“La Unión Europea sólo hace acto de presencia cuando de hablar de dinero se trata”, sentencia con puntería la periodista francesa Anne-Cécile Robert. El hecho es que el dinero, que bajo el pretexto de la austeridad y de la eficiencia no siempre está al alcance de la sociedad civil, se dispone con prontitud para la aprobación de créditos de guerra, vaciando los bolsillos de los contribuyentes. Y el plan Rearm Europe no hace más que confirmarlo: 800.000 millones de euros canalizados hacia la industria armamentística para reforzar la supuesta “autonomía estratégica” del bloque.
La iniciativa, sin embargo, arrastra dos contradicciones flagrantes. En primer lugar, adquirir armamento de quien te quiere bajo su bota no parece demasiado astuto: el 64 % del material militar adquirido por los países europeos de la OTAN en los últimos cinco años proviene de Estados Unidos (apuntemos, de pasada, que el gasto militar anual de la UE triplica el de la Federación Rusa). En efecto, el último informe anual del SIPRI, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, publicado el 10 de marzo, revela que las importaciones de armas de los Estados europeos se duplicaron entre 2020 y 2024 en comparación con el período 2015-2019 (+105%), intensificando así su dependencia respecto a Washington. Repárese además en que, según datos del instituto sueco, en los últimos cinco años Estados Unidos ha incrementado en materia armamentística su cuota en el mercado mundial del 35% al 43%. Bien es cierto que la primera Estrategia Industrial Europea de Defensa estipula como objetivos prioritarios que, como mínimo, de aquí a 2030 la comercialización del 35% de los productos de defensa se haga entre países de la UE, la compra sea coordinada y que el 50% del gasto militar beneficie a la propia industria europea. Pero esto prueba, no refuta, la dependencia a la que aludimos, y a la que la UE parece, ¡por fin!, plantar cara.
Por otra parte, entregar semejante arsenal a las extremas derechas tampoco destaca como una ocurrencia deslumbrante. Esas derechas encolerizadas no surgen de la nada: son, entre otras razones, el producto directo del desmantelamiento del Estado del bienestar y de los recortes dictados por Bruselas, cuya consecuencia es la desconexión entre las instituciones europeas y la ciudadanía. Para colmo, en un círculo vicioso que combina rearme y autoritarismo creciente, su ascenso sirve de coartada para sustraer la deliberación democrática de los espacios sociales y transferir las decisiones a los aparatos tecnocráticos de la Unión Europea.
Se produce así lo que en relaciones internacionales se categoriza como “dilema de seguridad”: las medidas defensivas son interpretadas por los “enemigos” como acciones ofensivas, lo que lleva a estos, en una espiral infinita, a reforzar cada vez más sus medidas de seguridad. En un giro autoinmunitario propio de la biopolítica actual, es como si fuera necesario que estallaran brotes de violencia efectiva por parte de todos los contendientes para mantener así un orden inestable. Se busca librar la guerra para evitar la guerra. Como dejó escrito el filósofo Gilles Deleuze, “el sistema es demente, pero funciona bien al mismo tiempo”.
Como dejó escrito el filósofo Gilles Deleuze, “el sistema es demente, pero funciona bien al mismo tiempo”.
Actualmente, los mapas globales se están reconfigurando en dos planos fundamentales: por un lado, mediante la transformación de los espacios de producción y circulación del capital; por otro, a través de la reestructuración de las fronteras políticas, impulsada por nuevos procesos de expansión y anexión territorial. A su vez, este doble movimiento dialéctico, que trenza los circuitos globales del capital y las lógicas territoriales de los estados, implica la consolidación de un “régimen de guerra” que abarca desde las guerras comerciales hasta las conflagraciones militares. En este marco, deberíamos preguntarnos para empezar si el rearme europeo se concibe desde la perspectiva de la protección de los derechos sociales, laborales, civiles y medioambientales de la ciudadanía, o complementa a largo plazo la estrategia de fortificar las fronteras y repatriar a las personas migrantes. Si nos referimos a la Europa de los campos de refugiados, las concertinas, las muertes en el Mediterráneo y las devoluciones en caliente- fenómenos que evocan más bien la “Europa Fortaleza” (Festung Europa)– o por contra hay una voluntad clara de defender el multilateralismo colaborativo, dentro de un orden jurídico internacional basado en la observancia de las normas del derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos. No es el caso de la Unión Europea, más empeñada en reactivar la carrera armamentística que en reforzar los mecanismos de control (investigación, cooperación, supervisión) en materia de defensa.
