Existe un debate social sobre las recientes medidas para contener al coronavirus, en el que se mezclan el hartazgo de parte de la ciudadanía y los perjuicios económicos que las restricciones generan. A partir del 28 de diciembre, según el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, se exige el llamado pasaporte COVID-19 para acceder en esta Comunidad Autónoma a zonas interiores de hostelería, restauración, locales de ocio nocturno, de apuestas, culturales, gimnasios o centros sociosanitarios como visitante. Se trata de una medida urgente y temporal que se suma a la impuesta por Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, sobre el uso de mascarilla para personas de seis años en adelante en cualquier lugar público, cerrado o al aire libre, y en los medios de transporte, incluyendo los andenes y estaciones de viajeros.
Sin embargo, hay voces que cuestionan estos planteamientos. Patricio Suárez es coordinador de bioestadística y epidemiología del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA-FINBA) y tiene claro que el escenario ha cambiado de manera radical con la variante ómicron del virus, así que las soluciones no pueden ser las mismas que durante las oleadas previas. Indica que hemos de pasar “de la microbiología a la clínica” y propone que el eje no se centre en los test, sino en la atención primaria, porque “ante cuadros leves como los actuales, similares a un catarro o gripe, si la PCR es positiva o negativa es irrelevante, ya que el tratamiento será el mismo: paracetamol, mucho líquido y aislarse en casa”. Solo si la persona empeora será cuando se vuelva a contactar con el facultativo de cabecera para que determine si está derivando en neumonía y se debe dirigir al hospital.
“Ante cuadros leves como los actuales, similares a un catarro o gripe, si la PCR es positiva o negativa es irrelevante”
En la misma línea se manifiesta Rubén Villa, médico de atención primaria y presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria. Explica que no tiene sentido seguir con el rastreo de afectados. Ese método era válido con pocos casos, para tenerlos controlados, pero no ahora, con la incidencia disparada y con aproximadamente un 60% de los contagios que no se detectan. Apunta que se está sobrecargando a los servicios sanitarios y que por esta causa se dejan de atender consultas, operaciones o pruebas no vinculadas con la pandemia que son muy importantes. Además, también sugiere un método de concesión de incapacidades temporales para empleados que parta de una autodeclaración de enfermedad del paciente, válida para unos días y que es la fórmula que se usa en otros países. Ambos profesionales coinciden en la honradez general de los trabajadores y que, en todo caso, es preferible asumir el pequeño porcentaje de fraude que pueda darse, porque como efectos positivos se aligeraría de manera muy notable la carga burocrática del personal sanitario, que debería concentrarse en prioridades más relevantes.
No obstante, el epidemiólogo manifiesta que no es momento para “desescalar, hay que mantener las medidas restrictivas para ralentizar la incidencia y que no lleguen todos los infectados al mismo tiempo al hospital”. Por eso le parecen bien los requisitos de acceso a interiores, siempre que se apoyen con medidas indemnizatorias a los empresarios, y con respecto a la mascarilla en exterior, si bien cuestiona su eficacia, también entiende que la población ha respondido bien y que tampoco resulta tan dramático volver a llevarla durante un período de tiempo. Más crítico con la máscara se muestra Villa, al que le parece absurdo llevarla porque al aire libre el porcentaje de transmisión es ínfimo, además descarta que la cepa ómicron se esté propagando más rápido porque sea más resistente en superficies, sino que el agente infeccioso ha cambiado para poder expandirse mejor y sobrevivir. No apoya las limitaciones en establecimientos, porque las medidas de ventilación estaban siendo eficaces y esa resolución es “paternalista, pero es todo propaganda, “Se toman decisiones para pretender que nos protegen, pero carecen de rigor científico”. Además, muchas personas mayores tienen dificultades para descargarse el certificado de inmunidad o si el teléfono no coincide con el que tiene registrado Astursalud, se deben realizar trámites para el cambio y mientras se realizan tampoco se puede conseguir el documento.
“Se toman decisiones para pretender que nos protegen, pero carecen de rigor científico”
Por otro lado, la gran ventaja de la nueva cara de la COVID-19, más liviana y tal vez definitiva, se puede revolver y convertir en un problema, ya que la falta de vacunación en África y zonas de América Latina afecta a todo el planeta. Esta podría provocar otras mutaciones más severas y entraríamos en un bucle, con una vuelta al principio, según sostiene Suárez. Por añadidura, se debería cambiar la evaluación de las vacunas, que esta repose en las agencias nacionales y no sobre las industrias que las fabrican y que son quienes proporcionan los datos, con su negocio por medio. Encima, Villa subraya que se ha de mejorar la inmunización, pues no es viable para el sistema sanitario acudir a pincharse cada seis meses; asimismo, son necesarias “reformas de calado que en todo este tiempo no se han afrontado, como más recursos para la atención primaria, una reorganización de las residencias socio-sanitarias con revisión de las plazas libres, el número de habitaciones individuales, los lugares de aislamiento, los ratios de asistente por persona o los circuitos de limpio-sucio, sin embargo no se han abordado porque existen intereses económicos detrás”.
Mientras, según nota de prensa de 29 de diciembre del Ministerio de Sanidad, las últimas disposiciones del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) modifican los aforos para eventos deportivos, que llegan hasta el 75% en exteriores y al 50% en interiores y reducen el aislamiento de los positivos por SARS-CoV-2 de 10 a 7 días.
