La ley más peligrosa para el medio ambiente se llama Ley de Calidad Medioambiental

El ecologismo asturiano carga contra el anteproyecto de Juan Cofiño, y advierte que podría ir contra el ordenamiento jurídico europeo.

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Redacción Nortes
Redacción Norteshttps://www.nortes.me
Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

Un total de 33 organizaciones ecologistas han denunciado este martes que el anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental del Principado de Asturias podría ir en contra de normas fundamentales del ordenamiento jurídico estatal y europeo y supondría un riesgo para la salud de las personas y de los ecosistemas. El proyecto, que sale de la consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, al frente de la que se encuentra el vicepresidente Juan Cofiño, cuenta con el apoyo de la patronal FADE y de la Cámara de Comercio, y con la oposición de Podemos, IU, CCOO y el movimiento ecologista. Desde el Gobierno asturiano alegan que la ley reduce carga burocrática y agiliza la actividad económica. Sus críticos sostienen que bajo la excusa de la guerra contra la burocracia elimina participación ciudadana y controles ambientales.

En el documento que han suscrito los ecologistas mostrando su oposición a este anteproyecto advierten de que su aprobación sería lesiva porque además de ser una ley regresiva favorecería ciertos intereses particulares, imponiendo a los pequeños promotores y a los ayuntamientos una carga burocrática y de responsabilidades que ven inasumible.

Para estas organizaciones, se trata de una ley con muchas indefiniciones que provocará litigiosidad e inseguridad jurídica y recortará las garantías de participación pública de la ciudadanía.

Asimismo, resaltan que al delegar la responsabilidad en los ayuntamientos se les estará imponiendo una gran carga burocrática y técnica, al tener que inspeccionar a posteriori las instalaciones o actividades consideradas de “menor incidencia ambiental” puestas en marcha mediante una declaración responsable de los promotores, sin evaluarlas previamente.

En su escrito, aseguran que ya han trasladado su preocupación a los grupos parlamentarios donde dejan constancia de que se oponen a la apertura de actividades que conllevan un gran impacto ambiental.

Además, también alertan sobre macrogranjas tanto para cerdos de hasta 2.000 animales como de cría de pollos de hasta 55.000 animales, gasolineras, y otras actividades económicas conflictivas.

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