La ley asturiana de Transparencia sigue en dique seco tres años después de su aprobación

"En el año 2018 era un urgencia absoluta que había que sacar adelante pero, una vez aprobada, pasó a ser un trasto incómodo del que nadie quiere hablar"

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

La Ley de Transparencia del Principado de Asturias cumplió tres años de vigencia el pasado 24 de octubre. Sin embargo, denuncian desde Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, continúa desactivada y bloqueada. “En el año 2018 era un urgencia absoluta que había que sacar adelante a toda costa pero, una vez aprobada, pasó a ser un trasto incómodo del que nadie quiere hablar“, aseguran desde la organización.

La estructura de Ley asturiana de Transparencia descansa sobre el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, en el que se debe integrar la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción. Además, según estipula la ley, el Principado de Asturias proveerá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de la ley, de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones. Ese plazo venció el 24 de junio del año 2019 y el Consejo de Transparencia sigue sin constituirse.

Sin el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no resulta posible aprobar un Plan Estratégico de Transparencia que incluya las medidas que permitan el cumplimiento de la obligaciones de transparencia de la actividad pública, e incorpore mecanismos de participación, seguimiento, control y evaluación, y de formación de los empleados públicos y de sensibilización en materia de transparencia.

Pero, además, otra de las novedades más significativas que introduce la Ley de Transparencia del Principado de Asturias, a saber, el control de los grupos de interés – lobbies- que se dedican profesionalmente a influir y condicionar la actividad la Administración, mediante la creación de un Registro público accesible desde el Portal de Transparencia, en el que deberían inscribirse obligatoriamente, y la posibilidad de sancionar la comisión de las infracciones cometidas por aquellos, también se encuentra totalmente desactivada y sin efecto al no haberse aprobado el Reglamento que regule la organización y funcionamiento del citado Registro.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que la aprobación de la Ley de Transparencia al final de la legislatura pasada respondió a una estrategia política de blanqueo mediático, en la que colaboraron de forma leal el Gobierno del Principado y los partidos de la oposición, sin ningún intención real de ponerla en marcha con la diligencia debida.

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