Merece la pena hacer esta reflexión cuando una parte de la izquierda parece tentada a abrazarse a una suerte de keynesianismo militar, para el cual la inversión en defensa catapultaría la productividad, el empleo y los ingresos fiscales, como ocurrió, arguyen, en Europa entre 1950 y 1970. La cuestión crucial es: ¿queremos una socialdemocracia de guerra – más de guerra que socialdemócrata- que justifique la militarización como un motor económico, pero que contravenga las metas sociales y climáticas que teóricamente traza la Unión Europea? ¿Aceptaremos su inevitabilidad como un flagelo que estimula la economía e incluso la libertad, o procuraremos examinar y transformar los condicionamientos geopolíticos, capitalistas e imperialistas, que la empujan? No son pocas las militancias sociales que se resisten a concebir el negocio de la muerte y el miedo como un multiplicador keynesiano.
Merece la pena hacer esta reflexión cuando una parte de la izquierda parece tentada a abrazarse a una suerte de keynesianismo militar
Ahora bien, negar que la Unión Europea necesite estructuras y mecanismos de defensa para proteger a sus poblaciones resulta igualmente idealista, amén de insensato. No hay acuerdo de paz real que no sea sostenido por una arquitectura de seguridad. Pero la seguridad no es sólo una cuestión de defensa, y la defensa no debe convertirse en un réquiem por la militarización de nuestras sociedades. Así, la reivindicación de la paz no puede eludir una reflexión fundamental sobre qué modelo de Unión Europea —tras la caída del bloque soviético, la pérdida de influencia de los sindicatos de clase y el dominio de la subjetividad neoliberal, hoy también en metamorfosis- es el más adecuado para mejorar las condiciones de vida de las clases populares.
Lo que quiero destacar en este artículo es que si la UE pretende hoy reducir su dependencia de los EE.UU, entonces precisa una estrategia compartida que abarque los ámbitos industrial, energético, climático, tecnológico, digital, defensivo y, no menos importante, de derechos de ciudadanía. Esto no supone ignorar los dinteles existentes entre las soberanías nacionales que conforman la “comunidad europea”. Que, en lugar de ser una verdadera “potencia pública comunitaria”, la UE se asemeja a un “estatismo sin estado colonizado por castas burocráticas”, en rotunda expresión de Étienne Balibar. Pero precisamente porque partimos de la inconmensurabilidad de tales soberanías, se hace indispensable establecer dispositivos de paz, seguridad y solidaridad entre los Estados miembros. Y no para salvaguardar al “grupo de los 27”, sino para proteger a toda Europa, desde la península ibérica hasta los Urales, y por extensión a la comunidad internacional. Hagamos acopio de propuestas:
“Programa, programa, programa”
“Que las cosas sigan su curso es la catástrofe”.
Walter Benjamin
La Unión Europea debe dotarse de autonomía energética para reducir su vulnerabilidad frente a los tres grandes centros de poder en el ámbito de los combustibles fósiles: Estados Unidos, Rusia y los Reinos del Golfo. Para ello, es fundamental que la economía europea se dirija hacia la producción de bienes social y ecológicamente valiosos, reduciendo la dependencia de los hidrocarburos y promoviendo un Plan Industrial Verde. En este sentido, los procesos de descarbonización deben ir acompañados de la relocalización de la producción en los territorios más castigados por el abandono industrial. La transición ecológica no puede hacerse a costa de la clase trabajadora, sino que debe estar orientada a mejorar sus condiciones de vida.
