¿Cómo reconocer a un fondo buitre delante de tus narices?

Hagamos un ejercicio para reconocer a un fondo buitre y saber cómo lleva a cabo en tres fases un desguace industrial planificado.

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Daniel Ripa
Daniel Ripa
Es psicólogo social, diputado y secretario general de Podemos Asturies.

Deslocalizaciones, amenazas de cierre, fondos de inversión, reparto de dividendos… Tenecco, Vauste, Vesuvius, Alcoa, Fertiberia, Mittal, Viesgo, EDP, Telecable, AZSA-Glencore… copan noticias económicas en los últimos años en medios asturianos. Hagamos un sencillo ejercicio para reconocer a un fondo buitre cuando lo tienes delante de tus narices y saber cómo lleva a cabo en tres fases un desguace industrial planificado.

Fase 1: Good bye Asturies.

Una multinacional quiere cerrar una fábrica en un país donde considera que su personal tiene salarios elevados, muchas veces tras recibir cuantiosas subvenciones y apoyo público. A veces lo consigue fácilmente y cierra. Si es así, olviden el resto del artículo. En otras ocasiones, no puede marchar de inmediato: se trata de una industria cuya salida provoca un impacto económico muy alto, hay una gran la movilización de los trabajadores o existe la presión política (más bien, presión de la gente que amenaza a sus políticos con darles una paliza como no hagan algo). ¿Recuerdan el encierro de los trabajadores de Tenecco durante meses en la fábrica? ¿Y el apoyo del entonces responsable de la Comisión Europea, Tajani? ¿Recuerdan las masivas movilizaciones contra el cierre de Alcoa, la antigua Inespal, y las declaraciones sudorosas del gobierno autonómico y estatal? Estas resistencias pueden forzar a la multinacional a retrasar su decisión, y hacerle buscar una salida que evite sanciones económicas, devolución de subvenciones o pérdida de legitimidad social. Pero tiene truco: la solución es un cierre dilatado en el tiempo

Fase 2: Bienvenido Mr. Buitre. 

Tras la imposibilidad de un cierre fulminante, la multinacional busca un fondo buitre que le ayude a deshacerse de su “problema”. ¡Ojo a esto! El fondo buitre rara vez dice que es un fondo buitre. Suele presentarse como un honorable fondo de inversión con un plan industrial para revitalizar la factoría y generar un futuro en el medio plazo. Imagínenlo: Cojan a una pandilla de inversores de los centros financieros británicos, suizos o luxemburgueses, métanles en un avión privado con destino a Ranón, háganles una recepción fastuosa de políticos locales a lo Bienvenido Mr. Marshall y ya tenemos un fondo buitre legitimado. 

El acuerdo suscrito por el fondo buitre y la multinacional suele ser secreto -solo ahí revelan sus verdaderas intenciones- y estar bendecido por los poderes públicos, que se quitan de encima el problema de la pérdida de puestos de trabajo… al menos hasta la siguiente legislatura. A cambio, las administraciones no ponen demasiado celo en supervisar el cumplimiento de los acuerdos y aceptan cierta represión sindical. ¿Qué implica ese acuerdo? Habitualmente, el fondo buitre recibe recibe dinero de la multinacional por asumir este marrón, pero también subvenciones de las administraciones públicas. A cambio se compromete a garantizar el empleo y la producción. Ahí está el truco. Esa garantía tiene fecha de caducidad (2 años en el caso de Alu Ibérica, 3 años en el caso de Tenecco-Vauste) y el proyecto industrial del fondo buitre tiende a ser una farsa: Ni invierte ni desarrolla nuevas líneas de producto, porque su objetivo es obtener beneficios inmediatos y salir de la comunidad cuanto antes. Recuerden: beneficios rápidos es igual a ascenso meteórico del gestor de inversiones suizo o inglés. 

Fase 3: Esta casa es una ruina. 

Cuando el plazo comprometido por el fondo buitre está a punto de expirar, es hora de mover ficha: el fondo de inversión respetable deja de serlo y urgentemente busca la venta de la empresa. En Alcoa (Alu Ibérica), 9 meses antes de cumplirse el período mínimo de mantenimiento del contrato. En Vauste, a 6 meses de finalizar el acuerdo de producción con Tenecco. Es la hora de recoger beneficios y para ello negocia, en secreto, la venta a una empresa liquidadora que se encarga de rematar el trabajo sucio: despidos por falta de viabilidad, extracción de créditos, concursos de acreedores que dejan multitud de deudas… A cambio de hacer el trabajo sucio, el fondo buitre paga a esta empresa. ¿Cómo reconocer a una empresa liquidadora? Por su historial fraudulento: Piensen en una banda de delincuentes, cómprenles trajes de Armani y costosas tarjetas de visita y ¡voilá! Su historial de insolvencia y fraudes es épico, lo que les obliga en ocasiones a buscar testaferros o sociedades instrumentales, etc… ¿No es extraño que la empresa propietaria de Vauste -NMR- use varias sociedades instrumentales y que la mujer del propietario se haga presuntamente acreedora de la compañía horas antes de solicitar un concurso de acreedores, según ha denunciado la CSI? ¿No es extraño que el portavoz de la nueva propietaria de Alu Ibérica, el Grupo Riesgo, fuera un experto en insolvencia fraudulenta de empresas? 

