Incluso en esta época en la que parece que el mercado reina en casi todos los aspectos de las relaciones humanas, hay parcelas donde este ocupa un lugar minoritario. Una de esas parcelas es la sanidad. En España, con sus más y sus menos, la atención sanitaria está prácticamente desmercantilizada, esto es: la solvencia de una persona para adquirir a precio de mercado los servicios asociados al cuidado de la salud, no es un factor limitante.
Una de las razones de que esto sea así es la eficiencia económica, nuestro sistema público sanitario es en varios órdenes de magnitud más eficiente que los sistemas privatizados de otros países de nuestro entorno geopolítico. Es decir, obtenemos una mayor salud individual y colectiva por euro invertido que con los sistemas privatizados. Incluso tras años de asedio de la derecha económica.
La idea de la socialización de servicios encaja como anillo al dedo en aquellos servicios considerados básicos para la existencia humana, como es la salud, la educación, el acceso a la energía, el agua, la limpieza, los cuidados a la tercera edad y a la infancia, y otros. Cabe entonces preguntarse ¿Por qué no incluir la vivienda en este grupo de actividades donde el sentido común nos indica que es más eficiente la socialización que el mercado?
En la actualidad hay un debate social importante sobre la cuestión de la vivienda, la carestía de la misma, tanto en lo que respecta a hipotecas como a alquileres, es el motivo de esto. Lo cierto es que para una amplísima capa de la población, el gasto solo por poder tener un techo digno supera con creces aquel 30% del salario mensual que hace años considerabamos razonable. A nadie se le escapa el enorme potencial de movilización social y, en consecuencia, de poder político que obtendría un movimiento social que atendiese a esta demanda, ofreciese vivienda asequible de alquiler a amplias capas sociales (no solo para los sectores más marginados de la sociedad) y pusiese en marcha una hoja de ruta creíble para la socialización de gran parte de la vivienda en nuestro país que ahora se encuentra en manos de grandes y medianos propietarios privados.
Las formulas posibles son varias y en diversos grados de intensidad, desde la creación de fondos de inversión públicos que adquieran viviendas progresivamente en el mercado, para ponerlas en alquiler social asequible, hasta la expropiación directa de los grandes parques inmobiliarios privados. A fin de cuentas, lo que sea posible o no hacer depende de la correlación de fuerzas, y esta es cambiante, y se puede construir desde la acción política y militante.
Hay otro aspecto no menor que está asociado a las políticas de socialización de la vivienda. La propiedad inmobiliaria es la base de operaciones y la fuente de riqueza y de poder política de una capa importante de las clases capitalistas en nuestro país, las más vinculadas al PP y a la derechona sociológica. Esto es un rasgo de la estratificación de clase de España que tiene que ver con la configuración histórica del capitalismo en nuestro país durante los largos y turbulentos siglos XIX y XX y que hunde sus raíces, según algunos historiadores, en los pactos de la burguesía liberal con la aristocracia terrateniente. La socialización de la viviendo, implicaría deteriorar la base del poder social de las clases más conservadoras y reaccionarias de España, algo que nuestro país necesita como el comer.
Todo son ventajas si la izquierda apunta alto y tira largo.