Por otro lado, tras el apagón masivo del 28 de abril en España, se vuelve a evidenciar la necesidad de un modelo de gestión pública y democrática del sistema eléctrico. La seguridad energética de la ciudadanía no puede supeditarse a los intereses de un ramillete de corporaciones privadas. La matriz energética de una sociedad siempre está anclada a una determinada estructura de poder. El actual modelo, dominado por oligopolios que obtienen pingües beneficios, perpetúa las desigualdades y erosiona la soberanía democrática. Un ejemplo revelador lo ofrece Redeia — el holding que agrupa a Red Eléctrica—, cuya propiedad pública se limita al 20% en manos de la SEPI. Entre 2022 y 2024, la compañía multiplicó por ocho la retribución a sus accionistas privados, entre los que destacan Amancio Ortega y el fondo BlackRock.
Por todo ello, es necesario realizar una planificación adecuada de la red eléctrica, favoreciendo un mix energético equilibrado y diversificado en el que tecnologías como la solar, la eólica, la hidráulica y el almacenamiento desempeñen un papel crucial, sin que esto implique asumir que haya políticas palanca que aseguren mágicamente la estabilidad del sistema. Los proyectos energéticos deben responder a criterios de justicia social, sostenibilidad medioambiental y cohesión territorial, no quedando al arbitrio de los intereses de las grandes empresas privadas. Por esta razón necesitamos empresas públicas eléctricas que operen con precios asequibles, fortalezcan sus infraestructuras y reinviertan los beneficios en prosperidad y seguridad para la mayoría social.
En aras de la autonomía estratégica, los gobiernos europeos han de desempeñar un rol activo en la planificación económica, la inversión en sectores básicos y la promoción de políticas que prioricen el buen vivir de las clases populares. Lo que resulta inaceptable es que el 70% de los fondos europeos Next Generation acabe en manos de grandes empresas privadas- ¿dónde queda entonces el cacareado apoyo a las pymes?-, y que el 10% de las empresas que más financiación han recibido de tales fondos concentren más del 90% del total distribuido, según demuestran los datos recogidos por El Salto. Los Estados no pueden ir a remolque de los intereses privados, sino que deben proponer, invertir, innovar y arriesgar. Para ello, desde luego, se requiere la creación de una banca pública que haga posible financiar alta tecnología, impulse la transformación energética y encamine la producción hacia objetivos socioambientales, algo que los mercados no pueden ni quieren emprender por sí solos, y menos a largo plazo, en un abrupto panorama de riesgos e incertidumbres.
Pero no basta con reivindicar lo público. Frente al dogma de la colaboración público-privada, que conduce a que en la práctica las administraciones públicas socialicen las pérdidas, rescaten a los bancos y rieguen de ayudas y generosas subvenciones a las grandes empresas privadas, para que estas obtengan beneficios exorbitantes- lo que con Sandro Mezzadra podemos rebautizar como el “socialismo del capital”-, es apremiante apostar por mecanismos de colaboración público-común. Este enfoque, que pretende escapar de la estéril dicotomía entre estatolatría y estadofobia —como ya hemos argumentado en El capitalismo no existe. Necroteología del mercado—, promueve prácticas comunitarias, articuladas por la sociedad civil autoorganizada, que aborden de manera integrada los aspectos sociales, medioambientales y económicos.
De este modo se pretende situar el procomún en primera línea, apoyando contrapoderes que persigan el control democrático de la riqueza- fruto, al fin y al cabo, de la inteligencia y el esfuerzo colectivos- y abran camino a otras formas alternativas de propiedad social. Son los Estados los que deben estar al servicio de la ciudadanía, y no al revés. Así, las administraciones públicas han de respaldar- sin apropiarse ni instrumentalizar- aquellos proyectos que se realizan prioritariamente por el bien común, tanto individual como colectivo, y no por el lucro particular o exclusivo: comunidades energéticas, sistemas de soberanía alimentaria y agricultura sostenible, modelos de vivienda colaborativa e intergeneracional, mecanismos de protección de ecosistemas, cooperativas de cuidados, etcétera.
