La estrategia del lobo incluye el control poblacional propuesto por Asturias

Para el Principado supone una "absoluta prioridad recuperar la seguridad jurídica para efectuar controles poblacionales en el marco del plan autonómico de gestión del lobo"

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

La nueva estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo y su conservación incluye el protocolo para la realización de controles propuesto por el Gobierno de Asturias. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha participado en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la que se ha aprobado el documento, ha informado el Ejecutivo regional.

Calvo ha explicado que, ante la situación actual, de daños continuados al ganado y creciente conflictividad social, para el Principado supone una “absoluta prioridad recuperar la seguridad jurídica para efectuar controles poblacionales en el marco del plan autonómico de gestión del lobo”. Por ello, ha añadido, el hecho de que el ministerio haya asumido la propuesta de protocolo de Asturias en la estrategia supone un “avance decisivo”.

De esta forma, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial actualizará de manera inmediata el programa de control y gestión del lobo, adaptado al nuevo marco normativo y basado en los datos del censo de 2021.

Por otra parte, Calvo ha reiterado en la reunión la “firme oposición” del Gobierno de Asturias a la orden ministerial que incluye a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre).

El Principado ha defendido la misma postura desde el inicio del proceso, tal y como queda reflejado en las actuaciones judiciales en curso, ha subrayado el Ejecutivo.

En este sentido, el consejero ha incidido en que un acuerdo sobre el contenido de la estrategia, o cualquier otro acto de desarrollo de la orden TED/980/2021, no supone “la modificación ni el menoscabo del criterio del Principado”, expuesto en la demanda de anulación presentada junto con Galicia, Cantabria y Castilla León ante la Audiencia Nacional.

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