“No estamos en régimen comunista”. Esas fueran las palabras en noviembre de 2018 de la por entonces ministra de trabajo, Magdalena Valerio, ante las peticiones por parte de los sindicatos y de Unidas Podemos, para que el Gobierno, haciendo uso de los poderes que le otorga la Constitución, interviniera en ALCOA para salvarla de un posible cierre. Valerio ya no está al frente de esa cartera, y hoy el Ministerio de Trabajo está ocupado por otra mujer, Yolanda Díaz, uno de los nombres que cotiza al alza en la política española. Díaz por cierto es comunista, gallega (Alú Ibérica tiene dos plantas en Galicia) y fue imputada (y más tarde desimputada) por participar en una protesta de los trabajadores de ALCOA que acabó con disturbios.
La globalización no está de moda
Mientras Nissan decide dejar España, Francia anuncia planes para potenciar la relocalización de su industria automovilística en suelo francés. “La crisis sanitaria ha detenido de forma brutal la industria del automóvil francesa. Es parte de nuestra economía, son miles de empleos. Nuestro apoyo se incrementará masivamente” ha escrito el presidente de la República francesa, dando a entender que Francia apoyará antes el mantenimiento del empleo en las fábricas francesas de automoción, que en las factorías de las empresas galas ubicadas en España u otros países. Francia conserva carteras de acciones en algunas de las principales empresas del país, entre ellas Renault, Citroën y Peugeot. La relocalización industrial y el posible escenario de desglobalización que afronta la economía mundial pillan a España con el pie cambiado: una economía muy dependiente del turismo y un tejido industrial pobre tras décadas de cierres y ventas de empresas a multinacionales extranjeras, tal y como se explicaba recientemente en un artículo de El Salto.
Lo que a finales de 2018 era un debate aún muy marginal, que ni siquiera los grandes sindicatos tenían seguro que fuera conveniente abrir, hoy se ha convertido ya en una discusión ineludible. El anuncio de los ejecutivos de Nissan de cerrar su planta de Barcelona, coincide con despidos en la antigua ALCOA, hoy Alú Ibérica, y cuya venta, del fondo suizo Parter Ibérica al Grupo Riesgo, no convence a nadie, y está bajo sospecha. La operación, rodeada de misterio, y realizada en pleno estado de alarma, no ha gustado ni a los trabajadores y sus sindicatos, ni al Gobierno autonómico ni a la oposición, ni a la propia ALCOA, que ha denunciado el incumplimiento por parte de Parter Ibérica de los acuerdos de la venta. Por parte de PODEMOS Asturies se viene reclamando insistentemente desde hace meses que el Estado intervenga en la antigua ALCOA y otras empresas estratégicas para la economía asturiana. forma de evitar cierres y deslocalizaciones. “Alu Ibérica no admite ya más parches” ha declarado hoy Lorena Gil, portavoz de Podemos Asturies, para quién la historia de la reconversión industrial asturiana “debería habernos dejado claro que subvencionar a las multinacionales y ofrecerles ventajas fiscales que jamás se le ofrecerían a la pequeña empresa o a los autónomos no sirve para que se queden en el territorio, sino para hacer más larga la agonía previa a la deslocalización”.
El comité de empresa de Alú Ibérica considera que los trabajadores han sido estafados, y exige al completo la intervención del Estado. Trabajadores asturianos y gallegos están unidos en torno a esta reivindicación. Los 534 despidos anunciados en la planta de San Cibrao (Lugo) pueden ser a todas luces el prólogo al cierre total de la antigua ALCOA, anteriormente la empresa pública de aluminio INESPAL, privatizada en 1998 por debajo de su valor, según un informe del Tribunal de Cuentas de 2005. Ángela Vallina, portavoz de IU, socia parlamentaria del PSOE asturiano, también respalda las exigencias de los trabajadores del aluminio y defiende el mantenimiento de la participación pública en un sector estratégico para la economía regional. El Principado por ahora mide sus palabras, si bien en unas declaraciones a la SER este fin de semana Adrián Barbón se abría a la posibilidad de intervenir la empresa, aunque afirmando a renglón seguido que “el Gobierno autonómico no tiene capacidad para llevarla a cabo”, sino que “debe ser una cuestión que se contemple desde el Ejecutivo central”.
Millones de euros en ayudas públicas a fondo perdido
El carácter privado de empresas como ALCOA o Nissan nunca ha sido un impedimento para recibir ayudas públicas. ALCOA recibió 1.000 millones de euros en ayudas del Estado entre 2008 y 2018 para rebajar su tarifa eléctrica. Nissan 179 millones, también en 10 años, según informa su comité de empresa. Una parte del Gobierno, con la vicepresidenta económica Nadia Calviño a la cabeza, apuesta por seguir dando ayudas para frenar las delocalizaciones y los cierres, el vicepresidente Pablo Iglesias sin embargo se ha manifestado partidario de abrir el debate sobre la entrada del Estado en los consejos de administración. “Todos tenemos absolutamente claro que hay que reconstruir la industria del conjunto del Estado. No podemos tener la debilidad industrial que tenemos que ha puesto de manifiesto esta pandemia” ha afirmado hoy Iglesias, que ha recordado que fue el PP el que nacionalizó Bankia en 2012 durante la crisis financiera. Desde Podemos Asturies se plantea acabar con la política de ayudas y subvenciones a fondo perdido a la gran industria asturiana, y que estas sean a cambio de paquetes de acciones que permitan al Estado sentarse en el consejo de administración. España, con 16 empresas públicas o semipúblicas, es el país de la UE con menos participación directa del Estado en la economía.
