Más de 140 años después de su publicación, La Regenta vuelve a encontrarse con la oposición de la Iglesia en Oviedo. Esta vez no ha sido una condena pastoral, como la que recibió la novela de Leopoldo Alas “Clarín” en 1885, sino la negativa del Cabildo de la Catedral a permitir que la nueva adaptación cinematográfica ruede varias escenas en el interior del templo. Según las informaciones publicadas, las secuencias se trasladarán a Euskadi, donde una política sostenida de incentivos fiscales, infraestructuras y captación de producciones ha contribuido al crecimiento de la industria audiovisual. La paradoja llega cuando Asturias intenta precisamente dejar de ser un escenario ocasional para convertirse en un territorio capaz de producir cine, atraer inversiones y generar empleo.
La serie, dirigida por Mar Coll, producida por María Zamora a través de Elastica Films para Netflix y protagonizada por Ester Expósito, comenzó a rodarse a finales de octubre en Pola de Somiedo. La producción ya contemplaba localizaciones en el País Vasco, pero el rechazo del Cabildo ha obligado a modificar las previstas para determinadas escenas interiores de la catedral. No se ha trasladado toda la película ni se conoce el coste económico del cambio. El episodio, sin embargo, reúne algunas de las tensiones que atraviesan las aspiraciones audiovisuales asturianas, desde la disponibilidad de localizaciones hasta la relación entre patrimonio cultural, poder religioso y desarrollo industrial.
El deán, Benito Gallego, explicó que el Cabildo había examinado unas 25 páginas del guion y consideraba inapropiado autorizar la filmación. Entre los motivos figuraban la representación de la Iglesia en la obra, las dificultades para compatibilizar el rodaje con las actividades del templo y la afluencia turística. Gallego llegó a describir la novela como “un ataque a la Iglesia”. La productora había ofrecido una compensación económica, pero la institución mantuvo su negativa.
La decisión afecta a una obra cuya relación con Oviedo va mucho más allá de su ambientación. Publicada entre 1884 y 1885, La Regenta convirtió Vetusta, trasunto literario de la capital asturiana, en uno de los grandes escenarios de la narrativa española. La torre de la catedral domina las primeras páginas de la novela y sirve de observatorio privilegiado al magistral Fermín de Pas, personaje en el que confluyen la ambición, la autoridad religiosa y el deseo de controlar la vida social de la ciudad. La catedral no es, por tanto, una localización intercambiable, sino uno de los espacios que vertebran el universo de Clarín.
La historia añade una ironía difícil de pasar por alto. En 1885, el obispo Ramón Martínez Vigil condenó públicamente la novela por su representación de la vida religiosa, aunque el escritor y el prelado terminaron reconciliándose. Más de un siglo después, la institución eclesiástica vuelve a expresar su rechazo a una adaptación de la misma obra, en circunstancias diferentes. Entre ambos episodios, la catedral acogió el rodaje de la serie dirigida por Fernando Méndez-Leite en 1994, estrenada por Televisión Española al año siguiente. La novela también fue adaptada al cine por Gonzalo Suárez en 1974.
La nueva película propone una reinterpretación contemporánea de la novela desde una perspectiva femenina. El guion, firmado por Mar Coll, Anna R. Costa y Diego Vega, vuelve sobre la historia de Ana Ozores, atrapada entre las convenciones sociales, el matrimonio y las obsesiones de quienes la rodean. Oriol Pla interpreta al magistral Fermín de Pas y Vito Sanz a Víctor Quintanar. La dimensión religiosa y las relaciones de poder no son elementos accesorios de una obra que, siglo y medio después, continúa generando incomodidad.
Un monumento protegido y una decisión eclesiástica
La controversia plantea una cuestión que trasciende la autorización de una película. La Catedral de Oviedo es un espacio de culto, pero también un monumento protegido y uno de los principales símbolos del patrimonio histórico asturiano. Su conservación ha contado con financiación pública y su dimensión cultural está reconocida por una legislación que establece obligaciones para quienes administran bienes protegidos.
