“Con la regasificadora del Musel nos están estafando a todos los usuarios de gas y de luz”

Hace unos días NORTES informaba sobre la decisión de Ecoloxistes n’Aición d’Asturies de presentar un recurso contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas que autoriza a poner en marcha la regasificadora de El Musel, la cual estuvo durante varios años paralizada por orden judicial desde su construcción hasta que hace unos meses se puso en funcionamiento. De la decisión adoptada por Ecoloxistes n’Aición d’Asturies hemos hablado con su abogado José Antonio Ballesteros al que hemos preguntado algunas claves del recurso: “nuestro objetivo final es paralizar la actividad de esta planta y conseguir su demolición.”

¿Qué tipo de de riesgos existen para las poblaciones cercanas la instalación de la regasificadora?

El riesgo es bastante relativo. En un supuesto muy extremo podría llegar a alcanzar a la población, pero el riesgo en realidad es para los trabajadores. El riesgo de que un incendio u onda expansiva llegue a las poblaciones cercanas en caso de accidente es, como digo, bastante relativo. Otra cosa es que que ya es una zona contaminada, en toda la zona oeste de Gijón y el este de Carreño, por lo que el trasiego de camiones y de barcos que puedan entrar y salir añade contaminación al lugar. Es algo que no se ha tenido en cuenta en el estudio de impacto ambiental. No se menciona en absoluto la contaminación de los barcos que llegan a cargar y descargar. No se menciona en absoluto la contaminación de los camiones, a pesar de que uno de los usos que se ha reconocido a la regasificadora es la carga de cisternas. Hay una ocultación total de estos aspectos. Además, no se menciona tampoco la situación de contaminación de Gijón que ha dado lugar que haya unos planes de calidad de la atmósfera. Se silencia la existencia de esos planes. Por lo tanto entendemos que hay una evaluación deficiente y eso ya vicia el procedimiento de autorización.

Otra de la cuestiones que tienen sobre la mesa incluir es que la planta no es compatible con el ordenamiento urbanístico vigente.

Eso al final no lo hemos metido en la demanda. Hay informes favorables del ayuntamiento. La situación es bastante enrevesada. Al final el plan de usos del puerto son de una época en la que no existía la ampliación del puerto. Por no liar excesivamente la demanda y para evitar que el tribunal no se distraiga respecto a lo que son las alegaciones principales, ese punto lo hemos dejado de lado, a pesar de que lo habíamos presentado en el recurso de alzada.

“No sabemos realmente a qué proyectos estamos alegando, no sabemos si este es un proyecto del sistema nacional o es un proyecto de tráficos internacionales completamente ajeno al sistema.”

Ustedes denuncian que el promotor no completó adecuadamente el expediente administrativo. ¿Puede explicar este punto?

Cuando sale a información pública, sale lo que es el estudio de impacto ambiental y el proyecto técnico, pero no sabemos cuál es el objeto de esa planta. Es decir, se había presentado inicialmente como una regasificadora que estaba en el marco de la planificación del sistema energético español, pero cuando se empieza el trámite de esta segunda autorización, hay unas declaraciones contradictorias de los responsables de la empresa y de las autoridades públicas. Del estudio de impacto ambiental parece que la autorización siguió orientada a que eso fuera una regasificadora, pero lo que sale en los medios es que, por un lado, habrá hidrógeno, y, por otro lado, se habla de de tráficos internacionales. Por lo tanto, no sabemos realmente a qué proyectos estamos alegando, no sabemos si este es un proyecto del sistema nacional o es un proyecto de tráficos internacionales completamente ajeno al sistema. Eso no figura en el expediente. Es más, al final, cuando se aprueba la autorización, cuando se resuelve el recurso de alzada y cuando se aprueba el régimen económico que va a corresponder a la planta, ahí se afirma que en algún momento Enagás dijo que esa planta iba a destinarse a servicios logísticos. Ese escrito de Enagás no lo hemos visto cuando salió la información pública, ni ahora está en el expediente.

