Palestina fue la palabra que más gente sacó a la calles a lo largo de los doce meses del año, y Educación Pública el sintagma que protagonizó las movilizaciones más multitudinarias. Así podríamos resumir el 2025 de los movimientos sociales asturianos, un año marcado por el genocidio de Israel en Gaza y por el ingreso en prisión de seis sindicalistas de CNT.
La buena noticia de 2025, es que a pesar de la derechización social y cultural, la sociedad civil progresista sigue teniendo músculo y capacidad de reacción, aunque sea en clave más defensiva que ofensiva. Se demostró con la protestas contra el genocidio de Gaza, un movimiento social que este año sacó a miles de personas a las calles mientras Israel agravava su ofensiva y convertía la vida del pueblo palestino en un verdadero infierno.
Septiembre fue un mes clave para las movilizaciones. La torpeza de La Vuelta permitiendo la participación de un equipo israelí en la competición ciclista brindó al movimiento de solidaridad con Palestina tres semanas para convertir la carrera en un formidable altavoz del rechazo al genocidio. Un esforzado grupo de activistas en Olot, Catalunya, encendió la mecha que evolucionó, a lo largo de casi un mes de protestas, incluyendo un audaz piquete en la subida al Angliru, en una marea humana que terminó tirando vallas e impidiendo el final de la competición ciclista en Madrid, última etapa de La Vuelta.
El Gobierno reaccionó de manera contradictoria a las protestas, pero terminó capitalizándolas a su favor. Frente a una UE abiertamente alineada con Israel, España ha sido uno de los países europeos que más lejos ha ido en su apoyo a Palestina. Las movilizaciones sociales, que incluyeron una huelga general, subieron el apagado ánimo de las izquierdas, conectaron con una parte de la juventud y pusieron contra las cuerdas a un PP dividido entre la crítica con sordina a Israel y el alineamiento sin fisuras con el sionismo.
Las movilizaciones presionaron a ir más allá al Gobierno de PSOE y Sumar, a la vez que brindaron a Pedro Sánchez una oportunidad para para marcar perfil propio, moviendo ficha y anunciando el embargo de armas que sus socios de Gobierno y Parlamento llevaban meses reclamándole sin éxito.
Precisamente de armas fue una de las acciones más contundentes lanzadas este año por el movimiento asturiano de solidaridad, que se encadenó a las puertas de la fábrica de armas de Trubia para denunciar la presencia de tecnología israelí en la factoría armera. Está todavía por comprobar si el embargo se está efectivamente aplicando en la industria asturiana, pero lo que está claro es que Palestina ha supuesto un acicate para la politización de un sector de la juventud que contempla horrorizado la dirección a la que se dirige el mundo.
El gran éxito del movimiento a nivel asturiano tuvo lugar sin embargo en el ámbito sanitario, donde el Principado recogió el guante lanzado por Somos Asturies y anuló sus contratos con la farmacéutica israelí Teva. Una decisión valiente en las antípodas del “nadar y guardar la ropa” adoptado por la Universidad de Oviedo/Uviéu con el proyecto TICHE, en el que investigadores de la universidad asturiana seguirán compartiendo objetivos y recursos con uno de los mayores fabricantes de armas de Israel. Uniovi por Palestina y Asturies por Palestina ya han anunciado que seguirán presionando para que la Universidad cumpla sus estatutos, que prohiben la investigación con fines bélicos.
Educación, sanidad y vivienda pública en el centro del debate
Que en la educación pública había “quemazo” se llevaba tiempo comentando, pero lo que nadie esperaba, ni siquiera en los sindicatos, era la intensidad del agotamiento del profesorado asturiano.
Sueldos devaluados por la inflación y la subida del precio de la vivienda, falta de recursos para afrontar la llegada a las aulas de miles de alumnos de origen migrante, que a veces ni siquiera conocen el idioma, y una plantilla que no se ha recuperado de la crisis y los recortes de 2008, actuaron como telón de fondo de un auténtico estallido que la ex consejera Lydia Espina agravó con su torpeza negociando.
La “huelgona” tensionó al Gobierno PSOE-IU Convocatoria por Asturies mientras las derechas, oliendo la sangre, trataban de orientar la huelga en un sentido antigubernamental y antisindical, y sobre todo, sin críticas a su modelo educativo: la educación concertada. Finalmente, la unidad de los sindicatos de clase, dirigidos por una nueva generación de docentes procedentes de los movimientos sociales, logró reconducir el conflicto a unos acuerdos, que de aplicarse en su integridad, mejorarán la dotación económica de la educación pública asturiana de un modo que ningún acuerdo parlamentario podría haber hecho. Una enseñanza. La izquierda transformadora nunca debería temer la presión de sus aliados sociales. La calle puede ayudar a modificar las aritméticas parlamentarias.
En contraste con la actitud desplegada por el PSOE hacia la huelga de la pública, inicialmente muy rocosa, la rapidez y facilidad con la que a los pocos meses la nueva consejera de Educación, Eva Ledo, firmó un acuerdo con las patronales de la privada, no ha hecho sino alimentar las dudas sobre cuál es la verdadera apuesta de Adrián Barbón en materia de servicios públicos. Su Gobierno pasará a la historia por la extensión de la gratuidad al 0 a 3 y la enseñanza universitaria, pero también por haber abierto las puertas a las universidades privadas.