El Ministerio de Cultura documenta, entre otras intervenciones, 764.623,55 euros destinados a la restauración de la torre vieja, el costado sur y el claustro entre 1998 y 2002, así como otros 455.462,63 euros para trabajos en la girola y zonas adyacentes entre 2011 y 2013. Son más de 1,2 millones de euros en dos actuaciones históricas concretas, no una relación exhaustiva de las aportaciones públicas al monumento.
“La controversia revela, en cambio, una tensión entre la autonomía de quienes gestionan el patrimonio religioso y las aspiraciones culturales de un territorio que busca ampliar su actividad audiovisual.”
La financiación de las instituciones católicas en Asturias se extiende a otras vías. Según las cuentas difundidas por el Arzobispado de Oviedo en noviembre de 2026, la diócesis declaró 13,71 millones de euros de ingresos correspondientes al ejercicio anterior, de los que el 59,32 % procedía de la asignación tributaria del IRPF, unos 8,13 millones. A ello se añaden inversiones patrimoniales y convenios vinculados a servicios educativos o asistenciales, mecanismos diferentes que no pueden sumarse indiscriminadamente. La restauración pública de un monumento no equivale a una transferencia de libre disposición al Cabildo, del mismo modo que un concierto educativo financia la prestación de un servicio.
Pero esa distinción no elimina la cuestión de fondo. Una institución religiosa administra un monumento de enorme valor cultural cuya conservación también compromete recursos públicos, mientras mantiene la capacidad de decidir sobre determinados usos del edificio. En este caso, ha rechazado una actividad vinculada a una de las obras literarias más importantes de Asturias.
Existe, además, un marco jurídico específico para abordar la relación entre patrimonio religioso y utilización cultural. La Ley 1/2001 del Patrimonio Cultural de Asturias, en su disposición adicional novena, reconoce el acuerdo suscrito el 18 de febrero de 1987 entre el Principado y la Archidiócesis de Oviedo. Ese acuerdo estableció una Comisión Mixta para tratar cuestiones de conservación, restauración y difusión del patrimonio eclesiástico. La legislación contempla expresamente que ambas instituciones analicen la compatibilidad entre los usos religiosos y otras funciones culturales, además del acceso de investigadores y el disfrute público.
La protección patrimonial obliga a conservar los bienes, permite establecer condiciones de visita pública y somete determinadas intervenciones a autorización administrativa. No concede, sin embargo, a una productora el derecho automático a convertir un templo en escenario cinematográfico. La negativa del Cabildo no constituye por sí misma una infracción de esas obligaciones. Tampoco consta que la Comisión Mixta haya intervenido en este conflicto. La controversia revela, en cambio, una tensión entre la autonomía de quienes gestionan el patrimonio religioso y las aspiraciones culturales de un territorio que busca ampliar su actividad audiovisual.
Euskadi, una industria construida durante una década
Al otro lado de la comparación, Euskadi ha convertido la atracción de rodajes en una estrategia económica sostenida. El ejemplo más visible es Bizkaia, donde la colaboración entre la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Bilbao permitió crear la Bilbao Bizkaia Film Commission en 2015. Lo que comenzó como un servicio para facilitar localizaciones y permisos ha evolucionado hacia una política industrial que combina incentivos fiscales, apoyo a las productoras, infraestructuras y captación de inversiones.
Las cifras reflejan esa transformación. En 2015, la comisión apoyó 44 producciones. Diez años después, en 2025, fueron 219, casi cinco veces más. El recuento incluye películas, series, documentales, publicidad y otros formatos audiovisuales. La actividad sumó 1.298 jornadas de grabación repartidas por 79 municipios.
El crecimiento también se refleja en el tejido empresarial. Bizkaia pasó de 448 empresas audiovisuales en 2024 a 497 en 2025, un incremento del 10,9 %. La Diputación contabilizó 2.268 afiliaciones laborales en el sector y 9.878 contrataciones vinculadas a las producciones apoyadas durante ese último ejercicio. Estas últimas no equivalen a otros tantos empleos permanentes, una distinción relevante en una industria caracterizada por la temporalidad de muchos proyectos.