El caso es que se justifica la ubicación, se justifica el sentido del estudio de impacto ambiental, se justifica que no hay alternativas, se justifica un cierto régimen retributivo que le tenemos que amortizar porque decían que la planta estaba en el sistema español, pero luego resulta que el uso principal no va a ser el sistema, sino el tráfico internacional. Entonces, ¿por qué le tenemos que pagar a Enagás esa amortización y todas las retribuciones que se le han pagado ya y se le pagarán en el futuro?

¿Este incremento de los costes tiene repercusiones para el consumidor?

Este es un punto en el que hacemos mucho hincapié en la demanda. Hay un incremento de costes porque al meter la regasificadora en el sistema tenemos que pagar todos la amortización y le tenemos que pagar una retribución por esa parte del uso destinado al sistema. Un uso destinado al sistema que es marginal que no justifica pagar toda la amortización y retribuciones. Y estas repercuten en la factura de la luz y el gas porque en estas hay unos costes fijos y dentro de estos costes fijos están las retribuciones de las instalaciones. Nos han hecho un juego de manos porque nos dicen que esta planta está autorizada y que está dentro del sistema y que tenemos que pagarla, pero luego se destina a otros usos y no sabemos en qué momento Enagás planteó ese cambio. Con la regasificadora nos están estafando a todos los usuarios de gas y de luz, tanto a los domésticos como a los industriales. De hecho, los grandes usuarios, como Arcelor, creemos que deberían estar impugnando también esta decisión porque también les afecta a ellos.

“Nosotros creemos que la autorización se le dio simplemente por el hecho de que ya estaba consumado. Buscaron cubrir un poco la apariencia de que la autorización estaba fundamentada cuando en realidad no es así.”

El gobierno central ha dicho que la planta resultará clave en la descongestión del servicio de carga de cisternas, sin que se incrementen los costes para el sistema gasista y que contribuirá a la seguridad de suministro tanto nacional como europeo. ¿Cómo puede haber una visión tan opuesta entre Ecoloxistes n’Aición d’Asturies y lo que está diciendo el gobierno?

Nosotros creemos que la autorización se le dio simplemente por el hecho de que ya estaba consumado. Buscaron cubrir un poco la apariencia de que la autorización estaba fundamentada cuando en realidad no es así. Dicen que hay una congestión de cisternas, pero no es cierto. Hay una demanda que tiene cierta intensidad respecto a la regasificadora de Bilbao, pero la regasificadora en el El Ferrol está absolutamente infrautilizada. No hay ningún colapso que justifique la construcción de una planta que cueste trescientos ochenta millones de euros con una vida útil de cincuenta años. Se pone de excusa la guerra de Ucrania y que es para apoyar a países del norte de Europa. La guerra de Ucrania durará lo que durará, pero es algo transitorio. Pero es que además, esos países a los que supuestamente se va a apoyar, ya tienen solucionado su suministro. El año 2022 fue un momento crítico para ellos, pero lo superaron, con dificultades, pero lo superaron. Buscaron soluciones y ahora tienen una serie de regasificadoras flotantes, en vez de instalaciones fijas en el puerto. No tienen ninguna necesidad de que haya plantas en España para abastecerles.

“La demanda se presenta porque creemos que lo que se ha hecho es totalmente ilegal”.

¿El Musel tampoco es necesario como almacén invernal?

Los objetivos que había establecido la Unión Europea era superar un 80% de cara al invierno del 2022. Y era de un 90% para el invierno del 23. Los objetivos están más que superados en España. No ha habido ninguna dificultad, ningún déficit de suministro.

¿Son optimistas en su objetivo de paralizar la actividad y conseguir la demolición de la planta?

La demanda se presenta porque creemos que lo que se ha hecho es totalmente ilegal por lo que creemos que se debe estimar la demanda y en este sentido somos optimistas. No hemos pedido medidas cautelares porque creíamos que no nos la iban a conceder. Confiamos en que esto se se tramite dentro de los tiempos que usa la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió el primer caso en un tiempo bastante razonable. Esperamos que en este segundo caso vaya en la misma línea. El Tribunal Supremo, la sala de lo Contencioso, tampoco está muy atascada, con lo cual es posible que de aquí a un par de años o dos años y pico este asunto pueda estar resuelto con una resolución favorable para nosotros.