Solo el 5% de los abortos asturianos fueron en la pública (y no es la peor comunidad para abortar)

La nueva ley impulsada por el Ministerio de Igualdad persigue ampliar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo

Recomendados

Redacción Nortes
Redacción Norteshttps://www.nortes.me
Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

La nueva ley del aborto, que será aprobada en las próximas semanas, blinda la sanidad pública como centro de referencia a la hora de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, pero en la actualidad sólo tres comunidades (Cantabria, Baleares y Cataluña) realizan más abortos en centros públicos que en privados.

Con la polémica de fondo del nuevo protocolo para frenar los abortos en Castilla y León, la nueva ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, y que persigue ampliar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, prosigue su tramitación parlamentaria a la espera de ser aprobada en el Senado.

La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo estipula que las comunidades autónomas deberán reorganizar sus recursos para que todas las mujeres puedan abortar en un centro público, incorporando la previsión de proximidad del domicilio.

Sin embargo, el último informe sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en España durante el año 2021 publicado por el Ministerio de Sanidad dibuja un escenario bien distinto y es que menos del 16 % de los abortos (el 15,6 %) se realizaron en centros públicos el pasado año.

Del total de intervenciones realizadas (90.189); el 13,61 por ciento se produjo en hospitales (de ellos, el 7,34 % privados y el 6,27 % públicos) y el 86,39 por ciento se derivó a centros acreditados para la interrupción del embarazo, de los cuales el 76,99 por ciento fueron privados y sólo un 9,4 % públicos.

Sólo tres comunidades primaron la sanidad pública a la hora de llevar a cabo los abortos. Cantabria, con un total de 824 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), llevó a cabo el 67,3 % de estas en centros públicos; en Baleares el porcentaje ascendió al 61,7 %, mientras que en Cataluña fue del 52,5 %.

En el lado contrario, Extremadura -además de Ceuta y Melilla- no ha realizado ninguno de los 1.284 abortos que reportó en 2021 en un centro sanitario público, mientras que en la Comunidad de Madrid unicamente se han practicado 2 de las 15.188 intervenciones en la pública (el 0,01 %); y en Murcia solo 1 de los 3.267 (el 0,03 %).

Por debajo del 0% están también Andalucía (0,05 %) con 10 abortos en la pública de un total de 17.487; Castilla La Mancha el 0,06 % -con 2 IVE de 3.203; y Aragón con 5 de 1.917 (un 0,26 %).

Navarra y Galicia, con el 30,9 % y el 22 % respectivamente, se encontrarían en mejor posición que la media, pero todavía con datos muy alejados de lo que contempla la nueva ley.

En Asturias, una de las comunidades con mayor tasa de abortos del país, la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada tanto en los centros concertados que hay en Oviedo y Gijón como en la red de hospitales públicos, que llevan a cabo en torno al 5 por ciento del total de los practicados en la comunidad.

La nueva ley, según fuentes de la Consejería de Sanidad, no va a afectar sustancialmente lo que se viene haciendo en Asturias en materia de interrupción del embarazo desde hace años ya que la mujeres podrán seguir eligiendo en las primeras 14 semanas de gestación el centro en el que llevarlo a cabo, o hacerlo cuando superan ese plazo o por indicación médica en un hospital público con tiempos adecuados y confidencialidad.

Actualidad