Las instituciones forales vascas disponen de competencias tributarias que el Principado no tiene, lo que dificulta reproducir directamente ese modelo.
El impacto económico estimado por las instituciones vizcaínas alcanzó los 138,11 millones de euros en 2025. Sumados los resultados de 2024, el balance asciende a 267,5 millones, de los que 176,4 millones corresponden a costes de producción realizados directamente en el territorio y 91,1 millones a efectos indirectos e inducidos. Son estimaciones institucionales de actividad económica, no beneficios netos para las arcas públicas.
Detrás de estos resultados hay una ventaja decisiva, aunque no exclusiva. El régimen fiscal foral permite a Bizkaia ofrecer deducciones audiovisuales del 35 % con carácter general, que pueden alcanzar el 60 % cuando más de la mitad del gasto se realiza en el territorio. Las obras íntegramente en euskera pueden añadir otros diez puntos porcentuales, hasta el 70 %, dentro de las condiciones y límites legales.
En Asturias, como en el resto de comunidades sujetas al régimen común, la deducción estatal general para producciones españolas es del 30 % sobre el primer millón de base de deducción y del 25 % sobre el exceso. La diferencia no es únicamente una cuestión de voluntad política. Las instituciones forales vascas disponen de competencias tributarias que el Principado no tiene, lo que dificulta reproducir directamente ese modelo.
La apuesta fiscal tampoco sale gratis. Según la Diputación de Bizkaia, entre 2020 y 2024 se generaron 98,1 millones de euros en deducciones fiscales audiovisuales, de los que 69,2 millones se transfirieron a inversores mediante mecanismos de financiación. El dato permite dimensionar el incentivo tributario asociado al crecimiento del sector, aunque no basta para establecer si su rendimiento económico y social compensa los ingresos fiscales que se dejan de recaudar.
La estrategia vasca tampoco se reduce a ofrecer ventajas fiscales. En marzo de 2026, la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao presentaron un nuevo centro de actividad audiovisual con instalaciones previstas en Punta Zorrotza y Orduña, concebido para ampliar las infraestructuras de producción y favorecer la consolidación de empresas. La intención es que las películas y series no se limiten a utilizar el territorio como decorado, sino que encuentren allí profesionales, servicios y capacidad de producción.
Madrid, Cataluña y Canarias también compiten por atraer grandes producciones, pero Bizkaia ha conseguido hacerse un hueco en el mapa audiovisual español. Su crecimiento empresarial y la multiplicación de los rodajes muestran que la apuesta por el cine ha ido mucho más allá de promocionar paisajes y monumentos.
Barbón resumió el objetivo durante la presentación con una declaración significativa. “De un lugar de cine queremos pasar a ser un lugar para hacer mucho más cine”, afirmó.
Asturias quiere dejar de ser solamente un escenario
El Gobierno de Asturias también ha comenzado a formular su propia estrategia industrial. El 10 de junio de 2026, el presidente Adrián Barbón presentó en la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, el proyecto La Fávrica, con el objetivo de convertir la comunidad en un polo de referencia para la producción audiovisual.
La iniciativa contempla una inversión inicial de ocho millones de euros del Fondo de Transición Justa, destinados a fortalecer el sector, impulsar infraestructuras y poner en marcha una escuela de cine. A ello se suma Asturias Media Capital, un instrumento financiero orientado a empresas audiovisuales que combinará financiación y posibles participaciones en su capital, con la aspiración de movilizar más de tres millones de euros anuales.
Barbón resumió el objetivo durante la presentación con una declaración significativa. “De un lugar de cine queremos pasar a ser un lugar para hacer mucho más cine”, afirmó. El presidente reconoció que los recursos anunciados constituían “un punto de partida”. La diferencia entre esa aspiración y los resultados ya registrados en Bizkaia revela que Asturias se encuentra en una fase distinta de desarrollo industrial.
