Diego Álvarez Alonso es profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Oviedo. Sus áreas de investigación van desde los derechos laborales hasta la protección de la privacidad y los datos personales de los empleados, además del derecho sindical. Begoña Cueto Iglesias es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y doctora por la Universidad de Oviedo. Sus áreas de investigación son el análisis y evaluación de las políticas de mercado de trabajo, las políticas de formación ocupacional y continua y el empleo autónomo y políticas de apoyo. Además, ha realizado estancias en instituciones internacionales, como la Urbana Chapaign, en Illinois, y la Cornell University de Nueva York. Actualmente, es profesora titular en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo.
En Nortes, hemos querido consultar a Diego y a Begoña, como expertos en el mundo del trabajo, para que arrojen luz sobre la reciente reforma laboral impulsada por el Gobierno de coalición junto con los sindicatos mayoritarios y la patronal.
“Distinta”. Así define Diego Álvarez esta nueva reforma laboral. Lo es por dos motivos: está orientada hacia la recuperación de derechos de los trabajadores, y no para degradarlos, y ha sido fruto de un acuerdo del diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos, al contrario que el “decretazo” de la del PP en 2012, sin acuerdo alguno. “Desde una mirada más crítica, esta reforma es distinta, aunque se haya podido quedar corta”, concluye Álvarez.
En una línea similar, Begoña Cueto cree que esta reforma puede suponer un avance en la lucha contra la temporalidad. La profesora de Economía Aplicada sopesa: “quiero ser optimista, pero me declaro muy prudente”, ya que deben tenerse en cuenta otros factores, como la adaptación de las empresas al nuevo marco jurídico.
“Desde una mirada más crítica, esta reforma es distinta, aunque se haya podido quedar corta”
Tanto Begoña Cueto como Diego Álvarez consideran que el compromiso final tras el diálogo social no es dato menor. A juicio de Álvarez, puede ser clave, ya que las reformas laborales sin acuerdo, especialmente sin acuerdo con la patronal, “tienden a no ser muy efectivas” y condicionarían completamente un eventual cambio de Gobierno. Cueto también valora el acuerdo como un factor fundamental, además de resaltar el papel de Yolanda Díaz, quien se ha ganado “todo el mérito” con esta negociación.
No obstante, a pesar de que se modifican elementos esenciales de la reforma del PP de 2012, lo cierto es que no se rectifica al 100%. En particular, Álvarez señala la prioridad aplicativa del convenio de empresa, es decir, el hecho de que prevalezca el convenio de empresa frente al del sector. Este elemento se suprime únicamente en materia salarial. “Hay una rectificación en este elemento tan lesivo, utilizado para la devaluación salarial en la reforma de 2012, pero no se elimina completamente”, a juicio de Diego Álvarez.
Además, hay otros elementos que, a pesar de haber sido muy lesivos para los trabajadores, han quedado sin modificación. Diego Álvarez destaca tres: en primer lugar, está el caso del Artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, donde se establece que, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, como en una reorganización o una crisis empresarial, “permite a la empresa de manera unilateral modificar las condiciones de trabajo”. Esto se modificó en 2012 para ponérselo más fácil a las empresas, y se vio que repercutía en un empeoramiento de las condiciones laborales.
En relación con esto último, está el despido. En 2012, se facilitó el proceso de despido para las empresas, rebajando la indemnización y la protección a los trabajadores. A pesar de que esta nueva reforma trata de promocionar la contratación indefinida frente a la contratación temporal, además de ponerle algunos límites a los despidos, no se ha acometido de lleno esta cuestión. En tercer lugar, los “descuelgues del convenio colectivo”. Llegado el caso, si una empresa está en crisis o una reorganización, la ley permite que esa empresa “se descuelgue” temporalmente del convenio y lo deje de aplicar mientras siga en dificultades. Diego Álvarez lamenta que esta nueva reforma no haya abordado estos elementos, que han sido algunos de los “trofeos” que se ha llevado la patronal.
Esta nueva reforma laboral se enfrenta a grandes retos estructurales. Diego Álvarez analiza el cambio de paradigma en el mundo del trabajo. Desde la década de los 80, el modelo fordista, donde “todos formaban parte de la misma plantilla de una misma empresa”, integrados en una unidad, ha dado paso al modelo posfordista mediante procesos de externalización, de redes de contratas y subcontratas, etc. Este nuevo paradigma, junto con la atomización del trabajo, la robotización y la digitalización, ha transformado sustancialmente el mundo del trabajo, las relaciones entre empresarios y trabajadores e, incluso, entre los propios trabajadores. Sin embargo, a juicio de Diego Álvarez, “seguimos pensando e impulsando leyes para un mundo del trabajo conforme al modelo fordista”. Además, en este modelo posfordista se ha producido un deterioro de las condiciones de trabajo en general, y se generan barreras invisibles: en las plataformas de reparto, por ejemplo, los trabajadores están aislados, ni se conocen unos a otros. “¿Cómo van a hacer una acción sindical conjunta, si ni siquiera se conocen?”
