Los colegios del Opus Dei podrán seguir recibiendo dinero público para segregar por clase social

Al hacerse mixtos, centros que cobran cuotas y seleccionan alumnado, podrán mantener sus conciertos educativos.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

Los colegios asturianos del Opus Dei se harán mixtos para no perder las ayudas públicas. Esa ha sido la respuesta de Fomento de Centros de Enseñanza al ultimátum dado por la Consejería de Educación a los colegios Peñamayor y Los Robles, dos centros educativos concertados que hasta ahora venían practicando la educación segregada por género.

Desde la Consejería han expresado su satisfacción con este cambio. “Nos alegra saber que todos nuestros alumnos y alumnas tendrán en sus aulas el principio de la coeducación, aprenderán de los niños y de las niñas y viviremos juntos en las aulas, algo absolutamente necesario en el mundo que vivimos” declaraba la consejera Lydia Espina al conocer el anuncio. Sin embargo, una vez desaparezca la segregación de género en los colegios del Opus Dei, seguirá existiendo otra segregación menos visible, y que no es solo patrimonio de los colegios concertados de este grupo empresarial católico: la segregación por clase social.

“Según CCOO de Educación las cuotas rondan los 225 euros”

Actualmente los colegios asturianos del Opus Dei cobran cuotas “voluntarias” superiores a los 100 euros mensuales. Una barrera que permite a estos centros educativos seleccionar su alumnado entre las clases medias-altas y altas. Según la página Micole, que ofrece información sobre centros educativos de toda España, en el caso del Peñamayor la cuota “voluntaria” está entre los 100 y los 300 euros, y en Los Robles en 100 euros. Según CCOO de Educación las cuotas rondan los 225 euros, “no son voluntarias”, y a estas mensualidades hay que añadir los gastos de comedor y autobús, que hacen de ambos centros educativos espacios reservados para quien esté dispuesto a invertir una cantidad no accesible a todos los bolsillos. Ambos centros educativos se han negado a facilitar información a NORTES sobre cuánto cuestan en realidad estos colegios que seguirán recibiendo financiación pública del Principado de Asturias.

La consejera de Educación Lydia Espina. Foto: Iván G. Fernández

Borja Llorente, secretario de CCOO de Enseñanza, recuerda que los colegios concertados “tienen prohibido cobrar cuotas por actividades complementarias o la propia educación”, ya que reciben fondos públicos para financiarse. Llorente critica que la Consejería “hace la vista gorda” con una práctica muy extendida, y que va desde los 50 euros de algunos concertados de clase media y media-baja, hasta los más de 200 de cuota mensual en los centros más elitistas.

La práctica de cobrar por una educación que en teoría debería ser gratuita no solo ha sido denunciada por los sindicatos de la pública. También la patronal de la educación privada ha denunciado esta irregularidad que permite bajo la excusa de las “aportaciones voluntarias” obtener una doble financiación a los centros concertados. El pasado mes de octubre se hacía público que el 90% de los colegios concertados cobra cuotas y uno de cada cinco incluye materias obligatorias en las actividades de pago. Se trata de la conclusión del informe de 2022 elaborado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa).

La educación, una máquina de segregación social

Para César Rendueles, autor de “Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista”, “todo el sistema educativo español es una máquina de segregar”. En opinión del filósofo asturiano e investigador del CSIC “todos los sistemas educativos perpetúan la desigualdad social, pero en el caso español es mucho más visible por la extensión de la educación concertada”. Para Rendueles la educación religiosa es lo de menos para las familias que envían a sus hijos a la concertada y sitúa el foco en el deseo de “perpetuar su capital social o incluso incrementarlo, buscando que sus hijos se relacionen en entornos de su misma clase social o incluso mejor posición económica”. En opinión de este autor la segregación de clase también se produce en la red pública, y al igual que hay concertados “de barrio” o “low cost”, a los que acuden familias trabajadoras, muchas de origen inmigrante, hay también centros públicos “de elite” en barrios acomodados. Para el pensador asturiano recuperar a las clases medias para la pública es fundamental y considera que la red dependiente del Estado debe ofrecer calidad, innovación, mejor profesorado y unos valores que no se van a encontrar en la privada/concertada.

César Rendueles. Foto: David Aguilar Sánchez

César Cascante, profesor jubilado de pedagogía, considera que la educación pública no puede defenderse solo desde argumentos “moralistas”, sino también ofreciendo ventajas objetivas “para que las clases medias se peguen por enviar a sus hijos a ella”. Para este ex docente de la Universidad de Oviedo estudiar en la pública debe dar un acceso prioritario al empleo público. “Sería normal que el Estado prefiriera contratar a los trabajadores formados en sus centros educativos y con sus valores, al igual que hacen las empresas privadas cuando ellas ofrecen formación profesional” explica Cascante. Es decir, si El País va a reclutar antes a un periodista formado en su master que a otro que no viene de ahí, ¿por qué el Estado no va a escoger antes a una médica o un profesor que hayan pasado por la educación pública?

Borja Llorente en una movilización del profesorado. Foto: Alisa Guerrero

En opinión de este ex docente de las universidades de Valencia y Oviedo/Uviéu, la educación pública ahora mismo no ofrece ni una educación en valores cívicos y sociales ni la garantía de un empleo de calidad. Cascante pide por eso “un proyecto propio” para la educación pública, ajustado a las necesidades sociales de una economía que debe orientarse hacia el bienestar y la sostenibilidad ambiental, que forme a ciudadanos y profesionales “con fuerte sentido social” y deje de competir con la privada en un proceso de imitación, que llega incluso a ceremonias como las graduaciones escolares, en el que siempre va a ganar el modelo original, es decir, la privada.

Llorente no tiene tan claro que se pueda priorizar el acceso al empleo en función de la red educativa de la que proceda el alumnado, pero señala que es fundamental acabar con las ventajas concedidas por el Estado a la privada y priorizar la pública, sobre todo porque potencia la igualdad y la cohesión social: “solo en la público los hijos e hijas de clases sociales diferentes se van a mezclar y relacionar”. Impedir este contacto es precisamente lo que la concertada y privada ofrecen como nicho de mercado.

El principio de coeducación, que tan asumido está en la cuestión de género, sigue estando ausente cuando se trata de hablar de clases sociales conviviendo en el mismo aula. Mientras tanto, el Estado, en este caso autonómico, seguirá financiando con los recursos de todos la educación de unas minorías que no quieren mezclar a sus hijos e hijos con el resto de la sociedad.

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