En los últimos años no se ha producido ni una sola detención por la caza ilegal de lobos en Asturies, lo que favorece que “quienes cometen estos crímenes” contra esta especie protegida “se sientan completamente impunes”, denuncia el secretario general del WWF España, Juan Carlos del Olmo.
Lo explica Del Olmo en un artículo en el que critica que el presidente del principado Adrián Barbón siga reclamando la eliminación de ejemplares y que la administración autonómica, lejos de asumir su responsabilidad legal para conservar al lobo y promover la coexistencia con la ganadería extensiva, se empeñe en la caza como único método de gestión.
En su escrito “Vandalismo, populismo y plomo al lobo asturiano”, Del Olmo recuerda que, desde 2016, han aparecido cabezas de lobo en el puente romano de Cangues d’Onís, dentro de un coche de los Agentes del Medio Natural, arrojadas a piscinas municipales o colgadas en señales de tráfico en varios puntos del Principado.
El pasado viernes 28 Barbón visitó el municipio de Ponga, en cuyas puertas del ayuntamiento fueron depositadas por la mañana dos cabezas seccionadas de lobo, hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil, y que fueron objeto de una “rotunda condena” por parte del presidente autonómico.
Juan Carlos del Olmo señala que “cuando la administración promueve la caza de una especie protegida, se reduce su valor a ojos de la sociedad y el furtivismo se vuelve más aceptable”, y cita los datos recopilados en el proyecto de la Unión Europea LIFE SWiPE, en el que participa WWF España, para destacar que delitos como la caza ilegal y el uso de veneno son una grave amenaza para los grandes carnívoros en Europa.
Recuerda el reconocido naturalista, que el lobo es una especie clave para los ecosistemas, que hay medidas que facilitan la coexistencia (mastines, pastores eléctricos…) y que su coste no debe recaer en los ganaderos.
Las comunidades autónomas han recibido 20 millones de euros de fondos ministeriales, añade, para apoyar a los ganaderos y pagar indemnizaciones justas y rápidas, como parte de la estrategia para la coexistencia con el lobo aprobada tras la protección legal de la especie en toda España.
“En el caso de Asturias, según datos recopilados por WWF, el Principado recibió en 2022 un total de 1.921.380 euros para compensar daños, y 1.740.450 euros para medidas preventivas”, detalla.
Por ello considera que “insistir en la caza como su principal herramienta de gestión es ilegal e inaceptable, y mucho más en un Parque Nacional como el de Picos de Europa, el mayor santuario de la naturaleza”.
