Hubo un tiempo en que Asturias tuvo un alcalde anarquista en Gijón, varios consejeros libertarios en el Gobierno regional y un dirigente de la CNT que acabaría sentado en el Consejo de Ministros de la República. Sucedió hace noventa años, en plena Guerra Civil, cuando el aislamiento del frente norte obligó a improvisar una forma inédita de gobernar un territorio cercado por las tropas sublevadas.
La escena parece difícil de imaginar. Un movimiento que había hecho del rechazo al Estado una de sus principales señas de identidad terminó administrando instituciones, organizando la producción industrial, tomando decisiones sobre el abastecimiento o compartiendo responsabilidades con socialistas, comunistas y republicanos. Aquella contradicción, que en tiempos de paz habría parecido imposible, se convirtió durante catorce meses en una necesidad impuesta por la guerra.
Hoy ese episodio apenas ocupa unas líneas en muchos relatos sobre la contienda. Cuando se habla de la Guerra Civil en Asturias, la memoria suele detenerse en el cerco de Oviedo, la caída del Frente Norte, los bombardeos o la represión franquista. Mucho menos conocida es la historia de quienes tuvieron que gobernar una región prácticamente aislada y, entre ellos, la de unos anarquistas que aceptaron responsabilidades políticas que pocos años antes habrían rechazado por principio.
Mucho más que Segundo Blanco
El nombre que mejor ha sobrevivido al paso del tiempo es el de Segundo Blanco. Nacido en Gijón, fue consejero durante la guerra y, tras la caída del Frente Norte, se incorporó al Gobierno presidido por Juan Negrín como ministro de Instrucción Pública y Sanidad. Esa trayectoria lo convirtió en el único asturiano de la CNT que llegó a ocupar un ministerio y explica que, todavía hoy, sea la figura más recordada del anarquismo asturiano de aquellos años.
Sin embargo, esa lectura la matizan dos historiadores conocedores del movimiento obrero asturiano. Los historiadores Ramón García Piñeiro y Héctor González Pérez coinciden en que sería un error identificar toda aquella experiencia con un solo nombre. Antes y junto a Segundo Blanco hubo dirigentes como Avelino González Mallada, alcalde de Gijón durante la guerra; Eleuterio Quintanilla, uno de los grandes referentes del anarcosindicalismo gijonés, o José María Martínez, fallecido tras la Revolución de Octubre de 1934, cuya influencia siguió pesando sobre varias generaciones de militantes. Para ambos historiadores, Blanco pasó a la memoria sobre todo porque fue ministro; dentro de Asturias, otros dirigentes tuvieron una relevancia política y sindical comparable o incluso superior.
La propia composición de las instituciones asturianas refleja hasta qué punto aquella presencia fue más amplia de lo que suele recordarse. En el Consejo Interprovincial de Asturias y León, y después en el Consejo Soberano, participaron representantes de la CNT, de la FAI y de las Juventudes Libertarias, compartiendo gobierno con el resto de organizaciones del Frente Popular. No fue una presencia simbólica. En un territorio aislado del resto de la zona republicana, aquellos órganos asumieron decisiones relacionadas con la administración, la economía, el abastecimiento y la defensa.
Una presencia importante… pero no mayoritaria
Esa participación institucional resulta todavía más llamativa porque el anarquismo nunca fue la fuerza predominante en Asturias. Los dos historiadores coinciden en que la fuerza de la CNT asturiana estaba concentrada en dos áreas muy concretas: la cuenca del Nalón y la costra central.
“Va por parroquias”, resume con ironía Héctor González. El principal bastión cenetista estaba en La Felguera, especialmente entre los trabajadores del metal, y en concreto de Duro Felguera. Otros focos importantes estaban en la pequeña y mediana industria gijonesa y en el sector pesquero entre Gijón, Candás y Luanco. De hecho, durante la guerra el anarquista gijonés Ramón Álvarez Palomo sería el consejero provincial de pesca. Bajo su mandato se colectivizaría la industria pesquera y se solucionaría, aunque fuera por breve tiempo, el problema del paro estacional de los pescadores, obligados a sobrevivir como podían, sin ningún tipo de seguro social, cuando la flota no faenaba.
Ramón García Piñeiro explica que el anarquismo felguerino, más próximo a la FAI, tenía un perfil distinto, más radical, que el gijonés, muy influenciado por el pedagogo libertario Eleuterio Quintanilla. En cambio, las cuencas mineras y Oviedo, con sus importantes fábricas de armas, seguían siendo, de forma abrumadora, territorio de la UGT y del sindicalismo socialista.
Tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936 los anarquistas jugarían un papel clave en detener el golpe de Estado en Gijón. Los obreros gijoneses, apoyados por milicianos anarquistas llegados de La Felguera y la comarca del Nalón, lograrían mantener a raya a los golpistas, atrincherados en el cuartel de Simancas. Finalmente la zona cero del golpe de Estado en Gijón caería tras duros combates que se prolongarían durante algo más de un mes.
El anarquismo gijonés saldría reforzado de la victoria frente a los sublevados y la principal ciudad asturiana experimentaría una revolución colectivista pilotada por los obreros libertarios.
El colpaso del Estado republicano llevaría a la existencia de múltiples comités locales en Asturias durante un verano de 1936 en el que no faltarían los excesos y las ejecuciones extrajudiciales de personas identificadas con las derechas y los golpistas.
En este periodo emergerían dos poderes fuertes: el Comité del Frente Popular, hegemonizado por los socialistas, con sede en Sama de Langreo, y el Comité de Guerra de Gijón, liderado por la CNT. Tras meses de coexistencia los anarquistas gijoneses asumirían finalmente la disolución de su comité guerra, y la integración de sus representantes en una nueva institución estatal, el Comité Interprovincial de Asturias y León, un gobierno autónomo, dependiente de la República, y presidido por el gobernador de Asturias y León, el socialista Belarmino Tomás.
La guerra cambió las reglas
La explicación de esta integración en el Estado, que también se daría en el Gobierno de la República, la Generalitat catalana, y otros poderes locales surgidos durante la contienda, no está en un cambio repentino de las ideas del anarquismo, sino en la propia evolución de la guerra. Tanto Ramón García Piñeiro como Héctor González coinciden en que las circunstancias obligaron a todas las organizaciones republicanas a tomar decisiones que, apenas unos meses antes, habrían parecido impensables.
Para García Piñeiro, la CNT aceptó dos renuncias que hasta entonces habían sido difíciles de concebir. La primera fue participar en instituciones públicas y compartir responsabilidades de gobierno con fuerzas políticas que defendían un modelo de Estado muy distinto al suyo. La segunda, quizá aún más profunda, fue integrarse en un ejército regular, con una estructura jerarquizada y una disciplina militar incompatible con buena parte de la tradición libertaria. Fueron concesiones impuestas por la necesidad de sobrevivir a una guerra que amenazaba con acabar no sólo con la República, sino con el propio movimiento obrero.
Aquella disposición al entendimiento tampoco apareció de la nada. García Piñeiro recuerda que la CNT asturiana llevaba años mostrando una actitud más abierta hacia la colaboración con otras organizaciones obreras que la mantenida por otros sectores del anarquismo español. Ya durante la preparación de la Revolución de Octubre de 1934, los anarcosindicalistas asturianos habían participado en la alianza con la UGT, la Federación Socialista Asturiana y, posteriormente, con los comunistas. Esa experiencia previa facilitó que, cuando estalló la guerra, la cooperación política resultara mucho más natural que en otros lugares.
Ese clima de colaboración es precisamente uno de los aspectos que más llama la atención a Héctor González. Lejos de la imagen de una izquierda permanentemente enfrentada, sostiene que el funcionamiento cotidiano del Consejo Interprovincial y, más tarde, del Consejo Soberano, estuvo marcado por la búsqueda de consensos.
“Tengo la sensación de que las decisiones eran más bien consensuadas”, explica al recordar algunos de los momentos más delicados del conflicto, desde la organización de la evacuación del territorio hasta el debate sobre el destino de los prisioneros. A su juicio, hubo tensiones, como era inevitable en plena guerra, “pero predominó la voluntad de mantener un frente político unido.”
Eso no significa que desaparecieran los conflictos. González recuerda uno “especialmente llamativo”. Cuando las autoridades decidieron devolver a sus propietarios algunos negocios que habían sido colectivizados durante los primeros meses de la guerra, numerosos trabajadores del comercio, la hostelería o las panaderías protestaron porque llevaban meses gestionándolos de forma cooperativa. Aquella decisión provocó manifestaciones y un fuerte malestar entre parte del movimiento libertario, aunque finalmente la medida terminó imponiéndose, ya que socialistas, comunistas y republicanos apostaban por llegar a acuerdos con las clases medias y evitar que estas se pasaran en bloque al bando franquista. El episodio no es menor, e ilustra hasta qué punto las instituciones asturianas tuvieron que afrontar problemas muy concretos de gobierno y no sólo debates ideológicos.
