Las investigadoras Laura Cabeza y Silvia Ansón realizaron en el año 2005 un informe demoledor sobre la ola de privatizaciones de las empresas públicas españolas entre los años 1985 y 2000. De sus conclusiones se extraía que no se podía demostrar que esas empresas, tras la privatización, mejoraran los niveles de rentabilidad, eficiencia, ventas, nivel de empleo, o productividad, en comparación con el período anterior. Unas conclusiones que cuestionaban el argumento que sirvió como base para privatizar nuestras empresas públicas estratégicas: iban a ser más eficientes y eso mantendría el empleo. No fue así. Tres décadas más tarde, tras miles de despidos y la evasión a otros países de sus beneficios, vemos que de esas privatizaciones sólo ganaron las multinacionales y directivos amigos de los gobiernos del PP y PSOE. Un ejemplo: de la venta de Inespal a Alcoa, por 380 millones de euros, se descontaron 200 por el pago de deudas anteriores y 100 más tras las reclamaciones de la compañía. Con el conjunto de la operación, el Tribunal de Cuentas en 2006 señaló que la operación supuso unas pérdidas para el Estado de 456 millones de euros. Para hacernos una idea del desastre, sólo entre 1998 y 2014, la empresa obtuvo 1.490 millones de euros de beneficios.
En 2022, las privatizaciones de antaño se han convertido en una oleada de venta de estas factorías a fondos de inversión internacionales, fondos buitre y empresas dedicadas a la liquidación de los activos industriales. Un proceso que sólo se frena cuando el gobierno afloja la chequera con multimillonarias inversiones públicas, como los planes de 1.000 millones de euros de inversiones en la acería verde de Arcelor para frenar futuras deslocalizaciones.
Pero no son sucesos caídos del cielo, sino completamente previsibles. Siempre se repiten las tres mismas fases en los procesos de deslocalización y cierre, como explicaba hace un año. En primer lugar, una multinacional (Alcoa) quiere cerrar una fábrica en un país donde considera que su personal tiene salarios elevados, muchas veces tras recibir cuantiosas subvenciones, que han sido derivadas a otros países y paraísos fiscales. Como muchas veces existe movilización social y presión política para frenar el cierre, la empresa opta por un cierre dilatado en el tiempo, librándose de las responsabilidades legales a través de un intermediario. A cambio, se compromete a mantener un tiempo las compras y apoyo a la nueva empresa.
“EL OBJETIVO REAL DEL FONDO ES OBTENER BENEFICIOS INMEDIATOS Y SALIR DE LA COMUNIDAD CUANTO ANTES, SIRVIENDO DE PARAPETO LEGAL Y DE IMAGEN PÚBLICA A LA MULTINACIONAL”
Así, en una segunda fase, aparece un fondo buitre (Parter Capital) de la mano de esa multinacional. Esos especuladores, cuyo proyecto industrial y nuevas inversiones suelen ser una farsa, muchas veces recibe también dinero de la multinacional por comerse el marrón. Es decir, recibe dinero, no paga, por comprar las factorías. Siempre son presentados como un honorable fondo de inversión con un plan industrial para revitalizar la factoría y generar un futuro en el medio plazo, a pesar de que suelen tener sentencias judiciales adversas. Cojan a una pandilla de inversores de los centros financieros británicos, suizos o luxemburgueses, métanles en un avión privado con destino a Ranón, háganles una recepción fastuosa de políticos locales a lo Bienvenido, Mr. Marshall y ya tenemos un fondo buitre legitimado. No lo olviden: los fondos buitre solo se legitiman gracias a los acuerdos que las administraciones firman con ellos. ¿Sabe que un vampiro, en las leyendas, sólo puede entrar a una casa si le invitan? En los tiempos en que surgieron esos mitos, se creía que la entrada de la casa tenía propiedades protectoras y que no la podían cruzar los malos espíritus. Por eso los vampiros no podían entrar sin invitación. ¿Pero quién sería tan estúpido como para invitar a su casa a alguien que le va a chupar la sangre? Pues, sin embargo, sucede en esas fábulas. Exactamente igual que en nuestras relaciones con los fondos buitre. Y es que el objetivo real del fondo es obtener beneficios inmediatos y salir de la comunidad cuanto antes, sirviendo de parapeto legal y de imagen pública a la multinacional.
