El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, manteniendo esta referencia retributiva exenta de tributación, lo que supondría elevar el SMI de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales (37 euros más).
Patronal y sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ha calificado el diálogo de “sincero y constructivo”.
“La subida mantiene el poder adquisitivo dada la inflación actual”, apunta Begoña Cueto Iglesias, catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo/Uviéu, vicepresidenta de la Asociación Española de Economía del Trabajo y relatora de la Comisión Asesora del Salario Mínimo Interprofesional, que recientemente destacaba en NORTES el efecto positivo del crecimiento del SMI en la economía y el consumo.
Según la economista, entre el 7 y el 10% de los trabajadores asturianos podrían beneficiarse de la medida. “No es uno de los porcentajes más altos de España” apunta Cueto, si bien señala que en los últimos tiempos ha crecido el número de asturianos que cobran el SMI. Para la experta, el reto ahora es lograr un incremento de los salarios medios, que se han quedado bajos con respecto al crecimiento del SMI desde la moción de censura a Rajoy. “Ahora hace falta un efecto de ola que se traslade del SMI al resto de salarios” explica Cueto, para la que hace falta que las empresas valoren más el trabajo de sus empleados.
Trabajo busca un pacto con sindicatos y patronal
El Ministerio de Trabajo también ha puesto sobre la mesa su intención de “explorar” con el Ministerio de Hacienda “la posibilidad de relajar las reglas de desindexación que tienen que ver con la afectación en los contratos públicos de los salarios”.
CEOE y Cepyme llevan años reclamando al Gobierno la actualización de los contratos públicos conforme a las subidas del SMI para poder trasladar a la administración ese aumento de costes laborales que restan rentabilidad a las licitaciones.
Los sindicatos apoyan esta reivindicación, tal y como quedó reflejado en el V AENC, el último acuerdo para la negociación colectiva suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales.
Para Pérez Rey “no tiene mucha lógica” que las empresas no puedan trasladar a los precios de licitación en los contratos públicos “algunas de las subidas laborales”, aunque ha aclarado que este asunto está a expensas de lo que digan “los ministerios competentes”, fundamentalmente Hacienda.
En lo que sí hay consenso dentro del Gobierno -según Pérez Rey- es en mantener el salario mínimo libre de IRPF, un punto ya acordado con el Ministerio de Hacienda que desarrollará la parte técnica manteniendo previsiblemente “la dinámica de 2025”, año para el que se estableció una deducción específica.
