La misma situación que en Asturies con la autopista del Huerna se repite en Galicia con la AP-9, la autopista que une la comunidad vecina con Castilla y León. Un peaje odiado por la ciudadanía y prorrogado de manera fraudulenta por el Gobierno de José María Aznar, una denuncia a la que da la razón la Comisión Europea, un Ministerio que no se da por aludido y recurre la decisión, un partido socialista periférico en la difícil tesitura de tener que enfrentarse a su propio Gobierno y un PP que lejos de la autocrítica se apunta ahora a exigir soluciones para el problema que él mismo creó en el año 2.000 por no sabemos qué oscuros motivos.
Si en el caso asturiano la denuncia partió del ex secretario de Podemos Daniel Ripa, hoy expulsado del partido, en el caso gallego fue una asociación de consumidores, En Colectivo, la que señaló ante la UE la irregularidad de una concesión que se encuentra en manos del fondo de pensiones holandés Algemene Pensioen Groep (APG), los mismos dueños de AUCALSA, la concesionaria de la autopista entre Asturies y León.
Como en Asturies, también en Galicia, dos comunidades con un fuerte sentimiento de periferias aisladas, las infraestructuras son uno de los grandes temas de la agenda pública
Como en Asturies, también en Galicia, dos comunidades con un fuerte sentimiento de periferias aisladas, las infraestructuras son uno de los grandes temas de la agenda pública y uno de los pocos puntos que logran poner de acuerdo a derecha e izquierda, sindicatos y organizaciones empresariales. Hoy todos defienden en Galicia la supresión, pero no todos están igual de bien posicionados en el debate público. Mientras los socialistas se enfrentan con divisiones internas a la contradicción de estar en contra del peaje y al mismo tiempo en el Gobierno que no quiere suprimirlo, PP y Bloque Nacionalista Galego tienen las manos mucho más libres para decir lo que quieran y lanzarse a la disputa por la portavocía de los intereses gallegos.
Ciertamente el PP fue el creador del problema en 2.000, pero la memoria es frágil, sobre todo cuando se controla la televisión autonómica y el principal periódico del país, La Voz de Galicia. Para Rueda la supresión del peaje es un tema que le abre un frente de oposición interesante al PSOE de Madrid y al PSG-PSOE de casa, si bien como le recordaba este lunes el líder de los socialistas gallegos, Gómez Besteiro, “no se puede reclamar la transferencia de la AP-9 mientras mantiene peajes en las autovías que ya son de su competencia”.
Aunque los maliciosos afean al los nacionalistas que en los años 70 se opusieran a la construcción de la autopista, los tiempos de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Autopista del Atlántico todavía quedan más lejanos, y el BNG es hoy la fuerza mejor posicionada para capitalizar la batalla por la supresión del peaje con la meseta. El Bloque de hecho lo ha convertido desde hace años en uno de sus temas centrales para una agenda gallega transversal capaz de arañar votos más allá del espacio clásico de la izquierda. La rebaja de los peajes fue de hecho una de las condiciones que el BNG puso para dar su voto a la investidura de Pedro Sánchez.
La formación liderada por Ana Pontón no solo ha agitado, sino que también ha hecho los deberes. Encargó a la Universidad de Coruña un estudio sobre el coste de rescatar la infraestructura, 905 millones de euros, bastante menos de lo estimado por la Xunta, que tiró de consultora privada para hacer sus números. La líder del Bloque defendía este miércoles el final del peaje como una “oportunidad”, también económica, para Galicia: “É máis barato anular a concesión que seguir pagando as bonificacións”. Eso sí, sobre la mesa el BNG ha puesto una propuesta que ni en Asturies ni en Castilla y León todavía nadie ha planteado, y que a este lado de la cordillera cantábrica sigue produciendo vértigo: una gestión pública y autonómica de la autopista.