Es el momento de que las universidades públicas europeas y sus centros de investigación se posicionen como un destino atractivo
Invirtiendo pues la tendencia a la desinversión social característica de las políticas neoliberales, no se tratará de reducir el tamaño de lo público, sino, al contrario, de incrementar los incentivos de los gobiernos para invertir estratégicamente en bienes comunes y servicios públicos. Entre ellos, la sanidad, las infraestructuras culturales y deportivas, o la educación. Es el momento de que las universidades públicas europeas y sus centros de investigación se posicionen como un destino atractivo y, sobre todo, seguro para quienes hacen ciencia en laboratorios estadounidenses, hoy expuestos a las baladronadas trumpistas.
Igualmente, resulta prioritario garantizar la protección y gestión sostenible del patrimonio natural —como el agua, la energía o las tierras fértiles—, dejando atrás los enfoques basados en la rentabilidad inmediata desde los que se concibe la naturaleza como una mera despensa de la que extraer recursos de forma indiscriminada, y no como la matriz con la que los seres humanos mantenemos una relación metabólica, de interdependencia y transformación mutua, en la buena formulación de Marx. Esta reorientación es vital para encarar las consecuencias del actual cambio climático.
A este respecto, adviértase por cierto que la reciente transformación del concepto ecológico de resiliencia en un fetiche político- especialmente a partir de su incorporación en discursos institucionales tras la crisis climática y sanitaria global- ha llevado de forma paradójica a que se asuma, como ha indicado la investigadora Kathleen Tierney, que la única respuesta razonable ante los desastres es adaptarse a ellos, en lugar de promover la construcción de sistemas alternativos —sociales y tecnocientíficos— que permitan prevenirlos o mitigar sus efectos.
La soberanía digital también es una condición indispensable de la autonomía política. La Unión Europea no puede seguir subordinada a las grandes plataformas privadas. En términos globales, Microsoft domina el 70 % del mercado de sistemas operativos, quince corporaciones controlan el 62% de las tecnologías de ciberseguridad y millones de datos tanto públicos como personales se almacenan en servidores externos bajo legislación extranjera. Esta dependencia compromete tanto la seguridad como la autonomía institucional. Por esto, la Unión Europea debe respaldar de forma entusiasta la creación de un sistema operativo propio y seguro, basado en código abierto- destinado inicialmente al sector público, la industria espacial, la inteligencia artificial predictiva, la ciberseguridad, la investigación biotecnológica, etcétera- que asegure autonomía digital y refuerce nuestra capacidad de respuesta ante amenazas como virus informáticos, programas maliciosos o sabotajes a infraestructuras críticas.
No se puede comprender las crisis de la “biosfera” sin atender a las mutaciones que provoca la “noosfera”. Justamente porque no son dos esferas separadas. El capitalismo informacional reestructura tanto los ecosistemas naturales como convierte las interacciones sociales en preludios de la producción. A tenor de esto, como explica Justin Joque, no es suficiente con denunciar los sesgos clasistas, sexistas, racistas y capacitistas que configuran a los algoritmos. Tampoco basta con ralentizar su funcionamiento para que estos sean más manejables. Hacen falta nuevos marcos regulatorios que democraticen el conocimiento y salvaguarden las infraestructuras públicas frente al extractivismo digital. Pero lo esencial está en otra parte: necesitamos crear nuevas plataformas alternativas guiadas por principios de justicia social, libertad en condiciones de igualdad y sustentabilidad. Esto incluye garantizar entornos virtuales no cooptados por la extrema derecha. Por ejemplo, ¿por qué no impulsar redes sociales públicas y/o comunitarias, gestionadas mediante mecanismos de participación ciudadana directa? Las ciudades inteligentes (smart cities) no son aquellas que someten a la ciudadanía a las nuevas tecnologías, sino las que ponen estas tecnologías al servicio de las necesidades y demandas populares.
