificó la normativa para permitir hacer obras menores sin licencia en domicilios y comercios. El único trámite exigido pasó a ser informar al área de Licencias de que iba a emprenderse la reforma. Paniceres y Ferreira felicitaron a Cuesta “por esta iniciativa y esta rapidez de respuesta que vamos a necesitar para afrontar la pandemia económica”.

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