El informe del Principado sobre el accidente de la mina de Zarréu confirma la hipótesis manejada a lo largo de todo este año por NORTES: los permisos de investigación complementarios fueron un subterfugio usado por la Dirección General de Minas y la Consejería de Industria para permitir a los empresarios reabrir explotaciones mineras sin devolver las ayudas públicas recibidas a cambio del cierre.
Recordemos lo que hemos escrito en numerosas ocasiones en este medio: en España no está prohibido extraer carbón, pero sí hacerlo después de haber cobrado ayudas por cerrar. En efecto, un nuevo empresario puede comprar una mina cerrada y reabrirla, como de hecho ha pasado, pero para explotarla debe antes devolver las ayudas que la explotación recibió de toda la sociedad española para sufragar los gastos del cierre, la restauración de las minas a cielo abierto y las prejubilaciones de los trabajadores afectados.
Acogerse al plan de cierre, que culminó el 31 de diciembre de 2018, nunca fue obligatorio
Acogerse al plan de cierre, que culminó el 31 de diciembre de 2018, nunca fue obligatorio. Pese a ello, todos los empresarios se apuntaron a él, conscientes de que sus minas eran inviables sin ayudas públicas. Todo el proceso costó 500 millones de euros públicos, y buena parte de esos fondos se destinaron a inversiones dirigidas a generar nuevas actividades económicas en las comarcas mineras. Cuando las minas hoy activas cierren, ya no habrá un nuevo colchón que amortigüe este segundo final de la minería. Quizá alguien debería haberles explicado esto a los habitantes del suroccidente asturiano antes de embarcarles en la aventura de reabrir las minas.
El Permiso de Investigación Complementario fue el invento acuñado por Belarmina Díaz para burlar la devolución de las ayudas. Sin embargo, resulta injusto que todo el peso esté recayendo por ahora en la ex directora de Minas, obligada a dimitir tras la tragedia de Zarréu, y no en sus superiores políticos, los ex consejeros de Industria que la precedieron en el cargo que ella ocupó apenas unos meses: Enrique Fernández, hoy presidente de HUNOSA, y Nieves Roqueñí, ahora al frente del puerto de El Musel. Ambos salieron “quemados” de la primera línea de la política, pero la FSA supo generosamente recolocarlos en empresas públicas donde se cobra mejor y el nivel de exposición pública es sin embargo mucho menor. Fernández gana unos 160.000 euros y Roqueñí ronda los 100.000.
El Instituto de Transición Justa, encargado de velar por el buen uso del dinero público, revisa ahora la dudosa legalidad de la reapertura de minas que amparó un Gobierno asturiano que nunca quiso reconocer el final del carbón. Cumpliendo con su obligación, el ITJ les podría terminar exigiendo la devolución de las ayudas públicas si quieren seguir con su actividad minera. Es lo que marca la ley.
El efecto boomerang del fraude de Fernández, Roqueñí y Díaz pueden terminar siendo cierres y despidos, pero ahora sin la red que amortiguó los golpes en 2018. Sencillamente, el Estado ya no tiene los fondos millonarios que posibilitaron el cierre gradual y no traumático del carbón en la década pasada. La misma derecha que puso fin al carbón con Rajoy, estará ahora encantada de sumarse a una movilización minera anti-Barbón. Una bomba de efecto retardado acaba de estallar en la política asturiana.
