Veinte años después, Luarca vuelve a situarse en el mapa internacional de la defensa de la paz. La villa acoge del 19 al 21 de septiembre el Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, una cita, patrocinada por la Dirección General de Agenda 2030, y que reune a 26 especialistas. La reunión pretende convertir el camino iniciado en 2006 con la Declaración de Luarca en un proyecto de convención internacional que obligue a los Estados que decidan ratificarla. Al frente está Carlos Villán Durán (Caso, 1950), jurista asturiano, presidente fundador de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y antiguo miembro de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde trabajó entre 1982 y 2005.
Villán regresa a Luarca con una visión mucho más sombría del mundo que la de hace dos décadas. Considera que la carrera armamentística ha situado al planeta al borde de una catástrofe nuclear, cuestiona el rumbo de Europa y cree que unas Naciones Unidas nacidas en 1945 necesitan ser “refundadas”. Frente a ese escenario, la AEDIDH y los especialistas reunidos estos días en Luarca defienden que la paz deje de ser una aspiración y se convierta en un derecho que los ciudadanos puedan exigir a sus Estados. “La sociedad civil es la víctima principal de los conflictos armados”, sostiene Villán. Y precisamente por eso reclama darle herramientas para defenderse de ellos.
Han pasado veinte años desde la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz. ¿Qué se consiguió entonces y qué sigue faltando veinte años después?
Lamentablemente, si recorremos qué ha pasado en estos veinte años, la situación del mundo ha empeorado de manera ostensible. Se ve en la proliferación de conflictos armados. Hoy hay unos 130 conflictos abiertos en el mundo y nosotros tenemos noticia fundamentalmente de los más llamativos, como el de Palestina o el de Sudán, que incluso pasa mucho más desapercibido en los medios occidentales. Esto significa que las normas básicas del derecho internacional se están violando todos los días y, en demasiadas ocasiones, con impunidad. Y hay otro elemento fundamental: las guerras son un gran negocio. En 2025, el gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares. Es una cantidad monstruosa de dinero que alimenta una carrera armamentística que no tiene fin. Si hoy estamos al borde de una catástrofe nuclear es porque esa carrera continúa. Y a ello hay que añadir el impacto medioambiental de los conflictos armados. No sabemos siquiera cuál es el impacto conjunto de todos los conflictos que están abiertos en el mundo.
Convertir la paz en un derecho exigible
Ustedes plantean ahora avanzar hacia una convención internacional sobre el derecho humano a la paz. ¿Qué cambiaría realmente? ¿Qué obligaciones concretas tendrían los Estados?
Esa es la clave desde el punto de vista jurídico. Nuestra intención es convertir la declaración que escribimos hace veinte años en una convención. Para los no juristas, significa pasar de un texto de buenas intenciones a un tratado internacional que obligaría a los Estados que lo ratificasen. El proyecto de convención que vamos a trabajar estos días en Luarca pretende definir qué es el derecho humano a la paz, cuáles son sus elementos esenciales y qué obligaciones implica para los Estados. Para nosotros, la paz es un derecho humano y, como tal, debe ser justiciable. Es decir, debemos poder reclamar ante los tribunales y exigir a nuestros gobiernos que adopten medidas eficaces para defenderla.
¿Y cómo se traduce eso en la práctica?
En parar la carrera de armamentos y entrar en un proceso de desarme. Los Estados tendrían que concertarse y asumir obligaciones internacionales para frenar esa carrera y, posteriormente, abordar una conferencia de desarme bajo el marco de Naciones Unidas, en la que pactasen cómo reducir sus arsenales y sus fuerzas armadas. El modelo que impera actualmente, particularmente en Europa, es el de la paz armada: los gobiernos nos dicen que para defender la paz tenemos que armarnos. Nosotros sostenemos lo contrario. La paz armada nos lleva directamente a la guerra. El desarme es un elemento esencial del derecho humano a la paz.
“El riesgo nuclear es inminente”
En 2024 usted decía que llegaría una guerra nuclear táctica y que Europa sería la peor parada. Dos años después, ¿mantiene ese pronóstico?
No solo lo mantengo, sino que lo reafirmo. Elevo mi nivel de alarma todo lo que se pueda elevar. Sigo diciendo que el riesgo nuclear es inminente. Hay nueve potencias que poseen armas nucleares y, por tanto, capacidad técnica y científica para seguir desarrollándolas y hacerlas cada vez más mortíferas. Además, se está incorporando la inteligencia artificial a los sistemas de armamento. El riesgo es que, si se produce un primer ataque nuclear, provoque una respuesta de otros países que también disponen de esas armas. Ese es el peligro de una escalada que termine en una hecatombe mundial.
¿Qué responsabilidad atribuye a Rusia, Estados Unidos, la OTAN y los propios países europeos en la situación actual?
Todos tienen responsabilidad, especialmente los Estados que poseen armas nucleares y, dentro de ellos, quienes tienen los mayores arsenales. Estados Unidos y Rusia están a la cabeza.