Pero hay una característica de esta fase: Fast is better. Y para actuar rápido solicitan créditos sobre la propiedad (terrenos, edificios) a los bancos que derivan a otras sociedades del grupo, extraen maquinaria de la fábrica para revenderla, realizan despidos mientras siguen prometiendo grandes inversiones a la administración pública (en Alu Ibérica, prometieron 25 millones pero sólo invirtieron 25.000). Administración que no se entera de nada hasta que llega la quiebra… pero ya no hay nadie a quien reclamar deudas, sólo testaferros que carecen de propiedades a embargar. El negocio no es mantener la viabilidad sino consumar la quiebra obteniendo todos los beneficios posibles por el camino. 


Tenemos una ventaja: dejan pistas y el olor se distingue a kilómetros. La propiedad de Vauste despidió a 60 de sus 130 trabajadores anunciando un plan de viabilidad para, un mes más tarde, suspender los pagos y comenzar a achatarrar la materia prima. El pasado mes de febrero el periódico Asturias Diario publicó el historial de testaferros y sociedades en Costa Rica, condenas de cárcel y acciones fraudulentas de su propietario. En Alu Ibérica, lo que todos los trabajadores sabían de sus nuevos dueños tras denunciar CCOO el intento de achatarramiento del material y de la materia prima de la fábrica, Grupo Riesgo, finalmente también lo descubrió la policía que registró el 4 de Marzo de este año las instalaciones y ha realizado detenciones por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. 

El pinball asturiano

Recuerden la historia de Telecable. Un fondo de inversión especulador, Carlyle, compra en 2011 una empresa propiedad pública (de Cajastur) por 340 millones de euros. En 2013 el fondo buitre pide un préstamo de 200 millones que los usa para repartir 209 millones en dividendos. Dos años más tarde se vende a otro fondo buitre británico (Zegona) por 640 millones que lo revende al poco Euskaltel, tras ganar 46 millones de euros en la operación. Como en un pinball, la propiedad pasa de unas manos a otras mientras se expolia el patrimonio, se precariza o despide a la plantilla y se ven volar de Asturies los beneficios industriales. 

Lo hemos visto en más empresas. Hidroeléctrica del Cantábrico, cuyo principal accionista también era Cajastur, pasó a manos de los portugueses EDP y la cartera de clientes a Francia (Total), mientras Viesgo pasó por manos de Italia (Enel), Kuwait (Kuwait Investment Authority) y Australia (Macquarie), antes de ser comprada por 2.700 millones por EDP, cuyo accionista de referencia a su vez es el consorcio chino Three Gorges Corporation. Otro caso de  empresa pública en manos de fondos de inversión es Fertiberia, que fue vendida a Villar Mir y luego al fondo alemán Triton por unos 200 millones de euros, todo ello sin contar la joya de la corona industrial asturiana, Arcelor, en manos del magnate indio Mittal y donde los sindicatos han alertado de cientos de despidos en los últimos meses que han puesto en riesgo la seguridad en la planta. Dejar la propiedad de nuestra industria en manos exclusivas de los especuladores es una idea terrible. En el mejor de los casos, inversores sin escrúpulos exprimirán hasta el último céntimo a costa de los trabajadores y de la viabilidad futura de esas fábricas. En el peor, acabarán en manos de piratas, delincuentes y desguazadores. ¿Y si cambiamos esta inercia? 

Epílogo: Nada es inevitable

Lo que nos sucede no es una maldición bíblica sino las consecuencias económicas de la fase del capitalismo en el que nos encontramos, que donde todo tipo de fondos buitre realizan inversiones por debajo del precio de mercado para luego obtener elevadas rentabilidades, entrando en grandes empresas cotizadas y forzando la escisión de las mismas o la venta de activos no estratégicos con los consiguientes despidos de trabajadores. Es el patrón de decenas de empresas en nuestro país y está claro qué hacer: recuperar el control de nuestra industria y acabar con la incertidumbre. 

La administración debe llevar a cabo un seguimiento de empresas en manos de fondos buitre y de multinacionales por si realizan estrategias similares, impulsando un estudio sobre la estructura de propiedad en el capital social de las principales empresas asturianas y sobre la presencia de los fondos de inversión en el capital, detectando posibles riesgos de deslocalización industrial. Hemos de asegurar que nuestros gobiernos entiendan el funcionamiento de estos fondos, pero también nuestra sociedad civil: sindicatos, asociaciones, ayuntamientos….  

Otras medidas son clave: Perseguir deslocalizaciones y recuperar las subvenciones concedidas a empresas que pretendan cerrar. Prohibir cualquier tipo de ayuda pública a empresas participadas por fondos buitre que operan en paraísos fiscales y no están sujetos a ningún tipo de control ni a tributación alguna. Condicionar las ayudas a contratos de permanencia de largo plazo (mínimo diez años), al mantenimiento del empleo, a la inversión en mejoras tecnológicas o a la prohibición de reparto de dividendos. Y, finalmente, afrontar una intervención pública en el sector industrial, que asegure la estabilidad de nuestro tejido productivo. La participación pública, con más de 100 millones de euros, en Duro Felguera, tanto por medio de la SEPI como del gobierno autonómico, muestra que sí se puede y que esas inversiones no deben ser temporales sino permanentes y sometidas al control social. Nos va el futuro en ello.

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