Impuestos verdes: Necesarios, pero no suficientes

La revuelta de los "chalecos amarillos" contra una ecotasa puso de manifiesto los problemas de este tipo de medidas en un escenario de desigualdad social.

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Cuando el gobernador del Banco de España reconoce que “la política fiscal debe desempeñar un papel preponderante en la gestión del cambio climático”, es que esto de los impuestos verdes debe ser algo serio. Cada vez con más frecuencia oímos hablar de la necesidad de introducir nuevos impuestos verdes para atajar la contaminación o el cambio climático, pero ¿sabemos en qué consisten y cómo se están aplicando?

¿Qué son los impuestos verdes?

Los impuestos verdes son aquellos que se aplican sobre actividades o materiales que tienen un impacto negativo sobre el medioambiente. Son, por ejemplo, los que afectan a la energía, los carburantes, el transporte, la contaminación y el uso de determinados recursos.

La idea que subyace detrás de estos impuestos es que su aplicación sirva para desincentivar comportamientos que tienen consecuencias negativas desde el punto de vista ambiental o sanitario.

¿En qué se basan los impuestos verdes?

Estas figuras impositivas se construyen a partir de la noción económica de “externalidad”. Decimos que existe una externalidad cuando una actividad de producción o consumo tiene un efecto indirecto en otras actividades de consumo (afectando al bienestar) o producción (afectando a los beneficios), y ese efecto no queda reflejado en los precios. Las externalidades son positivas cuando la acción de una de las partes beneficia a otra, y negativas cuando la acción de una de las partes tiene costes sobre la otra.

Cuando una empresa impone un coste social externo, el razonamiento es que debería establecerse un impuesto por unidad igual a los costes que genera cada unidad adicional producida, de manera que el impuesto sea exactamente igual al daño marginal.

¿Cómo se están aplicando los impuestos verdes?

En España la fiscalidad verde se ha desarrollado principalmente a escala local y autonómica. Un ejemplo lo constituyen las tasas de alcantarillado y basuras. En el año 2019 se recaudaron unos 22.000 millones de euros en impuestos ambientales, lo que supuso un 1,8% del PIB, por detrás de la media europea, que se encontraba en el 2,4%.

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón. Foto: C. Santos

En Asturias se aplican varios impuestos ambientales. Desde 1994 se aplica uno sobre el consumo de agua, el actual Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua, que busca su uso racional y la obtención de recursos para proteger y restaurar el medio acuático como consecuencia de los vertidos contaminantes. Existe otro impuesto que grava el riesgo de alteración o deterioro causado por la distribución  de energía eléctrica y las redes de comunicación, el llamado Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden sobre el medio ambiente. Desde el año 2002 se gravan en Asturias las consecuencias negativas sobre el territorio y el medioambiente causadas por la implantación de grandes superficies, a través del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. Sorprendentemente, en una de las regiones españolas con mayor contaminación, no existe ningún impuesto sobre las emisiones contaminantes de la industria.

A pesar de que la recaudación de estos impuestos supone el 84% del total de lo obtenido por tributos propios en Asturias, los ingresos obtenidos tienen un peso irrelevante sobre el total de los ingresos tributarios de la región (2,87% en 2017).

¿Son efectivos los impuestos verdes?

Según algunos estudios, la valoración de estas figuras tributarias ha sido negativa, dado que responden más a razones recaudatorias que a mitigar los efectos sobre el medioambiente, su diseño hace que tengan limitaciones a la hora de modificar conductas nocivas y hay conflictos competenciales entre las distintas administraciones.

La revuelta de los chalecos amarillos en Francia, fruto del malestar causado por el aumento del precio del carburante, puso en el candelero los efectos de los impuestos verdes en un escenario de aumento de la desigualdad que se vive en los países desarrollados.

“es complicado diseñar impuestos verdes que afecten proporcionalmente a quienes más contaminación causan”

Está claro que al Rey emérito le importaba un bledo si el keroseno que quemaban los jet privados que le paseaban por el globo pagaba impuesto ambiental o no, teniendo en cuenta la dimensión de su fortuna de oscura procedencia. Otra cosa es si necesitas el coche para ganar un sueldo, o hacer la compra e ir al médico en las zonas rurales.

Aunque la idea es buena, es complicado diseñar impuestos verdes que afecten proporcionalmente a quienes más contaminación causan, o sea, que sean progresivos. Por eso es necesario complementar su puesta en práctica con otras medidas, como bonificaciones para la gente con menores ingresos, más impuestos para los que más tienen, incrementar los servicios de transporte público e incluso el establecimiento de una Renta Básica Universal que cubra el mínimo imprescindible para tener una existencia digna.

Foto: David Aguilar Sánchez

En resumen, si no logramos que cada euro recaudado por los impuestos verdes se destine a la transición ecológica y que esta no perjudique a quienes menos tienen, estaremos pecando de buenas intenciones sin atacar uno de los mayores riesgos que enfrenta nuestra sociedad: el aumento de la desigualdad.

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