La Ley de Transparencia del Principado de Asturias cumplió tres años de vigencia el pasado 24 de octubre. Sin embargo, denuncian desde Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, continúa desactivada y bloqueada. “En el año 2018 era un urgencia absoluta que había que sacar adelante a toda costa pero, una vez aprobada, pasó a ser un trasto incómodo del que nadie quiere hablar“, aseguran desde la organización.
La estructura de Ley asturiana de Transparencia descansa sobre el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, en el que se debe integrar la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción. Además, según estipula la ley, el Principado de Asturias proveerá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de la ley, de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones. Ese plazo venció el 24 de junio del año 2019 y el Consejo de Transparencia sigue sin constituirse.
Sin el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no resulta posible aprobar un Plan Estratégico de Transparencia que incluya las medidas que permitan el cumplimiento de la obligaciones de transparencia de la actividad pública, e incorpore mecanismos de participación, seguimiento, control y evaluación, y de formación de los empleados públicos y de sensibilización en materia de transparencia.
Pero, además, otra de las novedades más significativas que introduce la Ley de Transparencia del Principado de Asturias, a saber, el control de los grupos de interés – lobbies- que se dedican profesionalmente a influir y condicionar la actividad la Administración, mediante la creación de un Registro público accesible desde el Portal de Transparencia, en el que deberían inscribirse obligatoriamente, y la posibilidad de sancionar la comisión de las infracciones cometidas por aquellos, también se encuentra totalmente desactivada y sin efecto al no haberse aprobado el Reglamento que regule la organización y funcionamiento del citado Registro.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que la aprobación de la Ley de Transparencia al final de la legislatura pasada respondió a una estrategia política de blanqueo mediático, en la que colaboraron de forma leal el Gobierno del Principado y los partidos de la oposición, sin ningún intención real de ponerla en marcha con la diligencia debida.
