Los problemas siguen creciendo para los ex dirigentes de UGT Asturias. La antigua cúpula del sindicato socialista se sentará pronto en el banquillo acusada del desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación entre 2010 y 2014. La fiscalía pide 10 años de cárcel para el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, y una multa de 244.028 euros para el sindicato, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años. A este juicio pendiente de fecha, se suma la denuncia ahora presentada por Andecha Astur ante la Oficina Europea contra el fraude (OLAF) junto al eurodiputado de EH-Bildu, Pernando Barrena. Ambos partidos se presentaron en coalición con ERC, el BNG y otras formaciones soberanistas de izquierdas en la lista electoral Ahora Repúblicas, que cuenta con cuatro escaños en el Parlamento Europeo.
Los hechos puestos en conocimiento de la OLAF se recogen en los resultados de la Comisión de Investigación abierta por la Junta General de Asturies en 2017, cuyo dictamen no fue convertido en documento oficial por el voto a la contra de PSOE, PP, IU y Ciudadanos. En el dictamen de la Comisión se recogía explícitamente la existencia de “indicios claros de un posible desvío de fondos destinados a la formación para el empleo” , acusando a la UGT de tener en Asturies un entramado de empresas pantalla y fundaciones que le han permitido elevar la facturación y evitar controles, provocando un gran quebranto a las arcas públicas.
Este informe denuncia la existencia de prácticas fraudulentas y desvío sistemático de fondos, apropiándose ilegalmente de las subvenciones europeas recibidas para formación para el empleo. La UCO de la Guardia Civil ha estimado el fraude en 1’35 millones de euros entre los años 2010 y 2014. Por su parte la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) notificó al juzgado que la UGT se apropió de más de 1’4 los millones de euros y anunció que la cifra final de el fraude puede ser aún mucho mayor.
Ahora, tras la admisión de la denuncia presentada por Andecha Astur ante la OLAF, se entra en una fase en la que esta oficina europea contra el fraude tiene que valorar el inicio de un proceso de investigación de los hechos denunciados, y valorar, como pide Andecha Astur, la suspensión cautelar de cualquier subvención a UGT.