La sanidad pública ha vuelto a ser otro de los caballos de batalla de los movimientos sociales asturianos, si bien aquí con una notable desconexión entre las reivindicaciones del movimiento ciudadano, sobre todo la mejora de la atención primaria, y las exigencias de los profesionales, reducción de horarios, estabilidad y otras mejoras laborales. Luchas dispersas que se solapan en un momento marcado por el desembarco de la sanidad privada en Asturies. El sector más derechista de los médicos tiene para este momento una hoja de ruta clara: acabar con la exclusividad y poder así compatibilizar su sueldo en la pública con las “extras” en Quirón o Ribera Salud, o con la docencia en las nuevas facultades privadas de Medicina y Enfermería. Un plan redondo que debería encontrar resistencia social y política. En manos de la Consejería de Sanidad está frenarlo.
La vivienda ha sido otro de los temas del año. Si bien en Asturies el movimiento por la vivienda camina con retraso con respecto a otros lugares de España, sobre todo las grandes ciudades, también los sindicatos de inquilinos y otras plataformas han comenzado a funcionar, tanto organizando manifestaciones como la resistencia frente a desahucios.
2026 debería ser también el año en que se noten algunas de las medidas impulsadas por la consejería de Ovidio Zapico (IU-Convocatoria por Asturies): inauguración de viviendas públicas, el programa Alquilámoste, ley autonómica y aplicación de las zonas tensionadas. Medidas necesarias, pero que se quedan cortas para la magnitud de un problema que no deja de crecer sin que la izquierda, en el poder en el Principado y en el Gobierno de España, logre aminorarlo. Una crisis que sin llegar a la gravedad de Madrid o Barcelona, también se nota en Asturies, inmersa además en un intenso y novedoso proceso de turistificación que ha sido alimentado por las propias administraciones públicas.
El agravamiento de la crisis de la vivienda espoleará probablemente a los movimientos sociales a salir a la calle en un 2026 que va a traer una gran revisión de contratos y nuevas subidas del alquiler. La congelación de los alquileres por decreto será una de las grandes batallas sociales y políticas del año que estrenamos.
“¿Y el indulto pa cuándo?”
Tenía el caso de Las 6 de La Suiza todas las papeletas para quedar condenado a la marginalidad, pero no fue así. La inteligencia táctica y la tenacidad militante demostradas por la CNT y Sofitu, el movimiento de apoyo a las sindicalistas condenadas, lograron que 2025 viviera de nuevo grandes grandes movilizaciones unitarias por el derecho a la protesta y a las libertades sindicales.
La unidad de los sindicatos de clase reforzó a las condenadas, rompió su aislamiento político y mediático, y allanó el camino a un indulto, ya anunciado, pero que todavía no se ha materializado.
Si bien el movimiento no logró evitar la entrada en prisión de Las 6 de La Suiza en julio de este año, la aplicación del tercer grado ha librado durante estos meses a las sindicalistas de lo que siempre fue el plan de Lino Rubio Mayo: propiciar un castigo ejemplar al movimiento obrero.
El caso de La Suiza invita en todo caso a una reflexión urgente. ¿Si con un gobierno progresista en Asturies y en España no se ha logrado frenar la entrada en prisión de las sindicalistas, qué futuro podemos esperar con unos eventuales ejecutivos dominados por PP y Vox?
Algunas victorias sociales de 2025
Nunca podemos hablar de una victoria definitiva cuando hablamos de Salave, pero sí parece que por una temporada se aleja el peligro de la mina de oro promovida por Black Dragon en Tapia de Casariego, una explotación que aspiraba a ser reconocida como proyecto estratégico por parte del Principado.
Otro tanto se han apuntado los vecinos y vecinas de San Lázaro, Oviedo/Uviéu, que han logrado que la consejería de Vivienda atienda su demanda de rehabilitar la histórica Malatería del barrio. El proyecto presentado este otoño, y ganador del concurso internacional Europan, apuesta por la conservación del edificio, que se destinará a vivienda pública y espacio comunitario.
Sin salir de la capital asturiana 2025 también ha sido el año del definitivo adiós a la Ronda Norte, una autopista a través del monte Naranco que encontró la oposición firme de vecinos y ecologistas. Finalmente el Gobierno asturiano se ha descolgado del apoyo a una infraestructura que parecía más propia del desarrollismo de los 60 que de los tiempos de la movilidad sostenible. Solo PP y Vox se mantienen hoy en su defensa.
En Xixón avanzan las obras de renaturalización del río Piles, una reivindicación vecinal y ecologista asumida por el anterior Gobierno de PSOE e IU, y continuada por Foro y PP, mientras sigue sin quedar claro qué pasará con el Solarón, para el que el movimiento ciudadano exige un gran parque.
El tiempo y la UE también han dado la razón a la demanda planteada por Daniel Ripa, ex secretario de Podemos Asturies, contra la renovación del peaje del Huerna en tiempos de Aznar y Cascos. El tiempo y la UE sí, pero el Ministerio de Transportes no, que mantiene contra viento y marea una barrera que ha sido clarada ilegal. Qué pasará finalmente con el Huerna es otra de las preguntas que nos depara el año que comenzamos.
