Camara Fantamadi tenía 27 años, había nacido en Malí y estaba empleado como jornalero en Italia, sin contrato. Volvía en bicicleta a casa de su hermano tras una jornada de trabajo bajo un sol de casi 40 grados por un salario de seis euros por hora. El corazón le reventó en algún punto de la ruta de retorno, lo encontró un automovilista en la carretera entre Brindisi y Tutorano. Camara dejó apoyada su bici en una tapia antes de desplomarse. Su hermano, además de llorar su pérdida, pide ayuda porque le exigen 4.000 euros para poder repatriar el cadáver de Camara y enterrarlo en tierra africana.
Todo esto sucedió en Italia en los últimos tres días, pero no es una historia italiana. Es una historia europea y es una historia africana y es una historia española. En El Ejido y en otros muchos destinos de esta península hay empresarios agrarios que tratan a las personas inmigrantes como si fueran escoria, como esa mano de obra mecánica adaptada para recolectar melocotones, fresas o uvas sin más derecho que la percepción de un jornal de mierda: un jornal de mierda es cobrar seis euros por hora por trabajar bajo un sol de cuarenta grados, y en muchos casos sin contrato.
Hablamos de frutas, y no hay que pedirle peras al olmo: esos empresarios explotadores nunca dejarán de serlo. Pero como consumidoras y consumidores deberíamos empezar a exigir, a gobiernos y a productores, claridad absoluta sobre el origen de los productos agrarios y sobre las condiciones en los que fueron cultivados y recolectados. Así podríamos decidir que no compramos y que boicoteamos esa pieza de fruta en la que quizás se dejó el último suspiro una obrera o un obrero del campo como Camara Fantamari.
