En Asturias se quema una media anual de 10.000 hectáreas y 1.500 incendios, con altibajos en función de las condiciones meteorológicas del año de turno, pero la misma constante desde hace décadas. Algo falla, somos la segunda comunidad autónoma con mayor número de incendios en relación a la superficie forestal, únicamente superados por Galicia. Mientras en el resto del país están consiguiendo reducirlos en Asturias continuamos como siempre, o incluso peor. La actual oleada no es ninguna novedad. Estamos ante un panorama desolador, como desolador resulta la inacción de los poderes públicos. Como si los incendios fuesen un elemento estructural, propio e inevitable de nuestra región. No hay ambición por revertir el escenario.
Según las estadísticas oficiales y los informes de Fiscalía de Medio Ambiente el 80% de los incendios tienen su origen en la regeneración de pastos para el ganado. Por tanto deberíamos aplicar medidas en esa dirección, actuando sobre las causas. Buscando medidas eficaces, pero también eficientes. Es decir, y pongo un ejemplo, eliminar el combustible de los montes, como reclaman algunos, sin duda sería una medida eficaz porque dificultaría el inicio y propagación del fuego, pero sería una medida muy ineficiente porque el coste económico resultaría astronómico y desproporcionado, de varios cientos de millones de euros anuales. Por tanto, hay que buscar alternativas más sensatas y sobre todo enfocadas a combatir las verdaderas causas que provocan los incendios.
“El fuego siempre se usó como instrumento de gestión de pastos”
El primer paso debería consistir en aproximarse al mundo rural tratando de comprender el papel que siempre jugó el fuego en la cultura ganadera, lo que podríamos denominar la cultura del fuego. El fuego siempre se usó como instrumento de gestión de pastos, para deshacerse de los rastrojos de la cosecha, para limpieza de sebes y matorrales, etc. Por tanto hay que ser capaces de integrar esa cultura en las políticas de prevención de incendios. La primera medida habría de consistir en la elaboración de un mapa detallado de las “zonas calientes”, identificando uno a uno los pueblos y lugares donde se vienen produciendo incendios de forma sistemática. A continuación programar visitas y reuniones con los vecinos y ganaderos de dichos pueblos en las que se les transmitiera información seria y rigurosa sobre los efectos del fuego a corto y largo plazo. Seguidamente tratar de encontrar, de forma consensuada, las mejores soluciones y alternativas al uso del fuego en cada caso, en cada monte y en cada pueblo. Esta operación sabemos que no va a resultar fácil por la ancestral desconfianza del habitante del mundo rural hacia la Administración. Razones no le sobran. Por eso habría que ser muy cuidadosos. El programa debería ser desarrollado por gente experta en relaciones con el mundo rural. Después, las medidas a aplicar están inventadas, solo hay que consensuar con la población local la forma más adecuada de llevarlas a cabo: ordenación silvopastoral con roturación y mantenimiento de pastizales, desbroces de matorrales y monte bajo y realización de quemas controladas. Por desgracia la Consejería, desde su lógica funcionarial, no hace más que imponer requisitos y trabas burocráticas a estas actividades cuando debería hacer justo lo contrario, es decir favorecer la autogestión, el empoderamiento y el desarrollo de estas prácticas por parte de ganaderos y agricultores.
Por otra parte, es urgente una mejor investigación y persecución de este tipo de delitos. No podemos seguir con la actual impunidad. Deberíamos empezar por un cambio en el sistema de vigilancias de los Guardas de la Consejería, que actualmente consiste básicamente en colocar agentes por los montes para avistar columnas de humo y revisar incendios, cuando lo más lógico sería hacer aguardos en puntos estratégicos con el objetivo de localizar, identificar y denunciar a los delincuentes que queman nuestros montes; de hecho, el fracaso de este sistema de vigilancia se confirma con lo irrisorio de denuncias que se formulan al cabo del año pese a la enorme cantidad de delitos de este tipo que se cometen.
Por último, hay que hacer mención a una modificación legal que no ha traído más que problemas y que se debería revertir: el levantamiento de los acotados al pastoreo de las zonas quemadas. Llevado a cabo en la reforma de la Ley de Montes de Asturias del año 2017 y que contribuyó a descriminalizar y normalizar la conducta delictiva de prender fuego al monte. Ese año el parlamento asturiano dio vía libre a crear un clima de impunidad y tolerancia hacia los incendiarios. Siendo Asturias la única Comunidad Autónoma de toda España, la única región de toda la Unión Europea, en la que no se acota al pastoreo. Justo en la región donde la mayoría de incendios tienen ese origen. En ese sentido fue una irresponsabilidad y una temeridad por parte de la Junta General del Principado haber impulsado una reforma legal de estas características.