En este contexto, la transformación de la movilidad se presenta como un aspecto clave. Enfrentar la crisis climática no solo requiere abordar la transición energética, sino que exige una reconfiguración radical de los modelos de transporte. Así, la propuesta de la gratuidad del transporte adquiere un relieve particular, no sólo como alternativa a la lógica individualizadora que fomenta el uso masivo y altamente contaminante del coche privado (el “cochismo”), sino también como una medida que potencia la movilidad sostenible, alienta el mutualismo y contribuye a la creación de asentamientos más accesibles y habitables para toda la ciudadanía. De igual manera, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas más urgentes en Europa, particularmente para la juventud. Frente a su desaforada mercantilización, es necesario avanzar hacia un modelo de vivienda pública, asequible y sostenible. Como bien sintetiza Andrej Holm, “cuando las inversiones privadas se convierten en el eje de las políticas públicas, la protección de los beneficios privados se impone como el principio rector de la política de vivienda, convirtiéndose en un objetivo sin alternativa”. Esta es precisamente la dinámica que debemos evitar. La vivienda no puede ser considerada unilateralmente como un bien de mercado; debe blindarse como un derecho inalienable.
Sobra decir que no puede haber seguridad integral sin democracia en el ámbito laboral. En otras palabras: la ciudadanía plena sólo se adquiere cuando los principios democráticos se extienden al interior de las unidades productivas. A tal efecto, siguiendo una plausible propuesta de Thomas Piketty, resulta imperativo avanzar hacia un sistema de cogestión en el que, como mínimo, el 50 % de los derechos de voto en las grandes empresas esté en manos de representantes de los trabajadores, independientemente de su participación accionarial. A mayores, ningún individuo, fondo o entidad debería poder concentrar más del 10 % de los derechos de voto, aún poseyendo una mayor proporción del capital. Por eso resulta prioritario reforzar la legislación laboral europea, respaldar a los sindicatos de clase con capacidad real de negociación colectiva y avanzar entonces en la conquista de derechos en el trabajo: salarios justos, igualdad real entre mujeres y hombres, seguridad y salud laboral, y libertades sindicales. En este mismo marco, convendría retomar también el debate sobre la implantación de una Renta Básica Europea, incondicional y universal, encaminada a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades estructurales y garantizar una existencia digna a toda la población.
Consecuentemente, para hacer posible esta batería de medidas, es inaplazable una fiscalidad fuertemente progresiva que incorpore mecanismos eficaces de tributación sobre el capital. De ahí la urgencia de dotar a la Unión Europea de una capacidad fiscal propia y permanente, con instrumentos recaudatorios autónomos que limiten la influencia política de los grandes patrimonios, cuyo peso es escandalosamente desproporcionado. Hoy, el 10 % más rico de la población europea concentra más de un tercio de la renta y posee más de la mitad del patrimonio del continente. Como mínimo, sería ineludible implantar una Tasa Tobin única sobre las transacciones financieras y un impuesto europeo sobre las grandes fortunas. Sin embargo, lo que realmente se necesita es impulsar la articulación de un gravamen global sobre los beneficios empresariales billonarios, coordinado a través del sistema de Naciones Unidas. Este convenio fiscal mundial ha de contemplar compromisos efectivos contra la evasión y la elusión fiscales, asegurar que los grandes capitales tributen en los Estados cuyos recursos públicos y fuerza de trabajo han sustentado su acumulación, y fomentar políticas alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Un futuro compartido
“El odio no puede constituir un plan”.
Frantz Fanon
El viejo dilema entre “acero o mantequilla” —gasto militar frente a gasto social, defensa o bienestar— es, en gran medida, una falsa disyuntiva. Sin embargo, declaraciones como las del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien ha instado a los ciudadanos europeos a “aceptar sacrificios” para financiar el aumento del presupuesto en defensa, las del comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, sugiriendo que España destine un 3% de su PIB al rearme, o la propuesta del secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, que cifra la subida óptima en un 5%, dejan entrever el riesgo real de que esta deriva traiga consigo recortes en políticas públicas y una intensificación del aparato penal y policial del Estado. Y la situación se torna alarmante en aquellos países de la Unión Europea donde la extrema derecha lidera el Ejecutivo o forma parte de coaliciones de gobierno, como en Italia, Hungría, Polonia o Finlandia. A lo que se suma, destacadamente, el ascenso del Rassemblement National en Francia, que amenaza con consolidar una deriva autoritaria en el corazón de Europa.
