Las caras del moderno capitalismo son invisibles y sus métodos para ampliar los beneficios de los ricos, aumentando las desigualdades, cada vez más sofisticados, con la ayuda de las nuevas tecnologías. En Occidente, en las sociedades más avanzadas, pervive y se agudiza la desigualdad tras los avances en progreso e igualdad social que llegaron después de la II Guerra Mundial. Los hijos de los obreros ya no pueden ir ahora a la Universidad en muchas familias, truncando un avance que a España llegó a finales de los 70 y en los 80.
Parados y precarios, el nuevo proletariado para Guy Standing, forman la nueva clase obrera, la más castigada por el sistema, aunque sus miembros no se reconozcan como tal en muchos casos. Pero hay otra forma de maltrato a los trabajadores, a la totalidad de la ciudadanía, que muestra también los nuevos rasgos del inhumano capitalismo. Es transversal y lo padecemos todos, pero sobre todo los más desfavorecidos y los mayores: el abuso continuo al consumidor por parte de instituciones, bancos y grandes empresas.
Los periodistas nunca somos noticia, pero esta nueva realidad social, generalizada en el siglo XXI, se entiende mejor con una historia personal, con la que casi todo el mundo se sentirá identificado, porque la habrá padecido en circunstancias parecidas.
La primavera pasada recibí una multa de tráfico desproporcionada del Ayuntamiento de Avilés. Era la segunda vez que comprobaba la voracidad y el abuso de ese Ayuntamiento. Esta vez era por circular a 62 kilómetros por hora en una zona próxima al Hospital limitada a 30. Ese tramo, que tenemos que frecuentar desgraciadamente por motivos familiares, es una auténtica trampa para conductores incautos. Cuando te incorporas a él tardas muchos metros en encontrarte esa señal de limitación a 30, que parece totalmente exagerada. Al Ayuntamiento de Avilés le debe de importar poco la seguridad vial y mucho la recaudación. En ese tramo tiene una enorme fuente de ingresos, a costa de la picaresca municipal y del despiste, realmente inevitable, de los conductores. La multa que recibí era de 300 euros, más la retirada de dos puntos del carnet de conducir.
Como mi coche es de renting y la compañía tiene un servicio de sanciones les llamé para consultar sobre la conveniencia de recurrir la multa, en vista de su cuantía abusiva. Me dijeron que como el primer trámite era solamente la identificación del conductor ellos se ocuparían del asunto y si la multa llegaba confirmada ya decidiría yo si la pagaba, con el descuento del cincuenta por ciento pertinente si se abona los primeros días. Envié por tanto los datos de la identificación a la empresa, Leaseplan, que se comprometió a hacer esa primera gestión ante el Ayuntamiento de Avilés.
A los tres meses recibo una nueva sanción del Ayuntamiento de Avilés de 900 euros, por no haber identificado al conductor. Indignado, llamo a Leaseplan. Una empleada llamada Natalia me dijo que no me preocupara, que saldría ganando, porque la empresa se haría cargo de la multa, dada su evidente responsabilidad. No pude volver a hablar con ella. A partir del día siguiente las interlocutoras eran otras y la actitud distinta: puro escapismo.
Tras múltiples llamadas, gran pérdida de tiempo y energías ( “nuestras operadoras están ocupadas, permanezca a la espera”) y correos electrónicos no contestados, pude saber que el departamento de Sanciones de Leaseplan recurría la multa de 900 euros enviando por primera vez los datos de la identificación del conductor que ya tenían desde hacía meses, algo absurdo que no hacía otra cosa que alargar el problema.
Solo por mi tocudez y mi rabia ante semejante arbitrariedad y tan enorme negligencia pude hablar en una ocasión con una abogada de Sanciones de Leaseplan, un departamento externalizado que lleva un bufete. Cuando me enteré entendí mejor lo que pudo haber ocurrido. También me informé sobre la propiedad y una simple consulta a Internet me sirvió para saber que el año pasado la multinacional francesa ADL compró por 4900 millones de euros Leaseplan, que tenía como gran accionista al fondo de capital riesgo británico TDR. Se ve que a pesar de su tamaño y sus beneficios Leaseplan prefiere no tener abogados en plantilla.
Rechazado el recurso, como era inevitable, Leaseplan decidió interponer otro, el último que admite la ley, con mi oposición y mi reclamación baldía para que abonasen los 900 euros de una multa de la que la empresa es la única responsable. Esta vez el Ayuntamiento de Avilés ni contestó, porque se podía acoger al silencio administrativo. Cumplido el plazo correspondiente, reitero a Leaseplan que debe pagar la multa. Tarda una semana en contestarme negativamente, por lo que cuando fui a pagarla ya era de 945 euros.
Cuando voy a abonar la multa al banco la cola era considerable y tuve que esperar un buen rato para acceder a ventanilla. Había muy poco personal y muchas ventanillas estaban vacías. Cuando por fin me reclaman en una de ellas, la empleada, huraña y malhumorada, se niega a tramitar el pago porque la multa está en un correo electrónico, en mi teléfono móvil. Alega que tiene que estar impresa. Cuando le digo que la puede imprimir ella misma y que tardaría segundos, sostiene que no tiene obligación alguna, apoyada por una compañera de la ventanilla más próxima. Solo cuando protesté, recordando que en ese banco, el BBVA, tengo mi cuenta, accedió no de buena gana a zanjar el problema, en menos de cinco minutos. Al lado, una señora muy mayor en silla de ruedas se peleaba con una máquina para actualizar su libreta.
Las personas somos números, escoria ante la que ni empresas ni instituciones se ven obligadas a dar la cara
Estas son las reglas del juego, así funciona el moderno capitalismo. Se trata de nuevas formas de esclavismo. Las personas somos números, escoria ante la que ni empresas ni instituciones se ven obligadas a dar la cara. Solo servimos para financiar sus presupuestos y sus negocios. La cultura de la presencialidad y aquellos tiempos en los que te podías fiar de quien te vendía un producto o de quien gestionaba tu dinero han pasado a la historia. La vida cotidiana se ha convertido en una trampa continua que solo los más hábiles lograr eludir. El próximo gobierno debería tener aquí una de sus prioridades, ya que dice que lo social y lo público es la suya. Con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, solo conocimos buenas intenciones ante el abuso continuo al que es sometido el consumidor.
También los ciudadanos tenemos buena parte de la culpa, por nuestra docilidad, aunque hay que tener mucha paciencia y mucho orgullo para hacer frente a un monstruo tan poderoso y tan siniestro. En mi caso no me resigno y puse el caso en manos de la Unión de Consumidores, que ya logró hace unos años que una compañía de telefonía móvil (Vodafone) me devolviera el pastizal que me había cobrado por un servicio que nunca había tenido. Asociaciones como ésta, que es ejemplar, se han convertido en imprescindibles.
Rebelarse contra la explotación, contra los abusos y contra las injusticias también consiste hoy en estas formas de resistencia. Aunque en realidad no hagamos otra cosa que defendernos de un enemigo invisible.
