Deporte contra desahucios: “Blanca se queda”

Ceares y Gijón Industrial se solidarizaron este domingo con Blanca Morillo, una pensionista que podría perder su casa por una subida abusiva del alquiler.

Recomendados

Ismael Juárez Pérez
Ismael Juárez Pérez
Graduado en Periodismo. Ha escrito en La Voz de Avilés, Atlántica XXII, El Norte de Castilla y El Salto. Fue coeditor y redactor en la revista de cortometrajes Cortosfera.

El entorno del campo de La Cruz, en Ceares, acogió este domingo una rueda de prensa y un acto de protesta en apoyo a Blanca Morillo, una mujer de 73 años que se enfrenta a una subida de alquiler que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias califica de “desahucio encubierto”. La convocatoria se celebró antes del partido UC Ceares – UD Gijón Industrial, con el respaldo explícito del club local.

El objetivo del acto fue hacer público un caso que, según el sindicato, resume una problemática cada vez más extendida en el mercado del alquiler en Asturias.

Más de veinticinco años en la misma vivienda

Blanca vive desde hace 25 o 26 años en una vivienda situada en la avenida del Sur, en Gijón. Actualmente paga 480 euros de alquiler y percibe una pensión de 856 euros. Su arrendador le ha planteado ahora una renovación de contrato con una subida hasta los 600 euros mensuales.

“Estamos hablando de una subida de más del 20% sobre una persona que no llega a 900 euros al mes”, explica Javier Linares, representante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias. “No se le está aplicando la subida que marca la ley, sino un incremento muy por encima”.

Blanca Morillo. Foto: David Aguilar Sánchez

Según el sindicato, Blanca ha cumplido de forma escrupulosa con el pago del alquiler durante todo este tiempo. “Nunca dejó de pagar, jamás tuvo un impago”, subraya Linares.

Tras el fallecimiento de la anterior propietaria, Blanca permaneció varios meses sin contrato. Durante ese periodo, guardó el dinero correspondiente a las mensualidades y, cuando finalmente se formalizó el nuevo contrato, abonó 3.220 euros de golpe. “Creemos que ese retraso fue una estrategia para ver si gastaba el dinero y poder echarla por impago. Hizo justo lo contrario”, señala el portavoz del sindicato.

Blanca trabajó durante décadas en el cuidado de personas mayores, con empleos parciales y contratos precarios, según explica el sindicato. Se jubiló recientemente y arrastra problemas de movilidad que la obligan a apoyarse en una muleta. En la actualidad depende en gran medida del acompañamiento de su nieta.

¿Un desahucio encubierto?

Linares destaca que la vivienda apenas ha recibido inversiones a lo largo de los años. “No se le cambió nada, salvo una lavadora. No hay calefacción, es una casa antigua y no está en condiciones para justificar ni siquiera los 480 euros actuales”.

Blanca tampoco pudo acceder a ayudas al alquiler, según el sindicato, por falta de documentación facilitada por la propiedad. “Ahora se encuentra con que tampoco entra en los límites de las ayudas municipales, que están en 500 euros, justo por debajo de lo que le quieren cobrar”.

Recogida de firmas. Foto: David Aguilar Sánchez

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos consideran que la subida del alquiler busca forzar la salida de la inquilina. Linares sostiene que el incremento del precio tiene como objetivo que Blanca abandone la vivienda. “Una mujer de 73 años, con problemas de movilidad, que depende en gran medida de su nieta, ¿a dónde va?”.

El sindicato rechaza que la solución pase por buscar una alternativa habitacional. “No se trata de mandarla a otro sitio. Esta es su casa. Ha vivido aquí toda su vida adulta y ha cumplido siempre”.

El UC Ceares, un club históricamente vinculado al barrio y a las causas sociales, mostró su apoyo al caso antes del encuentro del domingo. El acto incluyó la lectura de un manifiesto, la presencia de pancartas y la intervención pública de la propia afectada.

“Que un equipo de fútbol se implique para visibilizar un desahucio encubierto es muy importante”, valora Linares. “El Ceares es un equipo de barrio, autogestionado, y no es la primera vez que se posiciona ante conflictos sociales”.

Un problema que va más allá de un caso individual

El sindicato sitúa el caso de Blanca dentro de una dinámica más amplia del mercado de la vivienda. Los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al Censo de Viviendas de 2021, reflejan que en Asturias hay más de 100.000 viviendas vacías, cerca del 15% del parque residencial. En Gijón, la cifra supera las 8.300 viviendas vacías. Aunque son cifras de 2021, continúan siendo las más recientes y comparables publicadas por el organismo oficial.

“Tenemos viviendas de sobra, pero no están cumpliendo su función social”, afirma Linares. Mientras tanto, añade, muchas familias se enfrentan a renovaciones de contrato con precios alineados con el mercado libre, no con sus ingresos reales.

A ello se suma la evolución de los precios del alquiler. Según datos de mercado de 2025, el precio medio del alquiler en Asturias se sitúa alrededor de los 9,8 €/m², mientras que en Gijón supera los 10 €/m², con variaciones según zona y superficie, y con incrementos interanuales que reflejan tendencias al alza en los últimos años.

“El año que viene habrá muchas familias en la misma situación que Blanca, con contratos que terminan y subidas desorbitadas”, advierte Linares. A su juicio, la falta de un parque público “real” de vivienda y la temporalidad de los contratos están generando una creciente inestabilidad residencial. “Cambiar de casa cada pocos años no es solo un problema económico, también es un problema social”.

El debate sobre la vivienda volvió así a salir al campo en Ceares, con una protesta que reclamó que Blanca pueda seguir viviendo donde lo ha hecho durante un cuarto de siglo.

Actualidad

spot_img