La paz no debe ser un ideal regulativo proyectado hacia un cielo transuránico, una meta situada en el horizonte del progreso infinito. Al igual que la justicia, la paz es lo que nunca debe esperar. Pero la paz, ni se logra con invocaciones, ni se consigue pintando mandalas. La paz necesita estrategias políticas para su consecución. Ante un uso represivo y ofensivo de la fuerza, la destrucción ecocida de la naturaleza y una necropolítica que trata a buena parte de la humanidad no ya como “ejército de parados en reserva”, sino como una colección de seres humanos desechables – vidas superfluas, sin utilidad, de las que desembarazarse-, quienes somos pacifistas tenemos que oponer acciones que impidan esta lógica del matadero. Por eso, para evitar la imposición de la guerra, rechazar la militarización de nuestras sociedades y neutralizar la pulsión suicida de la carrera armamentística, necesitamos recuperar y robustecer un movimiento antimilitarista que afronte la imbricación de crisis (energética, climática, alimentaria, digital, de derechos y seguridad) que va dibujando el presente en marcha.
Abonarse acríticamente al supuesto realismo del rearme es comenzar la casa por el tejado
Abonarse acríticamente al supuesto realismo del rearme es comenzar la casa por el tejado. Aviva el resentimiento nostálgico de unas derechas populistas que niegan las causas de la policrisis, pretendiendo la cohesión social y la vertebración territorial mediante el reparto racialmente excluyente de la riqueza y el despliegue de políticas securitarias. A no dudar: el racismo es el decrecimiento de los ricos. En palmaria inversión de la realidad, la fauna de las derechas no atribuye la responsabilidad de la concentración económica a los entramados capitalistas que han socavado el estatus y los privilegios de las clases medias- que han visto cómo el ascensor social se ha roto en las últimas décadas- y embarrancado a las clases populares. En lugar de eso, transfieren la culpa a determinados sectores de tales clases populares, trocando “víctimas” en “victimarios”. En este sentido, es el orden mundial el que muta a consecuencia de los efectos de la crisis climática y energética. Lejos de ser la causa, Trump no es un loco que se sale del guión (que no es sino la arraigada tradición estadounidense del destino manifiesto). Tan sólo es un síntoma macabro de un imperio en decadencia que anhela mantener a toda costa su poder, su zona de influencia.
Sam Moore y Alex Roberts han estudiado cómo estas crisis catalizan en las derechas los deseos de asegurarse un Lebensraum, un espacio vital no infectado por inmigrantes de pueblos perjudiciales, pobres, mujeres y desviados de género. De hecho, no se entienden las críticas acerbas a lo woke, el género y lo trans, auténtica némesis de la derecha, sin atender a esa masculinidad herida con aroma a fantasía fósil. Críticas que se replican desde filas izquierdistas cuya solución a este mundo inhóspito, manejado por “perversos poderes globalistas”, pasa por reducir la clase obrera a la fuerza de trabajo nativa, participando de ese tropo reaccionario que Lenin calificó como socialchovinismo.
Por todos estos motivos, abordar la crisis multiforme en que nos encontramos, en un momento de transición ecosocial que afecta a los cuatro grandes factores de producción que señala Jason W. Moore —trabajo, comida, energía y materias primas—, exige planificar una alternativa viable que tenga voluntad de ser mayoritaria, o mejor dicho, hegemónica. En esto Slavoj Žižek sí acierta: así como la revolución haitiana supo captar mejor la esencia emancipadora de la revolución francesa que la propia revolución francesa, quizás lo que hoy toque, más que regresar a un legado idealizado de Europa, pase por ser “más europeo” que la propia Europa. Indudablemente, mucho más que esta Unión Europea. Y más aún que una organización como la OTAN, obscenamente subordinada al imperialismo estadounidense. Para dicho fin, no alcanzará un moralismo que, obviando los paralelogramos de fuerzas existentes, repita consignas tan bienintencionadas como hueras; sencillamente, porque su reino no es de este mundo. El aseguramiento de condiciones de vida próspera demanda propuestas decididamente innovadoras. Para enmendar y aprender de los procesos revolucionarios no hay remedio posible como no sea el de la radicalización de los planteamientos revolucionarios mismos. Es la única forma de colmar ese vacío, de dar cauce a tal deseo: la esperanza colectiva de un futuro.