Estos cambios han afectado mucho a los trabajadores en general; pero “muy especialmente a los últimos en incorporarse al mercado de trabajo”. Los más jóvenes se encuentran ya en un mundo laboral atomizado y desarticulado, con enormes dificultades para la acción sindical, además de su deslegitimación histórica. ¿Qué puede aportar la nueva reforma laboral a esta cuestión? A juicio de Álvarez, “intenta actuar sobre la temporalidad en la contratación y sobre el sistema de contratas y subcontratas”. No obstante, alerta: “el fenómeno de la fragmentación está aún por abordar”.
En opinión de Begoña Cueto, otro de los principales retos que tiene Asturias por delante es la juventud, quienes ya han pasado por dos crisis: la llamada “Gran Recesión” y la actual pandemia. Sin embargo, no han sido vividas de igual manera para el conjunto de la juventud: el nivel educativo y la cualificación profesional han resultado ser factores muy determinantes en este sentido. Este es un tema que inquieta a Begoña Cueto, ya que “la baja cualificación de los jóvenes es preocupante”.
La nueva reforma laboral ha introducido algunos cambios que podrían intervenir en esta situación. Para Begoña Cueto, este es el caso de los “contratos formativos”, que tienen como objetivo compatibilizar la actividad laboral retributiva con los procesos formativos. Esta parte formativa es un elemento crucial, y las empresas deben jugar un papel muy importante a la hora de valorar la formación y el trabajo realizado por los jóvenes; y esto pasa por mejorar sus condiciones laborales: “nos hemos acostumbrado a que los jóvenes pasen por periodos de prácticas con salarios muy bajos, cuando no trabajos gratuitos”.
En relación muy estrecha con esto se encuentra la Formación Profesional. Con datos en la mano, relativos a los inicios del actual curso académico, hasta un 20% más de alumnos han querido cursar un ciclo de Formación Profesional en lugar de un grado universitario. Este hecho ha venido influenciado en buena medida por el incremento de ofertas de trabajo que demandan estudiantes con esta titulación. Durante el año 2020, en España el 40,1% de las ofertas de empleo fueron ocupadas por estudiantes de Formación Profesional, y el 33,7%, por estudiantes universitarios. Por tanto, las cifras de inserción laboral son buenas para los grados formativos. “Hay que reconfigurar la orientación educativa y laboral en los propios institutos que dé valor a la formación profesional”, a juicio de Begoña Cueto. Pero esto debe ir, además, acompañado de plazas para que el alumnado pueda tener efectivamente la posibilidad de hacer Formación Profesional.
“No se está llegando a quien se tiene que llegar”
La nueva reforma laboral tiene, también, muchas tareas de futuro por delante; especialmente, aquellos relativos a problemas estructurales propios de la economía española. Este es el caso de los llamados “trabajadores y trabajadoras pobres”. Para Begoña Cueto, este asunto es de vital importancia, y habría que analizar en qué medida esta reforma contribuye a mejorar las situaciones actuales de pobreza. Según el informe AROPE, el pasado 2021 fuela primera vez que Asturias superó la media estatal de pobreza y exclusión social, con un 27’7% de la población total.
A juicio de Begoña Cueto, esto está relacionado con la dificultad que tienen ciertas clases sociales para el mero acceso a la solicitud de ayudas, como el Salario Social Básico, en Asturias, o el Ingreso Mínimo Vital, a escala estatal. Con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), desde la entrada en vigor del IMV, en junio de 2020, en Asturias se han hecho 29.009 peticiones válidas, de las cuales 23.800 han tenido respuesta. Sin embargo, el 60% del total son rechazadas: 9.310 aprobadas, frente a 14.130 respuestas negativas. Y hay una cifra no menos importante: hasta 5.209 solicitudes siguen a la espera de tramitación. A estas personas no solo no les llegan los beneficios de las mejoras en el mercado laboral, según Cueto, sino que no tienen ni la posibilidad de acceder a los mecanismos de ayudas estatales, muchas veces complejos. “No se está llegando a quien se tiene que llegar”.
“Hace falta una reforma laboral para el siglo XXI”
Esto tiene, además, acento de género: la feminización de la pobreza es un hecho. Los datos lo evidencian: en Asturias, en 2021, ha habido un aumento de 20.000 mujeres más en situación de pobreza en un año. Esto contrasta con los 6.000 hombres más en esta situación. “La perspectiva de género debe estar presente en el diseño de cualquier tipo de política”, en palabras de Begoña Cueto. A pesar de que hay medidas que tratan de luchar contra esta situación, no debe olvidarse este análisis, especialmente a la hora de valorar los éxitos y los fracasos de la nueva reforma laboral.
El futuro del mundo del trabajo, a juicio de Diego Álvarez, pasa por “una modificación de las reglas sobre representación de los trabajadores y representatividad sindical”, ya que están “muy anticuadas” y “pensadas para el modelo fordista”. Además de este elemento, que “se ha quedado en el tintero”, Álvarez concluye planteando que se debe ir más allá: “hace falta una reforma laboral para el siglo XXI”.
