La ayuda del Estado para calentar los hogares llegó a la familia Masaveu

Numerosos estudios reflejan la falta de progresividad del reparto de subvenciones para energía y transporte: el 10% más rico recibe el doble de fondos que el 10% más pobre

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Bernardo Álvarez
Bernardo Álvarez
Graduado en psicología y ahora periodista entre Asturias y Madrid. Ha publicado artículos en ABC, Atlántica XXII, FronteraD y El Ciervo.

Primero fue Enrique Ossorio, el vicepresidente popular de la Comunidad de Madrid: una renta de 100.000 euros anuales, un patrimonio de más de un millón y una ayuda de 195 euros para para pagar la calefacción. Luego se supo que Mónica García, de Más Madrid, con un sueldo de casi 45.000 euros, también recibió este bono social que fue concebido para ayudar a las familias numerosas a hacer frente a las facturas energéticas. En España hay alrededor de 700.000 familias numerosas, y aproximadamente unas 100.000 no llegan a los 17.000 euros de renta anuales.

El bono térmico consiste en una rebaja de hasta el 65% en las facturas de energía, y las familias numerosas pueden obtenerla sin ningún criterio de discriminación por renta. Al conocerse estas informaciones, el Gobierno ha anunciado su intención de modificar las condiciones de acceso al bono, limitándolo a las familias numerosas con rentas de hasta 26.000 euros anuales. Actualmente, hay alrededor de 250.000 familias numerosas percibiendo este bono social, y de entre ellas no son las de Ossorio y García las únicas que no pertenecen precisamente a los sectores más vulnerables.

El diario digital El Confidencial ha cruzado los datos de los beneficiarios del bono térmico con los que figuran en la lista Forbes. La investigación ha revelado que entre los beneficiarios de estas subvenciones aparecen se cuentan algunas de las mayores fortunas de España. Allí aparecen apellidos como Entrecanales, Del Pino Calvo Sotelo, Koplowitz o los Masaveu, la familia asturiana más rica, con un patrimonio en 2022 que ascendía a los 2.200 millones de euros.

Según publica El Confidencial, basándose en datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), José Masaveu Herrero, director de Bodegas Masaveu y hermano de Fernando Masaveu Herrero, resultó beneficiado por esta ayuda. El empresario cobró en septiembre de 2022 una cantidad de 195 euros en concepto del bono social térmico correspondiente al 2021. El periódico contactó con José Masaveu Herrero, quien aseguró que ya no percibía el bono social, pero “que en el pasado lo pudo pedir”.

Un reparto de ayudas regresivo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya advirtió en un análisis del pasado mes de octubre que “las medidas que actúan sobre los precios de la energía no presentan especial focalización en los individuos de menor renta”. Según este organismo, el 10% de la población con mayor renta estaba percibiendo el doble de fondos  en ayudas para energía y transporte que el 10% más pobre.

Poco después, el pasado mes de diciembre, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reflejaba la falta de progresividad de las ayudas públicas en España. Dicho estudio concluye que nuestro Estado del Bienestar está diseñado de tal modo que el 20% de las personas con más renta perciba el triple de ayudas que el 20% más pobre. Mientras los primeros reciben más del 30% del total de las transferencias del Estado, los segundos solo obtienen un 12%.  El informe de la OCDE, titulado “Apoyo para los ingresos de los individuos en edad laboral y sus familias”, sitúa a España como el cuarto país más regresivo de entre las grandes economías mundiales, y asegura que esta tendencia se ha agravado en los últimos años.

A la hora de explicar el motivo de este desequilibrio en el reparto de las ayudas, se suele aludir al desconocimiento de las familias con menos ingresos y a la complejidad del proceso. Un estudio publicado hace pocos días por EsadeEcPol demuestra que solo 1 de cada 3 hogares con familia numerosa del 20% que menos gana del país tiene algún bono energético. Algo parecido ha sucedido con el Ingreso Mínimo Vital, que según datos oficiales ha sido solicitado por 1,7 millones de personas, cuando se estima que podrían necesitarlo más de 3.

Los colectivos con mayor riesgo suelen quedar excluidos de estas ayudas falta de información o de tiempo, por no poder acceder a las ayudas online o por las dificultades burocráticas. Para remediar esta situación, el informe de EsadeEcPol propone “reducir considerablemente las barreras para solicitar y conseguir estos bonos, tomar la iniciativa sugiriendo una solicitud ya rellenada a quien cumpla las condiciones, o incluso pasar a un sistema de concesión automática (…) evitando la fragmentación y aunando en la medida de lo posible todos los instrumentos para luchar contra la pobreza y sus riesgos derivados”.

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