Beatriz Polledo Enríquez, número 3 en las listas electorales del Partido Popular para las elecciones autonómicas asturianas de este domingo, recibió en el curso 1998-1999, siendo estudiante de Derecho en la Universidad de Oviedo, una beca por un importe de 70.000 pesetas mensuales (unos 420 euros) de la que “no consta convocatoria pública ni resolución por la Comisión”, según se lee en un informe del Vicerrectorado de Estudiantes y Movilidad al que ha tenido acceso NORTES.
El citado documento se refiere a la convocatoria de becas de orientación universitaria otorgadas durante el rectorado de Julio Rodríguez, que ocupó ese cargo entre los años 1996 y 2000. La beca disfrutada por Polledo, que ya estaba afiliada al PP y era claustral en la Universidad por una asociación llamada Foro, cercana a las Nuevas Generaciones del partido, fue prorrogada por un año más “a solicitud del anterior Secretario General”. A la sazón ese puesto lo ocupaba Luis Martínez Roldán, catedrático de Filosofía del Derecho, que despacha en siete líneas la justificación de la prórroga de la beca sosteniendo que la labor de Polledo ha sido “altamente satisfactoria”.
Con la llegada del nuevo equipo rectoral-Juan Vázquez, que ocupó el cargo en el año 2000, se solicitó “información sobre el cumplimiento de becarios cuya beca estaba en vigor (…) recibiéndose solo informe negativo en el caso de la citada becaria. Por tal motivo, le fue rescindida la beca”.
El informe que apoya la suspensión de la beca a Polledo, firmado por el jefe de Servicios de Asuntos Administrativos y Jurídicos de la Universidad, al que este periódico ha tenido acceso, destaca “la carencia de documentación” sobre la concesión de la beca. Sin mediar ningún proceso de selección “se comunica a este Servicio de Asuntos Administrativos y Jurídicos, por parte del Ilmo. Sr. Secretario General la próxima incorporación de la citada alumna”, cuyo cometido consistía en “la confección del compendio normativo de la Universidad de Oviedo”.
Siguiendo el mismo documento, se deduce que en los Servicios de Asuntos Administrativos y Jurídicos no consideraban que la labor de Polledo fuese “altamente satisfactoria”, como sostenían desde el Vicerrectorado de Estudiantes. La becaria “realiza un trabajo teóricamente encaminado a la confección del compendio normativo, en horario irregular y con múltiples faltas de asistencia. Esta situación se prolonga aproximadamente un mes. A partir de ese momento, no se tiene ninguna noticia por parte de este Servicio de la situación de la citada becaria”.
Fuentes del Partido Popular aseguran que la beca fue percibida por los cauces habituales de la Universidad de Oviedo, que “todo está en orden” y que Polledo dispone de la resolución del Vicerrectorado en la que se le adjudica la beca.
Juegos de poder en el claustro
La concesión de estas ayudas a Polledo, y algunas más a estudiantes vinculados a la citada asociación con presencia en el claustro de la Universidad, fue objeto de una comisión de investigación específica por parte del Consejo Social. “La comisión llegó a un dictamen con muy poco contenido”, cuenta una de las personas que entonces formaba parte del Consejo Social, “percibíamos que había una trama de intereses clientelares y amiguismos, que fue una práctica habitual en esta y en otras universidades para consolidar a determinadas asociaciones. Se llegó a una conclusión muy genérica para enterrar la cosa”.
Para entender el contexto en el que se concedían estas becas y otras regalías a estudiantes vinculados a Foro (viajes a congresos, pagos por informes de apenas medio página, teléfonos móviles), hay que tener en cuenta que, con la ley universitaria anterior a la actual, la elección del rectorado salía únicamente de los votos del claustro, no del sufragio universal de toda la comunidad universitaria.
Estudiantes que participaban en el claustro en aquella época aseguran que era bien sabido que el rector ofrecía este tipo de “regalos” a cambio de votos favorables. Otra asociación de estudiantes, vinculada a partidos de izquierdas, inició una campaña para denunciar estos “sobornos”, que culminó en la comisión de investigación del Consejo Social.
“Fue una chapuza esa investigación: no se quiso ir hasta el final”, dice una de las estudiantes más activas en aquella campaña de denuncia, “y a los que denunciamos nos supuso mucho a nivel personal. Un profesor de Derecho, cercano al rector, me llegó a decir si acaso pensaba aprobar después de lo que había hecho. Hoy habría mucha menos tolerancia con todo eso, pero entonces quedó en un cajón”.
