“¿La sociedad se verá resarcida si Riopedre muere en la cárcel?”

El caso del exconsejero, encarcelado con 81 años y una grave patología cardiaca, ilustra la falta de “inquietud institucional” hacia los más de 500 mayores que cumplen condena en las prisiones españolas

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Bernardo Álvarez
Bernardo Álvarez
Graduado en psicología y ahora periodista entre Asturias y Madrid. Ha publicado artículos en ABC, Atlántica XXII, FronteraD y El Ciervo.

En octubre de 2019, con los 80 años ya cumplidos, José Luis Iglesias Riopedre ingresó en la prisión de Villabona condenado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Iglesias Riopedre, consejero de Educación y Ciencia del Principado entre 2003 y 2010 bajo la presidencia de Areces, es uno de los cinco encarcelados por el caso Marea, la mayor trama de corrupción destapada en Asturias. En apenas un año y medio ha solicitado hasta cuatro veces su excarcelación alegando motivos de salud y apelando a “razones humanitarias”. Todas fueron denegadas.

“Cuando entró ya tenía una patología cardiaca grave, e intentamos que el tribunal suspendiera la pena”, cuenta Anabel Prieto Torices, abogada de Riopedre, “y ahora está francamente mal. Pienso que quieren hacer una labor ejemplarizante con él”. El exconsejero, que dimitió de su cargo precisamente por motivos de salud, ha sufrido “siete u ocho ingresos en el HUCA” desde que entró en la cárcel. Su defensa sostiene que “tanto una ley orgánica como el reglamento penitenciario contemplan que toda persona mayor de 70 años, bien por la edad o bien por su enfermedad, pueda estar en su casa en vez de en la cárcel. Él no cumple una condición, sino que tiene las dos”.

“Quieren hacer una labor ejemplarizante con Riopedre”

La letrada explica que en tres ocasiones le concedieron a Riopedre el tercer grado “en Madrid, pero cuando llega aquí tenía que ser aprobado por el juzgado de vigilancia, donde hay un fiscal y un juez de vigilancia. Pues es el fiscal quien recurre porque dice que puede estar en prisión estando enfermo”. Bajo su punto de vista, “es vergonzoso que no se esté atendiendo a lo que de verdad se tiene que atender, que es a la enfermedad grave e incurable que tiene. Se están sacando unas conclusiones ajenas a lo que está pasando de verdad, y se está dando preferencia a lo que es un caso mediático”.

“El tiempo que le quede”

Prieto Torices asegura que Riopedre está “bien tratado” en Villabona, donde está interno en el módulo de enfermería y tiene al subdirector médico de prisión “muy pendiente de él”. Pese a todo, la abogada insiste en que “es muy triste, y no se puede tener a una persona así. Las razones humanitarias son para que, el tiempo que le quede, lo pueda vivir dignamente”. La abogada recuerda que “el fundamento de la pena, según la Constitución, es la reinserción y la resocialización. Pero, ¿cómo se puede reinsertar a una persona mayor? Va en contra del objetivo de la pena, y se limita a la retención de la persona”.

José Luis Iglesias Riopedre a su llegada al juzgado FOTO: Iván G. Fernández

Del mismo modo lo ve la abogada y criminóloga bilbaína Nerea García Ormaza, que conoce bien la situación de los mayores encarcelados: “Este señor tendrá bastantes detractores, pero hay que abstraerse de eso y tener una visión más humanista. ¿Qué resarcimiento hay a la sociedad?, ¿la sociedad se vería resarcida si este señor fallece en la cárcel?”. E incide en la misma idea que la abogada de Riopedre:

“La finalidad que prevé la Constitución de reeducación no se cumple con casi nadie, y menos aún con gente de estas edades. Son gente difícilmente moldeable, con una estructura de pensamiento muy rígida y unas creencias muy instauradas. La prisión lo único que hace es incrementar su deterioro en todos los niveles. Hay estudios que dicen que incluso acorta diez años la esperanza de vida”.

Presos que no dan que hablar

Según los últimos datos al respecto de Instituciones Penitenciarias, publicados en 2019, en España había entonces 525 presos mayores de 70 años. Las estadísticas oficiales ya no detallan este dato, y se limitan a indicar el número de reclusos “de más de 60 años”. García Ormaza lamenta que “la palabra que mejor describe a este colectivo es invisibilidad. No está previsto, no hay módulos especiales para ellos, no hay legislación y no hay ninguna inquietud institucional al respecto”. El motivo es fácil de comprender: “Son generalmente presos muy adaptativos, muy tranquilos, no demandan grandes cosas, no generan conflictos. No dan que hablar”.

En la legislación, dice García Ormaza, “no hay nada, más allá de que se contempla la posibilidad de otorgar la condicional a mayores de 70 años. Salvo esa especificación en leyes generales, no existen leyes específicas”. Prieto Torices explica que las prisiones están obligadas a “ponerles en celdas asequibles a su estado de salud, no se les puede poner la contención mecánica y deben llevar a rajatabla su régimen de alimentación”. Y ni siquiera eso de cumple del todo, pues la abogada bilbaína recuerda que también en la cárcel hay barreras arquitectónicas: “Las camas son literas, y en más del 30% de las celdas las sillas no tienen respaldo”.

Si, como cree García Ormaza, “la calidad de una sociedad se mide por cómo son sus cárceles y cómo trata a sus mayores”…le corresponde al lector sacar sus conclusiones.

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