La comunidad no parte de cero. Cuenta con la Asturias Paraíso Natural Film Commission, con profesionales y productoras propias y con una red de festivales, actividades y equipamientos culturales. Laboral Cinemateca cumplió diez años en 2026 de su programa de distribución de cortometrajes asturianos, puesto en marcha en 2016, que ha incorporado 65 obras a su catálogo durante esa década. La Consejería de Cultura también ha elevado hasta un millón de euros las ayudas específicas convocadas para la industria cinematográfica y audiovisual en 2026, diez veces la dotación de las líneas creadas en 2022.
La política autonómica contempla igualmente nuevas instituciones. Entre ellas figura la futura Filmoteca de Asturias y el Observatorio del Cortometraje, presentado por la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, al ministro Ernest Urtasun en marzo de 2025. El Principado aspira a establecer en Asturias un organismo de ámbito estatal dedicado a estudiar, preservar y promover la producción de cortometrajes mediante la cooperación entre instituciones y profesionales. El Observatorio del Cortometraje está pendiente de ponerse en marcha y aspira a convertir Asturias en un centro de referencia para el estudio y la promoción de este formato.
La importancia de estas propuestas reside en que una industria audiovisual no se sostiene únicamente con grandes rodajes. También necesita formación, empresas capaces de prestar servicios, creación propia, circuitos de exhibición y oportunidades para que sus profesionales puedan desarrollar una trayectoria sin depender permanentemente del trabajo fuera de Asturias.
La comunidad empieza a disponer, además, de algunos indicadores de atracción internacional. Según los datos de Profilm difundidos por el Principado, en 2024 Asturias acogió dos producciones internacionales que generaron una inversión directa estimada de 2,74 millones de euros. La cifra acredita actividad, pero no puede compararse directamente con el impacto económico total calculado por Bizkaia, que incluye producciones nacionales, internacionales y otros formatos audiovisuales.
El reto asturiano consiste en transformar iniciativas recientes en una estructura estable. La Fávrica, Asturias Media Capital, la Filmoteca y el Observatorio apuntan a distintas necesidades del sector, aunque su presentación institucional no equivale todavía a su pleno funcionamiento ni permite anticipar los resultados que alcanzarán.
El caso de La Regenta recuerda que disponer de escenarios reconocibles no significa necesariamente poder utilizarlos
La paradoja de Vetusta
Es en ese contexto donde la negativa del Cabildo adquiere un significado que supera la anécdota cinematográfica. Mientras el Principado anuncia inversiones para atraer producciones, una adaptación de una de las obras más emblemáticas de Asturias encuentra obstáculos para utilizar uno de los espacios que mejor identifican su universo literario.
La decisión del Cabildo no explica por sí sola la diferencia entre las industrias audiovisuales asturiana y vasca. Tampoco demuestra que las deducciones fiscales de Euskadi hayan determinado el traslado de las escenas rechazadas. La producción ya tenía previsto rodar en territorio vasco y no se conoce el coste económico concreto de la modificación.
Pero el episodio revela una dificultad que las estrategias industriales no pueden resolver únicamente mediante subvenciones o incentivos. La capacidad de atraer rodajes depende también de la disponibilidad de localizaciones y de las decisiones de quienes gestionan los espacios que las productoras desean utilizar.
En el caso de la catedral, esas decisiones corresponden a una institución religiosa que administra un monumento de extraordinaria relevancia cultural y cuya conservación ha contado con inversiones públicas. La existencia de esa financiación no anula su autonomía ni convierte el templo en un plató de acceso obligatorio. Sí permite preguntarse cómo se concilian los usos religiosos de un bien protegido con su dimensión histórica, artística y cultural.
Asturias aspira ahora a que su patrimonio, sus paisajes y su talento alimenten una industria audiovisual capaz de generar actividad económica y empleo. Euskadi muestra cómo una política sostenida puede contribuir a desarrollar ese sector, aunque con instrumentos fiscales que no están al alcance del Principado en los mismos términos. Entre ambos modelos, el caso de La Regenta recuerda que disponer de escenarios reconocibles no significa necesariamente poder utilizarlos.
La nueva adaptación seguirá adelante y Asturias conservará parte del rodaje. Pero las escenas previstas en el interior de la catedral tendrán que buscar otro escenario. Vetusta volverá al cine sin que, en esta ocasión, su catedral pueda interpretarse a sí misma.
