La Comisión Europea da la razón a la denuncia de Ripa y abre procedimiento sancionador por el peaje de El Huerna

Considera que el gobierno de Aznar vulneró los principios de igualdad de trato y transparencia que rigen las normas de contratación pública.

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Víctor Guillot
Víctor Guillot
Víctor Guillot es periodista y adjunto a la dirección de Nortes. Ha trabajado en La Nueva España, Asturias 24, El Pueblo de Albacete y migijon.

La Comisión Europea ha resuelto incorporar la denuncia de Daniel Ripa sobre el peaje de la AP-66 de El Huerna a la denuncia que ya había admitido previamente sobre el peaje de la AP-98 de Galicia. La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME ya había considerado que existían indicios suficientes de ilegalidad sobre la prórroga y privatización posterior de la AP-9, en 2021. Ahora considera que el peaje del Huerna es también ilegal y permite, durante un plazo de 2 meses, alegar al Gobierno de España, antes de que se inicie el procedimiento sancionador.

En una carta remitida a Daniel Ripa, ex-diputado autonómico de Podemos, hoy expulsado, y denunciante ante la Comisión Europea, se le notifica que la institución comunitaria ha decidido ampliar el procedimiento de infracción que “pasa a cubrir no solamente la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 sino también la prórroga (mediante el citado Decreto 392/2000, de 17 de marzo) de la concesión de la autopista AP-66 por un período de veintinueve años, hasta el 17 de octubre de 2050, así como la venta publica en el año 2003 de la Empresa Nacional de Autopistas, S. A (ENAUSA), titular de las acciones de las concesionarias de la AP-9 y de la AP-66, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La prórroga y venta tuvieron lugar durante el segundo mandato del gobierno de José María Aznar, siendo entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos.

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La Comisión considera que sendas prórrogas como su venta pública, al no ser precedidas de la publicación de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y de un procedimiento de contratación pública, vulneraron la Directiva 93/37/CEE y los principios generales de igualdad de trato y transparencia que rigen las normas de la contratación pública.

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