La nueva Ley de Residuos contradice el proyecto de incinerar basuras en La Pereda

La legislación aprobada en el Congreso supone una enmienda a la totalidad a la estrategia del Principado, que sigue apostando por la incineración.

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Pablo García
Pablo García
Es sociólogo, vecino de Llangréu y activista del Conceyu pola Transición Xusta.

La Unión Europea acordó hace más de una década que todos los países miembros debían reciclar en 2020 el 50% de sus residuos municipales. Pero en 2020, España estaba en el 36%, según los datos de Eurostat. Ese año en Asturias se recogieron de manera separada el 30% de los residuos de envases generados, 57.767 toneladas, mientras que se enterraron en el vertedero de COGERSA el 70% de los residuos de envases susceptibles de reutilización y reciclaje, es decir, se desecharon 128.000 toneladas de papel/cartón, vidrio y envases ligeros (brick, botellas de plástico y latas). Cantidad que sumada a las135.000 toneladasde materia orgánica que también fueron al vertedero, hace que en Asturias fueran desechadas más de260.000 toneladas de materias primas aprovechables mediante reciclaje y compostaje, según el informe “Estado de la gestión de los residuos domésticos en Asturias, 2020” de la Unión de Consumidores.

Es para terminar con situaciones de nefasta gestión de los residuos domésticos, como la que se produce en Asturias, que la Unión Europea ha hecho explicita la voluntad penalizar la incineración y los vertederos, establecido objetivos más ambiciosos de recuperación de materias primas, de manera que en 2030 se deberá reciclar el 60% de los residuos domésticos y en 2035, el 65%. Sin olvidarnos de que desde el año 2008 (¡Hace 14 años!) se deberían estar reciclando entre el 55% y 80% de los residuos de envases, es decir, entre 25 y 50 puntos porcentuales más de los envases y embalajes que se recogen de forma separada actualmente en Asturias.

“desde el año 2008 se deberían estar reciclando entre el 55% y 80% de los residuos de envases”

Por ello, la nueva Ley de Residuos, aprobada el pasado 31 de marzo por el Congreso, representa una importante oportunidad para reorientar el rumbo de la gestión de residuos hacia la prevención, la reutilización y el reciclaje. Una de las mejores medidas que incluye la nueva Ley de Residuos es que por fin se prevé implantar un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases al comercio, lo que conocíamos como “devolver el casco”, reintegrando a las consumidoras la cantidad cobrada por el envase, como se hace en más de 40 países y regiones del mundo con objetivos de recogida separada superiores al 90% de los envases generados.

Valla de Podemos Asturies contra la incineradora. Foto: Iván G. Fernández.

A destacar otras dos importantes medidas para reducir lo que se envía a tratamiento finalista (vertedero o cualquier tipo de incineración): a partir de ahora la materia orgánica de origen doméstico deberá recogerse de forma separada para su tratamiento mediante compostaje. Prohibiéndose la quema, con o sin valorización energética, y el depósito en vertedero de cualquier tipo de residuos recogidos de forma separada para la reutilización y reciclado.

Asimismo, se ha conseguido la erradicación de 10 utensilios de plástico de un solo uso como pajitas, cuberterías de plástico, bastoncillos de los oídos, etc. Así como que antes de que acabe 2023 los supermercados de más de 400 metros deberán dedicar al menos el 20% de su superficie a la venta de productos sin embalaje, es decir, a la venta de productos a granel.

“Se ha conseguido la erradicación de 10 utensilios de plástico de un solo uso”

Otro de los logros de la Ley de Residuos aprobada es que estará prohibida la utilización de productos químicos como los disruptores endocrinos en los envases; compuestos que no provocan toxicidades agudas, pero sí una toxicidad crónica como resultado de pequeñas dosis diarias cuando se usan en los envases alimentarios. Al igual que se prohíbe que se destruyan los “excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos”, destinándose dichos excedentes a canales de reutilización, incluyendo su donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización.

Adrián Pumares de Foro junto a un grupo de vecinos de La Pereda, Mieres.

Por último, resaltar otro tema importante incluido en la nueva Ley de Residuos, que interpela particularmente al Gobierno de Asturias y su estrategia de quemar residuos domésticos. Se trata de la penalización del abuso de los tratamientos finalistas, como es caso de los vertederos y la incineración. Por ello, se crea un impuesto verde, una medida que surge de una recomendación que la Comisión Europea realizó a España en 2018 ante las bajísimas tasas de reciclaje que tiene el país. Así, la Ley establece que se devengará un nuevo impuesto que grava el depósito de los residuos en el vertedero y la incineración o coincineración de residuos, esto es, “toda instalación cuya finalidad sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y que utilice residuos como combustible habitual o complementario”.

