Lo cuenta, casi lo recita del tirón, sin titubeos ni sentimentalismos: “Mi nombre es Gustavo Enrique Mestre Cubillos y era abogado en Colombia. Estoy en Asturias desde el 19 de abril del 2018. En principio no llegué como refugiado, sino a quedarme por un tiempo aconsejado por la Unidad Nacional de Protección de Personas de Colombia, un organismo para brindarle protección a personas amenazadas allá: líderes sociales, políticos y demás. En mi caso, el riesgo era demasiado alto, ya había recibido amenazas y varios atentados, y tuve que trasladarme”.
“Yo soy del departamento del César”, continúa Gustavo, “y el 4 de mayo del 2002 los paramilitares a cargo de Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, asesinaron a mi padre. Yo tenía 16 años en ese entonces. Mi padre era ganadero y cultivador de la tierra en una zona de minas de carbón. Era además presidente de la junta de acción comunal de la zona, y junto a otras personas se oponía a la expansión de las minas. Su lucha no era de protestar en la calle, sino una lucha legal y jurídica. Por eso le asesinaron. Ese día asesinaron en la zona a otras ocho personas y desaparecieron a una profesora que encabezaba las protestas contra la minería”.
Desde el mismo día de la muerte de su padre, Gustavo se propuso averiguar quién estaba detrás del crimen. “En cuanto me pongo a investigar, descubro que un alcalde de la zona guardaba las armas de los paramilitares que cometían asesinatos en esa región. Tomé fotos, robé una documentación bastante comprometedora para ellos y eso hizo que esos mismos paramilitares me capturaran el 28 de noviembre del año 2002”.
El secuestro “fue de algo más de ocho horas. Me arrancaron las uñas de las manos y de los pies, me cortaron la falange del dedo pulgar del pie derecho, me quemaron cigarrillos en las costillas…pero esa noche logré escaparme. Me dispararon, me lanzaron una granada que casi me mata, pero logré huir”. Hace apenas dos años que le sacaron de un brazo la última de las esquirlas de metralla que le quedaba en el cuerpo. El ojo derecho, mellado de por vida, da testimonio de cuál puede ser el precio de la verdad en Colombia.
Tras la fuga, cruzó a Venezuela y trabajó allí un tiempo antes de regresar a su país para iniciar sus estudios en Derecho -que completó con una tesis sobre la extradición y sus implicaciones en la justicia transicional en Colombia- y ponerse al frente del caso del asesinato de su padre y otros similares. “Empiezo a llevar casos de otras víctimas del conflicto armado, y cada vez recibo más amenazas porque voy descubriendo cómo se organizan los paramilitares”, relata.
En esa época empezó un exilio interior que le llevó a ocultarse por distintos lugares de Colombia, hasta que la situación se hizo insostenible. Cuando el gobierno le concede la protección, sale del país y acaba establecido en Asturias: “Al principio fue todo un poco complicado, y estuve seis meses en la calle, viviendo en el albergue de San Lázaro. De ahí me llevaron a un piso de Cruz Roja en Gijón y ya me pude poner por mi cuenta a trabajar”. Acabó logrando el asilo político, pero no la convalidación de su título de abogado: “Y para volver a estudiar tendría que endeudarme. No tengo dinero y tampoco tengo tiempo con el trabajo. La situación en España es difícil”.
En este tiempo ha trabajado en el campo, ha sido repartidor y se ha subido el andamio como albañil y otros empleos peligrosos en altura: “Me he roto una rodilla en un accidente laboral; he pasado épocas difíciles, llegando a casa del trabajo a las 11 de la noche por 1000 euros al mes”. Una precariedad muy frecuente entre exiliados colombianos y de otros lugares del mundo. Para aliviar estas situaciones fundó la asociación SOS Exiliados y Precarios.
A través del apoyo mutuo y de colaboraciones con oenegés -el Banco de Alimentos, Asturias Acoge o Pueblo y Dignidad- han tejido una red de solidaridad de la que se benefician asilados políticos de todo el globo. “En la asociación estamos metidos unas 25 personas, pero se benefician cerca de 90. Hemos atendido a personas de Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú o Ucrania. Personas víctimas del conflicto colombiano o de cualquier otro que llegan acá y muchas veces están en situación irregular”, explica. Ahora se dedican principalmente al reparto de comida y bienes de primera necesidad, y a prestar asesoría jurídica y apoyo legal en los trámites de regularización.
“Las esperanzas de volver no se pierden”, reconoce con amargura, “pero lo veo complicado. Mucho tendría que cambiar Colombia, y tendría que acabarse el paramilitarismo”. Tampoco sabe con exactitud si le queda un lugar al que volver en su país: “De las tierras de mi padre nos han excluido y no nos reconocen ningún derecho sobre ellas. La mayoría de tierras que los paramilitares fueron captando por el desplazamiento forzado de las personas están siendo explotadas por empresas mineras. Además, las amenazas contra mí siguen vigentes”.
“El conflicto en Colombia no ha terminado”, asegura Gustavo Enrique, insistiendo en la idea que expuso en una conferencia de hace unos meses en el Colegio de Abogados de Oviedo, “sigue el desplazamiento forzado, sigue el asesinato de líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional”.
En cuanto a su vida en España, se indigna con “la discriminación administrativa por parte del Estado hacia las personas extranjeras”, pero no se abandona a la resignación: “Estoy avanzando poco a poco. Tratando de vivir con lo que me tocó y de sobrevivir con ello”.
