Al borde de la ruina y a la espera de la Fundación Cajastur: “No contestan ni al mail y ni al teléfono”

Una empresaria lleva dos meses con su negocio cerrado porque la Fundación Cajastur, propietaria del local que tiene alquilado, no se hace cargo de la reparación de unas tuberías

Recomendados

Bernardo Álvarez
Bernardo Álvarez
Graduado en psicología y ahora periodista entre Asturias y Madrid. Ha publicado artículos en ABC, Atlántica XXII, FronteraD y El Ciervo.

En marzo de 2018, Mayte Montes alquiló un local en Langreo para instalar allí su negocio. Se trataba de un proyecto pionero en Asturias en aquel momento: un centro de salud y gimnasio especializado en recuperación de suelo pélvico y gimnasia para embarazadas. La empresa funcionaba, pronto superó el centenar de clientas e incluso recibió premios por su iniciativa, como el de “Emprendedora de Langreo” que otorga el ayuntamiento del concejo.

Sin embargo, algunos problemas en el estado del local empezaron a entorpecer su actividad. El local es propiedad de la antigua Obra Social de Cajastur, ahora llamada Fundación Cajastur; mientras que el edificio en el que este se aloja pertenece a Unicaja. A los pocos meses de empezar con su negocio, la ruptura de una bajante comunitaria, que inundó las salas del gimnasio, la obligaron a cerrar durante dos meses.

Al año siguiente, en 2019, volvió a pasar lo mismo y cerró otra vez durante dos meses. “Entonces, el seguro avisó que había que cambiar las tuberías”, cuenta Montes, que desde el pasado agosto está sin poder trabajar por una nueva avería en las bajantes. Según Montes, los gestores del edificio, una tercera empresa contratada por el banco, no quisieron solucionar la avería: “Lo que hicieron fue poner un parche, y este verano volvieron a reventar. Durante tres días estuvieron entrando aguas fecales en el local”.

Cuenta esta empresaria que, en 2019, tras la segunda avería, llegó a un acuerdo con la fundación para que esta se ocupase de los gastos que le habían supuesto el cierre del negocio y una indemnización por lucro cesante: “Pues nunca me lo pagaron. Y ahora, con la misma situación, siguen sin reparar nada y yo estoy otra vez en lo mismo”.

Montes se puso en manos de una abogada, que lleva varios meses tratando de que la Fundación les abone la indemnización acordada en 2019. “Pero se niegan en rotundo”, denuncia Montes, “no contestan ni se presentan cuando les citamos. También se niegan a dejarme rescindir el contrato de alquiler. Me siento impotente”.

Hace pocas semanas, una inspección del ayuntamiento le retiró a Mayte el permiso de actividad, puesto que su local no cumple con los requisitos de salubridad. “Yo estoy cerrada y ellos no ponen interés. No contestan al mail ni al teléfono”, explica, “todo está documentado, pero llevamos dos meses sin saber nada de la Fundación”. Montes teme tener que llegar a los tribunales, lo que le supondría un gran esfuerzo económico, frente a un adversario tan poderoso. Como le dijeron a Mayte en una de sus conversaciones, ellos no tienen que pagar nada por los servicios jurídicos.

Actualidad

35 COMENTARIOS