Asturies cuenta desde 2019 con la ley 2/2019, 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa de productos alimentarios pero que vive el sueño de los justos guardada en un cajón, es decir, que no cuenta con un desarrollo reglamentario a día de hoy, que “ye’l que va a marcar el futuru del sector de la venta directa. Pero naide sabe qu’esiste la lley y los mercaos municipales nun saben qué facer cuando yos-dices”, explica Antón Cadierno Collar, de la Güerta Monga, en Nava.
Se trata de una ley que contó para su redacción con la colaboración de los colectivos implicados, que hicieron sus aportaciones a la Consejería, unas propuestas que fueron bien acogidas en un 90% por los grupos políticos con representación en la Xunta Xeneral. La ley suponía un respaldo jurídico a la venta directa de los pequeños productores, entre otros aspectos que legislaba, a los que les permite evitar intermediarios y potenciaba los productos artesanos de cercanía fomentando la relación directa entre productoras y clientes.
La norma habla de la necesidad de “reforzar las sinergias entre la producción primaria y la industria agroalimentaria para incrementar el valor de las producciones, aprovechar los beneficios económicos y sociales que la agroindustria pueden generar para el medio rural contribuyendo a su desarrollo”. También son conscientes los legisladores del incremento de la demanda por parte de los consumidores de productos agroalimentarios artesanos, “así como de potenciar la forma de comercialización que ponga en relación directa al consumidor con los productores”, de ahí el tener que legislar la venta directa en “un marco normativo sencillo y acorde con la pequeña dimensión de las instalaciones, normalmente en el medio rural”.
Así recogido en el papel queda muy bien, resulta hasta esperanzador. Pero los productores siguen esperando por ese desarrollo normativo que “ayude a qué atenerse” y qué no les deje al triste albur de las interpretaciones de cada cual. “No hay manera de retomar el tema. Hay muchas normas burocráticas que tocar para el desarrollo de la ley. Es una declaración de intenciones, pero las leyes quedan en palabras”, expone el ganadero de Llanes Xuan Valladares, portavoz de la asociación Asturias Ganadera. “Es cierto que se está intentando flexibilizar la burocracia para la venta directa y el envasado, de hecho el COPAE está en conversaciones con la Consejería de Medio Rural, y no solo para ecológico, pero la ley quedó ahí parada. La Consejería lo que hace es escuchar y hablar mucho largo y tendido, pero me parece que queda mucho trayecto aún por recorrer”, añade Noelia García Fernández, productora de huevo en ecológico bajo la marca PitaSana (Bual).
Una de las principales quejas que manifiestan es el exceso de burocracia que deja en tierra un buen número de proyectos de emprendedores en el medio rural, como los cinco años para poner un matadero de pitos ecológicos que aún no es una realidad y obliga a desplazarse fuera de la región, tres años por un catering ecológico o el caso de dos ingenieras y su fábrica de galletas en el pueblo y que tardaron dos años de papeleos, cuenta Valladares. “Debería haber un departamento que ayude, pero si te sales del protocolo, todo son trabas”, dice. “Es que a los veterinarios de la Consejería, por poner un ejemplo, les peta la cabeza con la innovación”, protesta García Fernández.
Se refieren también al hecho de crear un CEA mixto, el código de explotación agraria, en lugar de tener uno por cada especie animal o actividad. Porque afirman que las pequeñas explotaciones familiares, los tradicionales caseríos que siempre han diversificado su producción y con su producción, se ven atadas de pies y manos y se equipara normativamente a las explotaciones en intensivo con el hecho de tener cuatro vacas, seis ovejas, ocho pitas y dos yeguas junto con una pequeña huerta. “Deberían tener en cuenta a las pequeñas granjas y la necesidad de diversificar que tienen. Esta figura siempre existió en los caseríos. El modelo que alimentó a Asturias fue ése hasta que se industrializó. Debería estar protegido como patrimonio histórico. Parece mentira”, denuncia la productora de huevos de Bual.
“Es que debería haber un CEA de explotación agraria diversa y no uno para cada cosa. Es como si fuera profesional de cada, lo que supone una inversión indecorosa. No se trata de no cumplir las normas, pero no es lo mismo las medidas de control de una entrada de camiones en una explotación industrial que en mi casa. En Francia esto lo entendieron muy bien, aquí… Y a las grandes empresas tampoco les interesa promover esto”, critica el ganadero asentado en Llanes. “Nos tratan a todos por el mismo rasero. Nos regimos por las mismas normas que una granja con 200.000 gallinas en jaula mientras que nosotros, en gallina suelta, tenemos más normativa de bienestar animal”, señala desde PitaSana Noelia García.
