El Gobierno asturiano prevé tener aprobado antes de que finalice el semestre el decreto que dará cobertura jurídica a nuevas batidas para cazar lobos, una especie sobre la que en breve ofrecerá los datos de 2025, que reflejan “un incremento importante” del número de manadas y que, de no tomarse medidas, haría “insostenibles” determinadas actividades ganaderas.
Así lo ha anunciado el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos, en una rueda de prensa para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que estimó parcialmente una demanda contra el programa anual de control del lobo 2025-2026 en Asturias, cuya ejecución ya se había frenado para cumplir una resolución previa del Tribunal Supremo, cuando ya se habían abatido 31 de los 51 ejemplares previstos.
Marcos ha señalado que el fallo del TSJA no tiene “ninguna trascendencia” ni consecuencias para la administración autonómica dado que estaba previsto desde que se conoció la sentencia del Supremo, que anulaba un artículo del Plan del Lobo y autorizaba su caza solo cuando fuese la única solución para evitar daños al ganado y bajo “rigurosas condiciones”.
“El futuro decreto, cuyo texto saldrá a información pública la semana que viene, incorporará en su nueva redacción los criterios fijados por el Supremo.2
El futuro decreto, cuyo texto saldrá a información pública la semana que viene, incorporará en su nueva redacción los criterios fijados por el Supremo sobre cómo deben realizarse los controles poblacionales y quiénes deben ejecutarlos para dar soporte jurídico al plan de gestión de la especie.
Una vez se conozcan los datos de 2025, que serán remitidos al comité consultivo del lobo, y con el nuevo decreto ya aprobado, el Principado elaborará un nuevo programa de control para 2026-2027.
El consejero ha recordado además que la demanda de Ecologistas en Acción y del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico solicitaba también la declaración de inconstitucionalidad de los programas de gestión de la especie y cuestionaba la competencia de las comunidades autónomas para realizar controles poblacionales, cuestiones que fueron desestimadas por el TSJA.
Marcos ha incidido en que el debate sobre el lobo, excluido en 2025 del Listado de Especies Protegidas, está “muy polarizado socialmente” y ha defendido que el Gobierno asturiano actúa “con rigor” para compatibilizar la supervivencia de la especie con la actividad ganadera.
“Estamos haciendo lo correcto, responsable y necesario”, ha subrayado.
