Son tiempos convulsos para la economía, no sólo en España. La pandemia ha puesto en una situación especialmente complicada a muchas empresas, y amenaza miles de puestos de trabajo. En algunos casos, poco se puede exigir al Gobierno: la amenaza de una crisis de estas características podía ser más o menos previsible, pero era imposible adivinar cuándo y cómo se produciría. En otros, en cambio, el coronavirus no es más que una película de fondo.
Ese es el caso de Alcoa. El conflicto, que viene ya de lejos, estalló mucho antes de que hubiéramos oído hablar siquiera del coronavirus: cuando, allá por el final del 2018, la empresa anunciaba su intención de echar la persiana, el SARS-COV-2 ni siquiera existía. Desde entonces, los trabajadores – y las comarcas afectadas – han vivido una particular penitencia caracterizada por la constante inseguridad.
Mientras la planta de Avilés y la de La Coruña han acabado en manos de Riesgo, un grupo de inversión de dudosa fiabilidad, la planta de San Cibrao, Lugo, sigue siendo propiedad de la multinacional estadounidense, que amenaza ahora con 534 despidos que reducirían la plantilla a casi la mitad. Un movimiento así, denuncian los trabajadores, anticiparía un posible cierre: Alcoa terminaría de este modo lo que empezó hace casi dos años, dejando tras de sí un erial en el sector del aluminio español.
A medida que va crecido la incertidumbre, y que resultaba más improbable la aparición de un inversor sorpresa que pueda garantizar el futuro industrial, también lo han hecho las exigencias de una intervención directa por parte del Estado. Hablamos de unas empresas con varios miles de puestos de trabajo, con potencial para ser viables económicamente con una inversión de capital público no excesiva, y que son además las únicas que producen aluminio en toda España, una actividad industrial básica que no es excesivamente dependiente de patentes y transferencias de tecnología. Estas características le dan un perfil que se ajusta bien al tipo de ‘empresas estratégicas’ que deben jugar un papel fundamental en la reorganización industrial del país. A pesar de todo, casi dos años después de la decisión de la multinacional norteamericana de dejar España, las plantas de Alcoa siguen camino del patíbulo.
¿A qué están esperando en el Consejo de Ministros? Que un gobierno del PSOE en solitario se negara a nacionalizar las plantas, a pesar de lo ilógico y absurdo de esa decisión, entra dentro de lo esperable. ¿Pero por qué no lo hace un gobierno de coalición, en el que participa Unidas Podemos? Si hay un asunto en el que merece la pena plantarse, y presionar todo lo necesario, es este. Las consecuencias del cierre de Alcoa, más allá de las evidentes e inmediatas – la pérdida de cientos de empleos, un mazazo económico para la provincia de Lugo, el daño irreparable a la producción española de aluminio – son críticas para la izquierda.
Si se permite el cierre de las plantas, si, a pesar de existir mecanismos legales, a pesar de contar con el apoyo de la plantilla, a pesar de todo lo que está en juego, el Consejo de Ministros decide mirar para otro lado, ¿qué mensaje estamos enviando a todos los trabajadores que se vean en una situación similar? ¿Por qué habrían de votar los obreros, preocupados por sus puestos de trabajo, a una izquierda que no es capaz de ofrecer una alternativa a la lógica de mercado?
En un momento político en que esta izquierda – acosada y amenazada por la ofensiva neoliberal y por la nueva ultraderecha – busca una identidad, un programa, un proyecto propio, no podemos permitirnos desaprovechar la oportunidad que nos ofrece el conflicto de Alcoa para demostrar que hay vida más allá de la lógica del máximo beneficio. No hacerlo supondría reforzar ante los trabajadores la idea de que la iniciativa privada es el único marco en el que puede funcionar la economía. Y, si la iniciativa privada no tiene rival, es inevitable que se siga extendiendo entre los trabajadores la idea de que lo mejor, por tanto, es votar y apoyar a aquellos que hacen que ‘los mercados’ se sientan cómodos. Ya saben, desrregulación, flexibilización, menos impuestos… Al fin y al cabo, no hay alternativa, ¿no?