Venta directa
En cuanto a los fines que persigue la regulación de la venta directa habla la norma de “la mejora de la rentabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias, la generación de empleo en el medio rural y su consolidación, la disminución de costes económicos, energéticos y medioambientales derivados del traslado, intermediación y venta, la posibilidad de ofertar productos alimentarios con el valor añadido que supone la proximidad, facilitando el acceso a productos locales y de temporada, y a la contribución de una economía sostenible, integrada en el territorio y sensible a los valores ambientales y sociales”. Aspectos que dejan en evidencia la realidad, manifiestan los productores.
“Son los conceyos con mercaos municipales los que van tener que usar esta lley. Nos beneficia como productores qu’hai un respaldo xurídicu agora, pero tamién hai un llimbu d’interpretación llibre, que depende de la voluntá política, como pasó nel Mercáu Social de Nava o n’El Tenderete de Cabranes”, señala Cadierno. En Cabranes hubo voluntad política, en Nava no y así desapareció, recuerda el agricultor ubicado ahora en Nava. “Ye necesario tener un criteriu común pa saber a qué atenese”.
El Mercado Social de Nava fue atacado desde el principio por el Ayuntamiento de Nava, explica Cadierno entre otras cosas porque se hacía comida in situ y aprovecharon un brote alimentario que se dio en la fábrica de Campofrío, en Burgos, para prohibirlo “por si pasaba dalgo”.
“Ún de los problemas ye’l rexistru sanitariu, qu’en verdura fresca nun hai problema, pero para la tresformación d’escedente sí. Ye lo que se busca con la diversificación: qu’el escedente de la producción pueda vendese na plaza. Asina lo plasmen les directives europees y asina lo faen en Francia y Italia, donde pues encontrar un encurtíu nel mercáu, que equí non, pero ye que equí vamos al revés de la UE, que promueve y flexibiliza”, explica el agricultor, que se refiere a los picos de producción según avanza la temporada, como ocurre con el tomate: “pedimos poder vender salsa de tomate porque, si non, hai que tiralo, porque malvendelo non; los precios tienen que ser ún tanto al principiu como al final de la temporada, non pa especular con ellos”.
Francia o Italia son referentes en venta directa de productos de pequeños productores, mientras que comunidades como Galicia, Euskadi o Cataluña son ejemplos más cercanos que ya juegan en otra liga.
Obradores colectivos
No parece que la venta de cinco botes de salsa casera de tomate suponga una peligrosa competencia para grandes marcas como Orlando. Pero por lo que cuentan sí parece que a las grandes empresas no les hace gracia iniciativas como los obradores colectivos o comunitarios, “una idea nada extraterrestre nel estáu español, con exemplos en Extremadura o Euskadi. A Nava tamién se-y reclamó un espaciu públicu vacío pa facer un obrador, pero hai un desconocimientu total de lo que permite la llexislación sanitario”, sigue contando Antón Cadierno.
“En un obrador colectivo pueden participar varios operadores con distinto registro sanitario o todos bajo el mismo, como ocurre en Euskadi con el proyecto Maskilu: todas se dedican a la conserva de verduras, cada una con un horario”, explica Verónica Sánchez, de la cooperativa Kikiricoop, en Cabranes. Este modelo recuerda al sistema comunitario de uso de los molinos de vecería o de riega de prados, donde los vecinos utilizan un bien común bajo un reparto de horarios.
Tener la opción de un obrador comunitario permite llevar a cabo la transformación de materia prima sin llevar a cabo una gran inversión, además de permitir probar si un proyecto funciona.
En el caso de Kikiricop están desarrollando el proyecto de un obrador colectivo, para el que cuentan con financiación de la Fundación Carasso, en el que participan Asturcilla, Trébole de Agua, Fungi Natur o la asociación Ablana, aunque no son los únicos colectivos que se han interesado y cuentan con el apoyo de otras entidades como ASATA. El proyecto cuenta también con un aula en la que impartir formación y hacer difusión.
Sánchez destaca que sacar un registro sanitario “le resta mucha fluidez pero en Maskilu lo lograron simplificar. Nosotros lo que propusimos lo sacamos, aunque hay mucha burocracia y Sanidad no es muy dada a innovaciones. No se dan cuenta que este tipo de iniciativas permiten dar un salto posterior a algo más grande si el proyecto funciona. Esto se hizo en Madrid, con Mares de Madrid, que apoyaba a pequeñas empresas de la Economía Social Solidaria”.
En las zonas rurales recuerda que hay gente interesada en sacar proyectos adelante, y que hay que tener en cuenta la baja densidad de población, lo que no quita para que haya proyectos productivos que necesitan que se les facilite la vida, “como con los mataderos móviles, que son otro tema”.
“A día de hoy producimos en un medio rural que se configuró para unos usos diferentes a los de ahora, y con esa lógica se crearon los servicios a los pueblos. La lógica comercial y productiva cambió, de modo que si vives en una zona configurada a la antigua abocas al despoblamiento y a otros costes, como los medioambientales”, expone Verónica Sánchez.