El aislamiento del Frente Norte reforzó todavía más ese proceso. La caída de Bilbao dejó a Asturias prácticamente desconectada del resto de la zona republicana y empujó a las autoridades a actuar con un margen de autonomía mucho mayor. García Piñeiro recuerda que esa situación dio al Consejo Interprovincial —y, después, al Consejo Soberano— una capacidad de decisión extraordinaria. Además, el sistema de representación acordado entre las organizaciones del Frente Popular hizo que la CNT obtuviera “una presencia institucional superior a la que le habría correspondido únicamente por su implantación sindical.”
El propio historiador pone un ejemplo muy gráfico. En municipios donde los anarquistas eran claramente minoritarios, como San Martín del Rey Aurelio, la composición de las gestoras y de los consejos municipales no dependía exclusivamente del peso de cada organización, sino del equilibrio alcanzado entre las distintas fuerzas del Frente Popular. Eso permitió que dirigentes libertarios ocuparan alcaldías y responsabilidades públicas en localidades donde, antes de la guerra, su representación había sido muy reducida.
Fue en ese contexto cuando figuras como Segundo Blanco pasaron de la actividad sindical a las responsabilidades de gobierno. Pero, como insisten ambos historiadores, aquella evolución sólo puede entenderse como parte de un fenómeno mucho más amplio: el de un movimiento revolucionario obligado por la guerra a administrar unas instituciones cuya desaparición había defendido durante décadas.
Una memoria que apenas sobrevivió a la derrota
La caída de Asturias, en octubre de 1937, puso fin a aquella experiencia política tan excepcional como breve. El Consejo Soberano desapareció con el avance de las tropas franquistas, muchos de sus responsables emprendieron el camino del exilio y otros fueron encarcelados o represaliados durante la dictadura. Segundo Blanco logró abandonar el norte y meses después, ya en la zona republicana, fue nombrado ministro de Instrucción Pública y Sanidad en el Gobierno de Juan Negrín. Su trayectoria terminó convirtiéndolo en el rostro más conocido de una experiencia colectiva mucho más amplia.
En realidad, aquella historia nunca fue la de un solo hombre. Fue la de una organización que tuvo que gobernar cuando siempre había defendido que el Estado debía desaparecer. La de unos sindicatos que, además de organizar huelgas y reivindicaciones laborales, acabaron gestionando el abastecimiento, la producción industrial o la vida municipal en plena guerra. Y fue también la de un territorio aislado que improvisó unas instituciones capaces de seguir funcionando mientras el resto del Frente Norte se derrumbaba.
Noventa años después, esa experiencia apenas ocupa espacio en la memoria colectiva. Para Héctor González, el relato sobre la Guerra Civil se ha concentrado, de manera lógica, en la violencia, la represión y la dictadura posterior, mientras otras facetas han quedado mucho más desdibujadas. “Hay muy poco interés hoy en contar otras cosas que sucedieron dentro de la guerra civil”, señala el historiador, que reivindica el estudio de cómo aquellas instituciones consiguieron organizar la economía, el abastecimiento o la vida cotidiana en un territorio prácticamente aislado.
Ramón García Piñeiro apunta en la misma dirección, aunque desde otra perspectiva. A su juicio, el anarquismo asturiano sigue siendo uno de los grandes vacíos de la historiografía regional. Tras el franquismo, la reconstrucción de la CNT fue muy limitada y las divisiones internas del movimiento libertario hicieron que desapareciera el entorno social y sindical que podía haber impulsado una recuperación de esa memoria. El resultado es que buena parte de sus dirigentes han quedado relegados a estudios especializados o incluso han sido olvidados por completo.
Quizá el ejemplo más significativo sea Avelino González Mallada. Alcalde de Gijón durante la guerra y una de las figuras centrales del anarcosindicalismo asturiano, hoy su nombre resulta mucho menos conocido que el de otros responsables políticos de aquella época. García Piñeiro recuerda incluso que hay quien llega a atribuirle una militancia socialista, una muestra de hasta qué punto el papel desempeñado por el anarquismo en la historia contemporánea de Asturias ha quedado difuminado con el paso del tiempo.
Sin embargo, los hechos permanecen. Durante unos meses, Asturias tuvo consejeros anarquistas, un alcalde de la CNT en su principal ciudad y un dirigente libertario que acabaría formando parte del Gobierno de la República. No fue una anomalía nacida de una utopía revolucionaria, sino la respuesta improvisada a una guerra que obligó a todas las organizaciones políticas a revisar sus propios límites.
