El Ministerio de Transportes y de Movilidad Sostenible ha presentado este miércoles un recurso frente al procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea por la prórroga del peaje de la autopista AP-66 entre Asturies y León. No es ninguna sorpresa. El Ministerio, partidario de seguir con la política de bonificaciones, pero sin llegar a suprimir el peaje, ya había manifestado su voluntad de recurrir la decisión europea, algo que le obligaría a asumir la gestión de esta autopista, hoy en manos de un fondo de inversión holandés.
La Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum al Gobierno de España en el que advertía de que llevará al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66 porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública.
El dictamen de la UE llegó tras una denuncia presentada en 2021 por el ex secretario general de Podemos Asturies Daniel Ripa por lo que consideraba había sido una prórroga fraudulenta de la concesión aprobada en el año 2.000 por el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar. Fue aquel gobierno el que extendió las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66, la del valle del Huerna, entre Asturies y León, por 25 y 29 años respectivamente, sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos.
Aunque la posición de Ripa estuvo inicialmente en solitario, progresivamente todos los actores sociales y políticos asturianos se han ido posicionando a favor de la completa eliminación del peaje. También el PP asturiano, el partido que entregó a Aucalsa la concesión de la autopista de manera fraudulenta hasta 2050, y cuyo líder autonómico, Álvaro Queipo, no tiene hoy problemas en exigir que se levanten las barreras.
Barbón pide desde Bruselas la supresión total
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha insistido este miércoles en que la Comisión Europea ha determinado “la ilegalidad” del peaje de la autopista AP-66 (Huerna), entre Asturies y León, y por ello “tiene que revocarse”.
Barbón, que esta semana mantiene una agenda de trabajo con autoridades comunitarias para abordar asuntos de interés para el Principado, ha remarcado que esa es la posición que su Gobierno sigue manteniendo ante la Comisión Europea.
También el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha anunciado que el Gobierno del Principado se ha dirigido formalmente a la Comisión Europea para pedirle que continúe con el procedimiento de infracción abierto con el fin de alcanzar la supresión del peaje. Para ello, el Principado podrá a disposición “toda la información y documentación técnica” de la que dispone y que “puede ser útil”, ha dicho Calvo.
El consejero ha remarcado que se trata de “una situación que no debe durar más” y “que hay que aprovechar esta oportunidad de una vez por todas”, aunque ha precisado que “el procedimiento todavía tiene recorrido”.
El recurso del Ministerio supone un nuevo conflicto de Transportes con Asturies tras el escándalo de los trenes de vía estrecha no aptos para la circulación.