Con este nuevo marco que establece la Ley de Residuos, ¿Se puede seguir en Asturias con el actual modelo de gestión de los residuos domésticos? ¿Es coherente seguir adelante con el objetivo de fabricar, como mínimo, 86.000 toneladas de Combustible Sólido de Residuos (CSR) para su incineración en la Central Térmica de La Pereda (Mieres) y otras instalaciones como cementeras y hornos industriales, como se prevé en el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (PERPA 2017 – 2024)?

La fabricación de combustible de residuos (CSR) va en dirección contraria a la nueva Ley de Residuos, en cuyos artículos 24 y 25 se establece que “Las autoridades competentes, en sus respectivos ámbitos, promoverán el reciclado de alta calidad, de forma que se obtengan productos y materiales con calidad suficiente para sustituir a las materias primas vírgenes en procesos industriales”. “Para facilitar la preparación para la reutilización y el reciclado de alta calidad”, las entidades locales establecerán la recogida separada de papel, metales, plástico y vidrio; los restos de comida (biorresiduos) de origen doméstico en todos los municipios antes del 31 de diciembre de 2023 y los residuos textiles y los aceites de cocina usados antes del 31 de diciembre de 2024.

La utilización de los residuos para ser quemados -el CSR es una manera de introducir la incineración por la puerta de atrás- tiene graves consecuencias e impactos para el conjunto de la sociedad y el medio ambiente. En primer lugar, la fabricación del combustible de residuos compite con el reciclaje por los mismos recursos, que de ser reintroducidos en el proceso de fabricación de envases y embalajes supondría importantes ahorros de materias primas cada día más escasas.

En segundo lugar, la quema de CSR genera la emisión de algunas de las sustancias más tóxicas que se conocen (las dioxinas y furanos), asociadas a la presencia de plásticos en el combustible y sin tecnología conocida que evite su liberación a la atmósfera, con graves riesgos para la salud de la población puesto que se trata de sustancias que no se degradan en el medio y se acumulan en los tejidos grasos de las personas.  

En tercer lugar, la fabricación de CSR alienta la mezcla de los residuos, puesto que si se van a quemar ¿Qué sentido tiene tomarse la molestia de separar en los hogares? Con lo cual se envía un mensaje muy negativo a la ciudadanía, contrario a la separación y el reciclaje.

Por todo ello, ¿Qué sentido tiene que la empresa pública Hunosa y el Ministerio de Industria sigan adelante con el proyecto de incinerar residuos en la Central Térmica de La Pereda para generar una mínima cantidad de energía, en comparación con el ahorro que supondría dedicar las materias primas recuperadas a su empleo en procesos industriales de fabricación de envases y otros bienes?

En lo que toca al Gobierno de Asturias ¿Estará dispuesto a despertar de su letargo? En condiciones normales no, de hecho en Asturias llevamos más de 25 años incumpliendo la Ley de Envases y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, la entrada en vigor de esta nueva Ley de Residuos, la conciencia creciente sobre la escasez de algunos recursos, el incremento de los precios de las materias primas y unas elecciones municipales y autonómicas a un año vista, deberían servir para hacer algo nuevo. Por ejemplo, poner en marcha una Mesa de Dialogo entre la administración autonómica, los ayuntamientos, las fuerzas políticas y las organizaciones de defensa del medio ambiente, vecinales y de los derechos de las personas consumidoras, con el objetivo de acordar medidas que maximicen la reducción, reutilización y reciclaje.

Dialogo que debiera culminar con una revisión, a corto plazo, del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (PERPA 2017 – 2024), única manera de frenar el irracional proyecto de quemar unos residuos cada día más valiosos. No pierdo la confianza en que con la actitud proactiva de vecinos, ecologistas y personas consumidoras, consigamos convencer a las fuerzas políticas que apoyaron el vigente Plan Estratégico de Residuos de la urgencia de su revisión, y de hacerlo con el mayor acuerdo.

Hay que repasar todo lo hecho, poner en práctica lo que sabemos que funciona y aplicar lo que nos exige la nueva Ley de Residuos. No podemos seguir con un modelo que da la espalda a la economía circular, que en lugar de avanzar en el Residuo Cero los desechos son un problema económico, social y ambiental cada día más grave, y que sí o sí está obligado a cambiar.

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