Casi 20 meses después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, la mayoría de comunidades, en bloque todas las gobernadas por el PP, mantiene su rechazo a aplicar la declaración de zonas tensionadas, mientras Catalunya, pionera en su aplicación, anuncia ya un régimen sancionador para quienes la incumplan.
Según la Ley de Vivienda, “las zonas tensionadas son aquellas áreas que sufren un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado”. Para que un área sea declarada zona tensionada deben darse una situación en la que el coste de la vivienda en el presupuesto de las familias, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de la renta media de los hogares, y/o en las que el precio de la vivienda se haya encarecido al menos tres puntos porcentuales por encima del porcentaje de crecimiento acumulado del IPC autonómico.
Una vez declarada zona tensionada, el gobierno autonómico puede poner en marcha medidas para topar los precios de los alquileres. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado esta semana que en 2025 su Govern aprobará un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa y enviar “un mensaje claro a quienes quieran especular: la ley está para cumplirse y las viviendas son para vivir”.
Mientras en Catalunya son ya 271 los municipios, donde reside el 90 % de la población, los acogidos a la zona de mercado tenso de la vivienda, solo en tres de las restantes 16 comunidades está el proceso en marcha y será efectivo el próximo año.
País Vasco, Navarra y Asturies
En Euskadi, el Gobierno Vasco, donde la Consejería de Vivienda está en manos del Partido Socialista, quiere acelerar la declaración de zonas tensionadas en los 43 municipios que cumplen los requisitos -en los que reside el 68 % de la población, entre ellos las tres capitales-, de los que por el momento solo la localidad guipuzcoana de Errenteria, gobernada por ha recibido ese reconocimiento.
En Navarra el Gobierno de coalición de PSN-PSOE, Geroa Bai y Contigo Navarra (Podemos, IU y Batzarre), que lleva la responsabilidad de Vivienda, se encuentra en proceso de declaración de zonas tensionadas y durante 2025 se modificará la ley para incluir el régimen sancionador para quien no cumpla los límites de alquiler en esas zonas.
El Gobierno asturiano, conformado por PSOE e IU-Convocatoria, también ha expresado su “respaldo inequívoco” a la Ley de Vivienda. El Ejecutivo no ha declarado por el momento zonas tensionadas, aunque está previsto que a lo largo de 2025 se haga con dos barrios de Xixón, Cimavilla y La Arena. Desde la coordinadora Asturies pa Vivir se reclamaba hace dos semanas en una movilización que las zonas tensionadas se extiendan a más ciudades, barrios y pueblos. Según el Laboratorio de Análisis Económico Regional de la Universidad de Oviedo/Uviéu 13 de los 78 concejos asturianos podrían ser declarados zonas tensionadas.
El otro gobierno autonómico socialista, el castellanomanchego de Emiliano García-Page, no ha declarado ni piensa declarar zonas tensionadas, y se mantiene en una posición con respecto a la Ley, similar a las autonomías del PP.