En la tercera y última fase es lógico que el fondo buitre, tras obtener un dividendo en su inversión, busca salir de esa operación y lleva a cabo la venta a un grupo de liquidadores (Grupo Riesgo), normalmente con una brillante hoja de servicios en operaciones fraudulentas: “Piensen en una banda de delincuentes, cómprenles trajes de Armani y costosas tarjetas de visita y ¡voilá! Su historial de insolvencia y fraudes es épico, lo que les obliga en ocasiones a buscar testaferros o sociedades instrumentales, etc.” Los liquidadores venden lo que pueden, realizan impagos a trabajadores, piden créditos que no pagarán… Mientras intentan evitar las responsabilidades legales futuras. Este proceso se repite, una y otra vez, en el tiempo, sea en Alcoa, en Tenneco o en cualquier otra; y, es más, se extiende a los sectores del Estado del bienestar.
Cualquier observador externo es capaz de oler esta secuencia a kilómetros. Por eso, quizás lo más llamativo es la supuesta candidez de los gobiernos cuando tienen lugar estas situaciones. Tras llegar con los fondos buitre debajo del brazo y vender estas inversiones como “una gran noticia para el mantenimiento del empleo”, meses después y tras decenas de ruedas de prensa eufóricas, cariacontecidos y cuando se avecinan cierres y despidos, señalan que “hemos sido engañados”. Decía el grupo de rock Barricada que “una mentira agradable es muy fácil de creer”. La muerte dulce.
“EL PETROMOCHO DEL SIGLO XXI YA NO SON FALSAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS, SINO LOS AVALES DE LOS GOBIERNOS A LA LLEGADA DE FONDOS DE INVERSIÓN ESPECULATIVOS”
El petromocho del siglo XXI ya no son falsas prospecciones petrolíferas, sino los avales de los gobiernos a la llegada de fondos de inversión especulativos, permitiendo en la práctica procesos de desmantelamiento y despidos masivos como hemos visto en Alcoa y en Tenecco. ¿Y es que alguien en su sano juicio podría pensar que las inversiones de Mr. Buitre, un fondo de inversión con sentencias judiciales contrarias en los países de nuestro entorno, iba a garantizar la actividad productiva y el empleo futuro? Evidentemente, no (aunque nunca debemos minusvalorar la falta de conocimiento y bisoñez de nuestros gestores ante estos procesos). ¿Cuál es la utilidad entonces? Ganar tiempo, tiempo político, tiempo electoral. Pasar el marrón al siguiente, tras asumir que en realidad no pueden hacer nada sin saltarse los consensos económicos actuales. Cuando empiecen a hablar de reuniones, mesas, búsqueda de inversores… Máxima alerta porque sólo será un desmantelamiento en diferido de nuestra industria.
Si el modelo de fondos de inversión especulativos no es la solución para nuestra industria, es urgente impulsar una alternativa. Es utópico, vender humo, y hablar de unicornios, esperar que en medio de un proceso de desmantelamiento aparezca algún inversor privado que tire por la empresa (y que vaya más allá de las tres fases de salida, especulación y cierre, regadas con dinero público nuevamente). Sólo la SEPI, la participación pública estatal en la industria estratégica, puede romper esa cadena y convertirse en un inversor viable. Pero esa participación no debe basarse en sanear las empresas para regalar a nuevos fondos de inversión, en regar con fondos europeos sin condiciones o en entrar en exclusiva en empresas en crisis, sino por romper esa rueda, definir a qué empresas estratégicas han de dirigirse las inversiones, asegurando influencia en las decisiones empresariales y reparto de los beneficios obtenidos. Por eso urge cambiar nuestra política industrial. No hay solución para la crisis de Alcoa sin la intervención pública. Y esa intervención debe ser inmediata o cientos de familias esta semana pueden perder para siempre su empleo. Sólo así salvaremos nuestra industria.