“En la Unión Europea no tenemos un conflicto armado interno, pero tenemos una paz armada porque nos estamos armando hasta los dientes”
Ucrania y una Europa dividida
Usted trabajó durante más de veinte años en Naciones Unidas. ¿Está funcionando hoy la ONU para aquello para lo que fue creada, evitar nuevas guerras, o el sistema internacional construido después de 1945 ha quedado desbordado?
No solamente ha quedado desbordado, sino que se está desmontando. Naciones Unidas se construyó sobre una idea básica: que el multilateralismo y la cooperación internacional son necesarios para evitar que la humanidad caiga en guerras y conflictos armados. La Carta de Naciones Unidas establece la prohibición del uso de la fuerza, pero esa prohibición se viola continuamente y muchas veces sin consecuencias. Y no se puede hacer efectiva si no va acompañada también de una obligación de desarme. Además, no debemos confundir la ausencia de guerra con la paz. En la Unión Europea no tenemos un conflicto armado interno, pero tenemos una paz armada porque nos estamos armando hasta los dientes.
Pero en Europa sí tenemos una guerra, la de Ucrania.
Claro. Y no confundamos Europa con la Unión Europea. Geográficamente, Europa llega hasta los Urales. Lo que tenemos hoy es una Europa profundamente dividida por la guerra de Ucrania. Yo sostengo que Estados Unidos tuvo una responsabilidad decisiva en las circunstancias que condujeron a ese conflicto porque llevaba años extendiendo la OTAN hacia las fronteras rusas y utilizando Ucrania para confrontar con Rusia. Eso no justifica la invasión rusa: la agresión de Rusia contra Ucrania fue ilegal. Pero una cosa es la justificación y otra explicar cómo se llegó hasta allí. Mi opinión es que a Estados Unidos le ha interesado una Europa dividida y enfrentada con Rusia. Y la Unión Europea ha terminado asumiendo una estrategia que no necesariamente responde a sus propios intereses.
“Hay que refundar Naciones Unidas”
El Consejo de Seguridad permite que cualquiera de sus cinco miembros permanentes vete una resolución. ¿Puede existir un sistema internacional eficaz para preservar la paz mientras se mantenga ese derecho de veto?
Creo que Naciones Unidas necesita una refundación con criterios mucho más democráticos y participativos que los que existían en 1945. Y hay que empezar por una reforma sustancial del Consejo de Seguridad. No puede haber cinco miembros permanentes con derecho de veto simplemente porque son los Estados que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurrió en 1945 y estamos en 2026. Hoy Naciones Unidas tiene 193 Estados miembros y el Consejo de Seguridad debería representar de manera democrática y equitativa a esa comunidad internacional. Hay que construir una organización mundial en la que estén representadas todas las regiones, no solamente el norte rico, sino también el sur pobre. Y también debemos plantearnos que los Estados no estén representados internacionalmente únicamente por sus gobiernos. Un Estado es mucho más que su poder ejecutivo.
¿Qué puede hacer un ciudadano?
Ante decisiones sobre guerras, armamento o política exterior que toman los Estados, ¿qué capacidad real tiene un ciudadano corriente para influir?
Muchísima. Cuando la sociedad civil se moviliza, los gobiernos lo perciben. En España lo hemos visto con las movilizaciones contra la guerra y por Palestina. Cuando Pedro Sánchez adopta determinadas posiciones, también lo hace porque percibe que una parte importante de la sociedad se las está reclamando. Pero no basta con decir “no a la guerra”. Hay que construir la paz y eso significa dejar de invertir cantidades enormes en armas y empezar a invertir en una cultura de paz. Y tampoco podemos reducir la paz a la ausencia de violencia armada. Hay una violencia estructural, que tiene que ver con las enormes desigualdades económicas y sociales, y una violencia cultural. La violencia contra las mujeres es uno de los ejemplos más evidentes. ¿Cómo podemos pretender alcanzar la paz si una mitad de la humanidad ejerce violencia sobre la otra? Por eso nuestro proyecto de convención contempla esas distintas dimensiones: la violencia armada, la estructural y la cultural.
“Hay que empoderar a la sociedad civil”
Si dentro de otros veinte años se volviera a celebrar en Luarca el aniversario de aquella declaración, ¿qué tendría que haber ocurrido para poder decir que este movimiento sirvió para algo?
El primer objetivo es empoderar a la sociedad civil. Tenemos que explicar que la paz es un derecho humano, cuál es su contenido y cómo puede reclamarse. Cuando la sociedad civil sea consciente de ello podrá exigir a sus gobiernos que actúen en consecuencia. Y el segundo paso es que los Estados asuman esa exigencia. No olvidemos que las principales víctimas de los conflictos armados son los civiles: los niños, las mujeres, los ancianos, los no combatientes. En las guerras modernas, la población civil sufre de manera extraordinaria. Si la sociedad civil es la principal víctima de los conflictos armados, tenemos que darle también los instrumentos necesarios para reclamar a los Estados su protección y su derecho a la paz.
