Pablo Hasel y la izquierdita cobarde

Si todo sale mal, Pablo Hasel ingresará en prisión este domingo para cumplir al menos 9 meses de cárcel por los delitos de injurias a la corona y a las fuerzas de seguridad, y por enaltecimiento del terrorismo.

Al igual que en la reciente condena a Elisa Mandillo por ofensa a los sentimientos religiosos, podemos torturarnos pensando en lo fachas que son muchos jueces, la cantidad de ultras que hay en las Fuerzas de Seguridad y en el Ejército, y el vergonzoso papel que en estos casos juega la Fiscalía. Podemos envenenarnos recordando que van a meter a un rapero en la trena, mientras la ultraderecha folclórica de Vox lanza impunemente mensajes de odio contra inmigrantes y menores no acompañados, macarras fascistas agreden a personas de iquierdas en Madrid, Valencia o Barcelona, o Jiménez Losantos se lamenta de no llevar una pistola cuando se cruza con cargos de Podemos.

Pero también podemos ir a la madre del cordero de todo este asunto y pensar que el responsable último de este atropello será el Gobierno que lo permite, y por consiguiente, los partidos políticos que lo forman: PSOE y Unidas Podemos.

Del PSOE poco hay que decir. Los autodenominados socialistas no han abierto la boca ni el Twitter, pese a ser el principal partido del Gobierno y por tanto el principal responsable del encarcelamiento del cantante. De todas formas era de esperar. Desde que ostentan el poder no han mostrado el más mínimo interés ni en reformar el código penal ni en derogar la llamada Ley Mordaza. Evidentemente para el PSOE, la represión y el ataque a las libertades, siempre contra gentes de izquierdas, no es un problema ni una prioridad.

Pero, ¿lo es para Unidas Podemos?

En un ejercicio de funambulismo político, Pablo Iglesias, y su formación, Unidas Podemos, han intentando ponerse de lado cuando han visto venir la tormenta. El vicepresidente ha publicado un tímido tuit en el que dice que “en democracia nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión”, y que “hay otras formas de proteger el derecho al honor y la integridad”.

Por su parte, la portavoz de Podemos, la diputada Isa Serra, ha culpado de la situación de Hasel a la Ley Mordaza, y ha considerado que en España este tipo de condenas no deberían existir.

Tanto Iglesias como Serra han falseado el debate. Serra directamente ha mentido. A Pablo Hasel no lo meten en la cárcel por aplicación de la Ley Mordaza, sino por el Código Penal. Concretamente, por los artículos 578 (enaltecimiento del terrorismo), 504 (injurias a las fuerzas de seguridad) y 491 (injurias a la Corona). Unos artículos cuya supresión defiende Amnistía Internacional. Sí, Amnistía Internacional, la misma ONG con la que se abanderan el PP y el PSOE, y sus medios de comunicación satélites, cuando se trata de atacar al Gobierno de Venezuela.

Tanto Pablo Iglesias como Isa Serra han falseado el debate

Y a Pablo Iglesias cabe preguntarle qué honor y qué integridad hay que defender de “otras formas”. ¿El honor y la integridad de las Fuerzas de Seguridad, por decir que Joseba Arregi murió torturado por la Policía Nacional en 1981? No es solo que lo diga Hasel en uno de los tuis por los que ha sido condenado, es que lo dice la propia Wikipedia en el primer párrafo de la entrada sobre Joseba Arregi: “murió a raíz de las torturas infligidas en la Dirección General de Seguridad en Madrid por la Policía Nacional en febrero de 1981″.

O quizá hay que buscar “otras formas” de defender el honor y la integridad del campechano fugado a Qatar, “Juan Carlos el Bobón, el heredero de Franco, que mató a su hermano, que acudía con la pija de su amante a cazar elefantes, que saquea al pueblo español, y que en juergas y putas nuestra pasta está tirando”, como canta Hasel en la canción por la que también ha sido condenado. No es solo que lo diga Hasel. Es que lo dice media España (y la otra media lo sabe aunque no lo diga).

Pues no. No parece que para Unidas Podemos la lucha contra la represión y los ataques a la libertad de expresión sean una prioridad. Si lo fuese, habría planteado demandas relacionadas con estos problemas en las negociaciones con los socialistas, o bien habría exigido el cumplimiento inmediato de las mismas, como la supresión de la Ley Mordaza, incluida en el Acuerdo de Gobierno.

