El derecho a vivir en el puto centro

La clase trabajadora expulsada cada vez más lejos, el corazón de las ciudades para el turismo y la especulación.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

Malas noticias. España va a salir de la actual burbuja inmobiliaria más desigual y más segregada. Lo dicen los que como Javier Gil saben y llevan tiempo estudiando el fenómeno. Desigual porque mientras una mayoría se habrá empobrecido y endeudado estos años pagando alquileres e hipotecas, otra minoría habrá multiplicado riqueza y patrimonio. Segregada porque la turistificación y la escalada de precios desde 2021 ha acelerado la expulsión a las periferias urbanas de amplios sectores sociales que hasta hace poco podían permitirse vivir en los centros urbanos.

Cada vez llamamos más el centro a todo lo que no es la periferia. No se trata solo de un fenómeno de las grandes capitales. También en ciudades pequeñas y medianas como las asturianas vivir en los centros urbanos, en su acepción más amplia, resulta cada vez más complicado. En 2019 era posible encontrar pisos de varias habitaciones por 600 euros, o menos, en el Oviedo Antiguo, San Lázaro, El Campillín, Ciudad Naranco o La Tenderina. Hoy por 600 euros en esos mismos barrios solo se pueden alquilar estudios de 30 metros cuadrados.

Promoción de vivienda pública en el centro de Xixón. Foto: David Aguilar Sánchez

Si la situación en la capital asturiana ya resulta complicada, en Xixón el problema es todavía más grave. La declaración de zonas tensionadas de Cimavilla y La Arena llegan cuando ya resulta muy difícil alquilar en ambos barrios por debajo de los 900 euros.

Son precios muy altos, pero que pueden resultar incluso atractivos para quienes sufren el estrés inmobiliario de Madrid y otras grandes ciudades, y buscan refugio en Asturies. Así, los expulsados por el descontrol inmobiliario de las grandes urbes, terminan muchas veces siendo involuntariamente los que expulsan a otros en aquellas ciudades más baratas en las que se refugian.

¿Tiene este círculo endiablado alguna posible salida? Regular e intervenir el mercado con las leyes que ya tenemos aprobadas podría ser un buen principio. Falta un año para las elecciones autonómicas y las zonas tensionadas solo han entrado en funcionamiento en una pequeña parte de Asturies. La derecha, los que hacen caja con el negocio inmobiliarios, anuncian el apocalípsis cada vez que se pone coto a los beneficios desorbitados del rentismo. Ninguna novedad. Confunden interesadamente la burocracia con la democracia. El Gobierno defiende las zonas tensionadas, pero con timidez. En Navarra no se anduvieron con rodeos. 21 municipios fueron declarados zonas tensionadas en 2025. En un año los topes de alquiler ya lograron bajar las rentas en un 7%.

La derecha y la patronal de la construcción también tienen recetas para el problema de la vivienda. Cada día las repiten en los medios y en el parlamento. Ninguna regulación y más dinero público para que el sector privado construya vivienda protegida en las periferias urbanas. O en mitad de la nada, donde el suelo es todavía más barato. En barrios sin equipamientos, alejados de los empleos y de la vida urbana. Como explicaba Samuel Romero en una reciente entrevista en NORTES, la clase trabajadora obligada a pasar más tiempo en el coche o el transporte público para sus desplazamientos cotidianos. El corazón de las ciudades para el turismo y la especulación. Una izquierda útil y combativa tiene que recordarle a la sociedad, que la clase social a la que representa también tiene derecho a vivir en el puto centro.

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