Un autónomo de 32 años, vecino del ovetense barrio de La Argañosa, será desahuciado este miércoles por carecer de recursos para pagar su alquiler. Pese a no tener alternativa habitacional y a haberse visto obligado a cesar su actividad económica como consecuencia de la pandemia, el juez ha rechazado en dos ocasiones suspender la ejecución con base en la prohibición de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica aprobada por el gobierno.
El joven no ha tenido respuesta de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a su solicitud de ayuda al alquiler presentada hace meses
Asimismo, denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo, el Juzgado no ha tenido en cuenta el informe de los servicios sociales, el cual acredita que la situación del demandado es de “especial vulnerabilidad”. Pilar Lobo, activista de la organización, asegura que les “sorprende que haya un informe de vulnerabilidad y que el juez no se acoja a la moratoria, por lo menos hasta el 9 de mayo que termina el estado de alarma”.
El joven, demandante de empleo y sin ingreso alguno, aún no ha recibido la prestación por cese de actividad, ni ha tenido respuesta de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a su solicitud de ayuda extraordinaria al alquiler presentada hace meses. “La convocatoria se abrió en mayo”, explica Lobo, “pero ha habido múltiples problemas de gestión y está todo en el aire. Muchos a los que se la concedieron aún no cobraron”.
Para la PAH, estos hechos demuestran que las promesas de “no dejar a nadie atrás” no son más que “indignante palabrería hueca”. Aseguran desde la organización que “los juzgados siguen poniendo en la calle a las personas más vulnerables, mientras que miles de viviendas propiedad de los bancos y de los fondos de inversión permanecen vacías”.