Es posible que para la formación morada las prioridades sean el salario social, el acceso a la vivienda o la pobreza energética, entre otros asuntos. Sin embargo, los acontecimientos judiciales vividos en los últimos siete años, y de los que el de Pablo Hasel es solo el último episodio, demuestran que en España se está viviendo una escalada represiva preocupante que Unidas Podemos debería comenzar a tomarse en serio a la hora de gestionar su acuerdo de Gobierno.

RECRUDECIMIENTO REPRESIVO DESDE 2014

Y lo más paradójico de todo es que esta escalada represiva está en marcha precisamente porque existe Podemos. Lo explicaba Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión y de Información (PDLI) en el programa de radio Carne Cruda. En 2015, un año después de que Iglesias, Errejón y compañía diesen la sorpresa en las elecciones europeas y el miedo comenzase a cambiar de bando, como canta el grupo Habeas Corpus, se endureció el delito de enaltecimiento del terrorismo en la reforma del Código Penal. No es casualidad que desde entonces hayamos vivido un esperpéntico festival de condenas e imputaciones contra cantantes como César Strawberri, humoristas como Facu Díaz o tuiteras como Cassandra. Al mismo se suma el circo montado por el chiringuito de los Abogados Cristianos y sus coleguitas magistrados contra Willy Toledo, Elisa Mandillo, la Cofradía del Coño Insumiso, y tantas otras personas que han sufrido las aplicación del delito de blasfemia (artículo 525 del Código Penal) .

No obstante, todos estos casos se saldaron con multas, inhabilitaciones o declaraciones ante el juez. Pero desde 2016 también está abierta la veda para castigos más severos. Ese año se produjo un punto de inflexión en la caza de brujas: dos montajes policiales, judiciales, políticos y mediáticos dirigidos directamente contra Gobiernos de Podemos: el de Altsasu, para perjudicar al Gobierno navarro de Uxue Barkos, apoyado por Podemos, y el de los titiriteros, inventado para crearle un problema al Ayuntamiento de Madrid, gestionado por Manuel Carmena.

Dos atropellos que debían haber supuesto un escándalo judicial y mediático, y que por el contrario se llevaron a cabo en la más absoluta impunidad. En el caso navarro, tres jóvenes acabaron cumpliendo seis años de cárcel por una lesión en un tobillo de un Guardia Civil. En el caso de Madrid, Eloy Moreno, el fascista togado que encarceló a los titiriteros, y que resultó ser un expolicía franquista reconvertido en juez, siguió ejerciendo su oficio, lejos de ser suspendido y procesado por prevaricación.

Y ¿cuál fue entonces la reacción de Podemos? En el mejor de los casos, patalear y criticar públicamente con la boca pequeña. En el peor… Tania Sánchez aplaudiendo las detenciones de Altsasu, Carolina Bescansa haciendo lo mismo con las de los titiriteros, y Manuel Carmena denunciándolos, en lugar de defenderlos, cuando ya pasaban su primera noche en una celda de Soto del Real, en un ejercicio de cobardía y miseria política sin precedentes. No sea que Inda, Marhuenda y Susana Griso digan que somos de la ETA y perdamos votos.

No hubo una respuesta organizada. No se movilizó a la gente. No se plantó batalla. Podemos prefirió atecharse y esperar a que pasara el chaparrón antes que dar la cara. Y entonces la caverna ultra sacó su conclusión: aquí tenemos barra libre. Podemos hacer lo que nos salga de nuestros huevos toreros, que nadie nos va a pasar factura. Llamarlos a declarar, imputarlos, criminalizarlos, multarlos, inhabilitarlos o hasta meterlos en la cárcel. Y así ha terminado Valtonyc exiliado en Bélgica y Pablo Hasel a punto de entrar en prisión. Y todo indica que no será el último, mientras no se tomen medidas al respecto.

El caso del rapero leridano es un escándalo de dimensiones estratosféricas. Lo dice Amnistía Internacional, y lo dice Joaquín Urías, exmagistrado del Tribunal Constitucional, que defiende que hay que reformar la judicatura de este país para que estas cosas no ocurran. Pero sobre todo es una vergüenza para un Gobierno que se dice progresista y defensor de los valores democráticos. No lo olvidemos cuando acudamos a las concentraciones y manifestaciones en solidaridad con el cantante catalán (en Asturies, este sábado, 6 de febrero, a las 19.00 horas en el Náutico de Xixón).