A Salama Mohamed
El pasado 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaba tres sentencias que tumbaban los acuerdos pesqueros y comerciales entre el “club comunitario” y Marruecos. Los fallos de la instancia judicial europea, que diferencian enteramente el territorio marroquí del propio del Sáhara Occidental, confirman una vez más que el pueblo saharaui es sujeto de derecho internacional y que, por tanto, debe dar su consentimiento a cualquier acuerdo relativo a los recursos naturales comprendidos en su territorio. En realidad, se trata de jurisprudencia consolidada. Ya el 21 de diciembre de 2016 el TJUE había sentenciado que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y, tras años reiterando su estatuto separado, hacía constar un 29 de septiembre de 2021 que “el Frente Polisario goza de reconocimiento a nivel internacional como representante del pueblo del Sáhara Occidental”.
Según Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), “un pueblo sometido a colonización tiene la opción del derecho a la autodeterminación’. Tal es el caso del Sáhara Occidental, integrado desde 1963 en la lista de Territorios No Autónomos bajo el Capítulo XI de la Carta de la ONU. Y son varias las resoluciones de las Naciones Unidas [la 1514 (XV), de 1960; la 1541 (XV), de 1960; la 2625 (XXV), de 1970, o la 2602, de 2021] las que subrayan que el futuro de los territorios no autónomos sólo se puede decidir por un proceso de libre determinación entre sus habitantes, que incluya, entre las opciones de votación, la de la independencia.
La situación de ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos es reconocida, tácita o explícitamente, por la gran mayoría de la comunidad internacional. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO)- aprobada en 1991 tras del acuerdo alcanzado entre las autoridades marroquíes y el Frente Polisario en 1988, el llamado Plan de Arreglo- ha sido sistemáticamente vulnerada por Marruecos, posponiendo y finalmente rechazando la implementación del referéndum. De hecho, el Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental, planteado por el gobierno de Rabat en 2007 de manera unilateral, contraviene el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas en materia de descolonización y soberanía territorial. Considerado esto, sustituir el derecho del pueblo saharaui a ser consultado por la adhesión a las tesis anexionistas marroquíes, de ninguna manera ayuda a alcanzar una solución justa y duradera, que debe estar basada en el diálogo, la negociación y el acuerdo político entre las partes, de conformidad con la Carta de la ONU y los principios y objetivos de la Unión Africana.
Mediante el vergonzoso “Acuerdo de Madrid”, el 14 de noviembre de 1975 el moribundo régimen franquista vendía el Sáhara a Marruecos, un país que nunca había ejercido soberanía efectiva en los territorios de Saguía el-Hamra y de Río de Oro, pasando así a ocuparlos de manera violenta. Hoy, España tiene una deuda histórica que saldar con el pueblo saharaui: garantizar el proceso de descolonización y asegurar un referéndum que determine el futuro estatus del Sáhara Occidental a través del derecho de autodeterminación.
Entre los días 9 y 16 de enero de este 2025, una delegación institucional se desplazó a los campamentos de Tinduf con motivo del 30º aniversario de los primeros hermanamientos entre los ayuntamientos asturianos y las wilayas; marco que no solamente simboliza la ayuda humanitaria del pueblo asturiano con el saharaui, sino que manifiesta una alianza cultural que es políticamente estratégica para la causa internacionalista. El viaje estuvo organizado por la Asociación de Solidaridad Asturiana con el Pueblo Saharaui, en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos (FACC), y la delegación estaba formada por Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, Cecilia Pérez, presidenta de la FACC, diputados de la Junta General del Principado de Asturias, cargos públicos de diversos ayuntamientos (Avilés, Belmonte de Miranda, Carreño, Castrillón, Mieres, Morcín y Gijón), representantes de los sindicatos CCOO y UGT, y quien esto escribe, como director general de Agenda 2030 del Gobierno de Asturias. Estuvimos además acompañados por Alberto Suárez, presidente de la mencionada asociación, y Salamu Hamudi, de la representación saharaui en España. El compromiso de nuestra comunidad con el pueblo saharaui es patente. Los proyectos financiados por Asturias a lo largo de estas tres décadas han contribuido significativamente a mejorar las condiciones de vida en los campamentos de refugiados, en ámbitos como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad alimentaria o el desarrollo comunitario.
Actualmente asistimos a una agudización de la conflictividad a nivel global, con el creciente recurso de métodos violentos en la dialéctica entre modelos geopolíticos e ideológicos por el control de poder, y un incremento de la lógica militarista en las relaciones internacionales. Esta visita reafirma la necesidad del cumplimiento universal de los derechos humanos, la protección de la dignidad de todas las personas y pueblos; especialmente de quienes se ven privados del “derecho a tener derechos”, de la parte de quienes no tienen parte. Pone también bajo luz cenital la centralidad de la solidaridad internacional como herramienta imprescindible para construir un futuro mejor. Como expresó en la visita el compañero José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturias, “si el capital se organiza a nivel internacional, las trabajadoras y trabajadores también tenemos que hacerlo”.
Hoy, el gurú de Silicon Valley, Peter Thiel, afirma sin estremecerse que el capitalismo no es compatible con la democracia- por lo que habrá que sacrificar a la última- y J. D. Vance, vicepresidente de los EEUU, es partidario de restablecer la jerarquía natural entre las poblaciones. El racismo biológico resurge con intensidad y una analogía brutal entre la dinámica de la separación de residuos y el darwinismo social nos recorre como un escalofrío: la reducción de los pueblos sojuzgados a detritus; el amurallamiento de las clases acaudaladas, “los mejores”, para no ser “contaminados” por las “criaturas infrahumanas”, los “desechos”.
Por eso urge fortalecer procesos transformadores de paz que limiten y reviertan el impacto de la violencia sobre las vidas dañadas, que se orienten a la resolución de las causas de los conflictos y sitúen en el centro a las voces silenciadas. Los derechos políticos y sociales deben prevalecer sobre los intereses económicos de quienes saquean arena, petróleo, pescado y fosfatos: los señores de la guerra, las hienas de la ganancia.
