La transición energética que tiene que llevar a que España y Europa sean climáticamente neutras en 2050 ha cogido velocidad de crucero, en 2022 se instalaron 2507 MW de nueva potencia de energía solar en instalaciones de autoconsumo, lo que significa un 108% más que el año anterior, de ellos y según datos de la UNEF (Unión Española Fotovoltaica) un 47%, se ha instalado en el sector industrial; un 32% ha ido al sector residencial; un 20%, al sector comercial; y el 1% restante, a autoconsumos aislados, con un total de potencia acumulada en autoconsumo de 5.249MW en unas 200.500 instalaciones de autoconsumo.
Para hacernos una idea del despliegue de autoconsumo en 2022, esos 2.507MW instalados son una potencia comparable a 2´5 centrales nucleares: ¿ sorprendente verdad? Es más, si han prestado atención a los debates recurrentes sobre cual tiene que ser el mix energético de la descarbonización, verán que siempre aparecen furibundos nucleares pronosticando un apocalipsis energético si se persiste en la idea de cerrar las centrales nucleares. El truco del almendruco es que hay una cosa que los apóstoles de la nuclear no suelen contar y es que el cierre está acordado entre el gobierno y las empresas por una sencilla razón, y es que las empresas en España han perdido interés en construir nuevas centrales nucleares debido a la creciente competitividad de las energías renovables y el enorme coste de construir una central nuclear que además tienen la mala costumbre de añadir unos sobrecostes disparatados. Tan solo hay que ver que en los último 20 años ninguna nueva central se ha conectado en Europa Occidental, por lo que las inversiones desde una perspectiva puramente económica, incluso dejando de lado el aspecto ambiental, tienden a ir a las renovables tanto por coste y amortización como por tiempos de instalación.
“Las empresas en España han perdido interés en construir nuevas centrales nucleares debido a la creciente competitividad de las energías renovables”
Pero este artículo no viene a hablar de nucleares sino de renovables, de las de verdad, y más concretamente de una figura jurídica que a pesar de la buena salud de la fotovoltaica no termina de despegar con la fuerza que debería, las Comunidades Energéticas, figura que proviene de la regulación europea.
En 2018, con la Directiva (UE) 2018/2001, y al año siguiente, con la Directiva (UE) 2019/944 se incorporó el término “comunidades energéticas locales “ (CEL) que determina dos nuevas figuras jurídicas: las “comunidades ciudadanas de energía” y las “comunidades de energía renovable”. que, se describen como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.
Las Comunidades Energéticas vienen a incrementar la participación, tanto ciudadana como de entidades locales, en proyectos de energías renovables, convirtiendo al vecino de a pie en generador, consumidor, distribuidor y prosumidor dentro de su propia hogar, reduciendo así la dependencia de las grandes empresas energéticas, facilitando la eficiencia al estar próximas tanto la generación como el consumo o ejerciendo de respaldo de la Red Eléctrica, destensando así una red que por las propias características de intermitencia renovable podría tener momentos de sobrecarga sin la ayuda del autoconsumo.
Pero como decíamos antes esta figura no termina de despegar a pesar de los potenciales beneficios para todos los actores implicados, y hay varias razones para ello. Seguramente la principal sea la inseguridad jurídica, ya que la directiva europea de donde deriva que es la (UE) 2018/2001 debería haber sido traspuesta por el Gobierno de España antes del 30 de junio de 2021 para darle así cobertura jurídica y estabilidad a las figura de las Comunidades Energéticas, y si bien es cierto que no es completamente necesaria la transposición de la directiva para impulsar Comunidades, ya que hay varias conformadas y muchas más en camino, es evidente que entre el desconocimiento ciudadano, la falta de cultura cooperativa en gran parte del país y la proverbial aversión de las autoridades a meterse en proyectos en los que haya cabos sueltos en términos jurídicos, se explica el poco éxito que a día de hoy tenemos en este campo. De hecho y para exponer un ejemplo de estas resistencias administrativas, el ayuntamiento de Xixón lleva prácticamente tres años intentando cumplir con el mandato plenario de una proposición presentada por Podemos-Equo Xixón y recogida por los vecinos del barrio de Santa Bárbara que pedía la creación de una Comunidad Energética allá por 2020, parece que al final se logrará en este mismo mes, pero convendremos que para cumplir los objetivos a 2030 y 2050 necesitamos más comunidades, más rápido y con mayor participación, que sigue siendo el talón de Aquiles de la administración en este tipo de iniciativas.
Parece que por una cuestión puramente gravitatoria esto poco a poco cambiará a mejor. Hace unos días Bruselas instó a España a las trasposición de esas directivas con el fin de agilizar el despliegue de Comunidades Energéticas que la estrategia Europea de descarbonización considera un elemento central. Tan solo tenemos que ver las cifras de Comunidades Energéticas constituidas en algunos países de la UE en comparación con España para que seamos conscientes de su importancia, a mediados de 2022 había 1.750 en Alemania, 700 en Dinamarca y 500 en Países Bajos, en esa misma fecha, en España el país de Europa con más horas de sol teníamos 33.. Está claro que necesitamos una mayor inversión de la administración tanto en campañas de información, ayudas y sobre todo en dar el marco jurídico adecuado, y posteriormente que las entidades locales sean conscientes del papel que tienen que jugar dentro del despliegue de renovables. Sin la proactividad de los ayuntamientos en el impulso, asesoramiento y participación, será difícil que las Comunidades despeguen al ritmo que se necesita.
